Seis marinos investigados por su presunta participación en una red de contrabando de combustible siguen en activo. Aunque la investigación continúa, no ha habido más detenciones
Ciudad de México, 06/03/26 (Más).- Seis elementos de la Secretaría de Marina presuntamente vinculados a una red de contrabando de combustible continúan en activo y percibiendo su salario, pese a que forman parte de la investigación por el llamado huachicol fiscal revelado tras las detenciones realizadas en septiembre de 2025.
De acuerdo con información publicada por El País, estos marinos permanecen dentro de la Armada sin ocupar cargos operativos, en una situación administrativa que los mantiene a disposición de distintos mandos navales mientras continúan las investigaciones sobre su posible participación en una red que introducía gasolina ilegal al país sin pagar impuestos.
El caso salió a la luz el 7 de septiembre de 2025, cuando el Gobierno federal anunció la captura de integrantes de una estructura de contrabando de combustible integrada por militares de alto rango, funcionarios de aduanas y empresarios. La operación fue presentada como uno de los mayores golpes contra la corrupción del actual sexenio, pero seis meses después no se han registrado nuevas detenciones.
Desde entonces, la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado en diversas ocasiones que la investigación sigue abierta. El 12 de septiembre de 2025 afirmó: “No han terminado las detenciones, todavía sigue la investigación en curso”. Y el 19 de febrero de 2026 sostuvo: “Está abierta toda una línea de investigación relacionada con el llamado huachicol fiscal y hay todavía detenciones pendientes”. Sin embargo, hasta ahora no se han reportado más arrestos.
La orden de aprehensión elaborada por la Fiscalía General de la República incluye a 24 militares en activo con referencias a su posible participación en la trama. Entre ellos se encuentran un vicealmirante, un contralmirante y cinco capitanes cuyas evidencias, según el expediente, son similares a las de los primeros detenidos.
Entre los nombres señalados destaca el vicealmirante Salvador Camargo Vivero, quien fue director general del puerto de Tampico entre abril de 2024 y enero de 2025, periodo en el que habrían ingresado cerca de 20 cargamentos ilegales de combustible. Actualmente se encuentra en licencia ordinaria y en proceso de retiro.
También aparece el contralmirante Marco Antonio Bandala López, identificado como presunto operador de la red en distintos puertos, además de capitanes vinculados con operaciones aduanales en Guaymas, Tampico y Ensenada. Las investigaciones incluyen testimonios, geolocalizaciones, intervenciones telefónicas, registros fiscales y análisis patrimoniales que apuntan a posibles incrementos de riqueza no justificados.
De acuerdo con El País, fuentes cercanas a la institución indicaron que los militares mencionados se encuentran a disposición en espera de órdenes en diferentes mandos navales, lo que implica que no ocupan puestos dentro de la estructura orgánica, aunque mantienen su sueldo correspondiente al grado que ostentan.
En respuesta a cuestionamientos sobre el caso, la Secretaría de Marina señaló que mantiene una política de cero tolerancia a la corrupción y que quienes continúan bajo investigación permanecen en esa condición bajo el principio de presunción de inocencia.
La investigación también ha generado cuestionamientos por la posible relación del caso con el exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán, quien encabezó la dependencia durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. No obstante, la presidenta Sheinbaum ha reiterado que no existe ninguna línea de investigación en su contra.
Documentos judiciales mencionan que los presuntos líderes de la red, los hermanos Roberto Manuel y Fernando Farías Laguna, habrían aprovechado sus vínculos dentro de la Marina para colocar a personal de confianza en posiciones clave dentro de las aduanas, lo que facilitaba el ingreso ilegal de combustible desde refinerías de Texas a puertos de Tamaulipas, principalmente Altamira y Tampico.
El caso se volvió aún más polémico tras la difusión de un audio de una reunión entre Ojeda Durán y el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, quien posteriormente fue asesinado en noviembre de 2024. En ese encuentro, el mando naval plantea dos opciones ante las denuncias internas: “O destapamos todo esto y me vale madre a mí quien caiga, porque yo no estoy metido en eso”, dice, “o tratamos de cerrarlo aquí nosotros con el cambio de toda esta bola de cabrones, mandarlos a otros lugares”.
Guerrero Alcántar elaboró posteriormente una carta en la que describía la presunta estructura de corrupción dentro de la institución. El documento llegó a manos de la fiscalía hasta julio de 2025, meses después de su asesinato, y se convirtió en una de las piezas centrales de la investigación que sigue en curso.
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