Motivaciones “políticas” detrás de la prohibición de las corridas de toros: Herrerías

Arsenal

Francisco Garfias

Rafael Herrerías fue empresario taurino durante 25 años. No sólo fue mandamás en la Plaza México. Llevó la fiesta brava a muchas plazas al interior del país. Le preguntamos su opinión sobre la prohibición de las corridas de toros “violentas” que propone Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX.

El otrora empresario dice que Brugada necesita asesorarse. Asegura que no es posible cambiar la fiesta brava de un día para otro. “Querer poner un tiempo de 10 minutos en la lidia es imposible. No puedes tener un cronómetro y decir hasta aquí”, señala.

Y de devolver los toros lidiados a la ganadería ni hablar.

Sostuvo también que el Partido Verde, que propuso en el Congreso de la CDMX suspender las corridas, quiere sacar “raja política” de esa prohibición.

“Se me hace absurdo hacer una ley que prohíba las corridas de toros sin tener elementos suficientes. Se necesita negociar con las partes que integran este espectáculo. Ganaderos, toreros, subalternos, empresa y público en general. Escucharlos es muy importante”, subraya.

Ya encarrerado, afirma que no está de acuerdo con espectáculos de golpes entre mujeres y entre hombres. “Hay sangre y lo permiten”, subraya.

“Tampoco estoy de acuerdo en que haya animales enjaulados en los zoológicos. No están en la selva, no están en el campo. Creo que la señora jefa de Gobierno de la Ciudad de México debe asesorarse”, considera.

Conforme avanza la charla, multiplica sus argumentos. Saca el tema de los rastros. Dice que nadie se quiere comer vivo a un animal. Hay que matarlo. “Al final van a las carnicerías”, ilustra.

Añade: “Es política. No es parte de un sentimiento. Yo me acuerdo cuando la Presidenta estaba de candidata, no estaba ni a favor ni en contra. El que no esté en contra es una gran ventaja. Creo que la parte taurina no está siendo bien negociada”, puntualiza.

* Ya no es sólo la guerra comercial de Donald Trump. Ahora en Washington se vuelve a hablar de una posible intervención militar en México para combatir a los cárteles de la droga.

Ronald Johnson, próximo embajador de Estados Unidos en México, lo dijo así en la audiencia de ratificación, celebrada en el Senado de aquel país: “Sé que el presidente Trump toma muy en serio su responsabilidad de proteger las vidas de ciudadanos estadunidenses y si se presenta un caso donde sus vidas están en riesgo, creo que todas las cartas están sobre la mesa”.

Aunque luego matizó: “Cualquier decisión de tomar acción contra un cártel en México, nuestro primer deseo sería que se haga en colaboración con nuestros socios mexicanos”, declaró en su ceremonia de ratificación en el nuevo cargo designado por Trump.

El currículum vitae del embajador que nos manda el magnate republicano lo pinta de cuerpo entero: fue miembro del Servicio Secreto y de la CIA. Ha dirigido misiones clave en América Latina, destacándose por su enfoque en el combate al crimen organizado y el narcotráfico. También fue embajador en El Salvador con el presidente Nayib Bukele.

Nada que ver con Ken Salazar.

* Incertidumbre, desconcierto y grillas marcan los últimos días del Inai. Los trabajadores del instituto están preocupados, irritados y desconcertados.

No tienen claro si serán transferidos a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, que asumirá las funciones de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, o sí los van a liquidar.

Ya avisaron que tienen planeado impedir, el próximo martes, la sesión del pleno, posiblemente la última. Amenazan con bloquear Insurgentes y hasta cerrar Periférico si no les definen su situación (Milenio, 13/3/25).

Adrián Alcalá, comisionado presidente del Inai, ha sido blanco de ataques en redes sociales o utilizando el correo institucional. Una cuenta anónima lo acusa de negar una indemnización digna a los trabajadores.

Alcalá se vio obligado a responder con un mensaje a la comunidad del Inai: “Desde el mes de diciembre, mi equipo y yo, así como diferentes áreas del instituto, comenzamos a buscar una alternativa apegada a derecho para salvaguardar sus derechos laborales.

“Sin embargo, como todos saben, ese acuerdo no prosperó por falta de consenso en el pleno. Desafortunadamente, y más allá de esa falta de consenso, se intentó, y continúa tergiversándose, la verdad.

“Reitero mi compromiso de hacer todo lo que esté en mis manos para cuidar a esta comunidad. Mi prioridad es que cualquier decisión que se tome sea justa, legal y que proteja el bienestar de quienes integran esta institución”, remató.