Saltillo, Coahuila, 06/03/26 (Más).- Johnny Emmanuel y Estela, un joven matrimonio radicado en Coahuila, colocaron su vida privada en el foco de atención de la opinión pública al protagonizar una disputa legal por la custodia de sus hijos.
El caso inició como muchas otros en los que la pareja se divorcia pero escaló a loas medios de comunicación luego de que la actuación de Estela fue considerada como violencia vicaria, una conducta que, según el movimiento feminista, se puede aplicar a los hombres, pero no a las mujeres.
La historia comenzó tras la ruptura de la pareja, cuando surgieron desacuerdos sobre la convivencia con los menores. Lo que inicialmente parecía un conflicto familiar más, terminó trasladándose a los tribunales y, con el paso de los meses, se transformó en un caso que comenzó a ser seguido por colectivos ciudadanos, juristas y autoridades judiciales.
Johnny Emmanuel sostiene que la separación derivó en una serie de conflictos que terminaron por limitar su contacto con los niños. Según su versión, la situación se agravó cuando Estela decidió trasladarse a Colima junto con los menores para continuar con su desarrollo profesional.
Para el padre, ese cambio de residencia fue interpretado como una decisión que afectaba directamente su derecho de convivencia con sus hijos.
Ante esa situación decidió acudir a la vía penal. Presentó una denuncia en la que acusó a su expareja de violencia familiar en diversas modalidades, incluida la violencia vicaria, argumentando que los menores estaban siendo utilizados como un medio para causarle daño emocional.
El caso avanzó en los tribunales de Coahuila y alcanzó un momento decisivo en enero de 2026, cuando se celebró una audiencia inicial que se prolongó durante más de seis horas.
Al término de esa jornada judicial, el juez de control Reynold Elguezabal Dávila tomó una decisión que sorprendió incluso a observadores del sistema legal: vinculó a proceso a Estela Guadalupe por el delito de violencia vicaria en sus modalidades física y psicológica.
La resolución fue considerada histórica. Era la primera vez en Coahuila que una mujer enfrentaba cargos por ese delito, una figura jurídica que en México ha sido concebida principalmente para proteger a mujeres víctimas de violencia ejercida a través de sus hijos.
Como parte de las medidas cautelares, inicialmente se estableció arraigo domiciliario, aunque posteriormente la medida fue modificada para permitir que Estela continuara el proceso en Colima, donde reside y trabaja, con la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad judicial.
Mientras el proceso avanzaba, el caso comenzó a generar un debate mucho más amplio. No solo se discutía la responsabilidad penal de una persona, sino también la manera en que debía interpretarse la figura de violencia vicaria dentro de la legislación de Coahuila.
La controversia llegó al Tribunal Superior de Justicia del estado, donde los magistrados analizaron la constitucionalidad de aplicar ese delito sin una distinción clara de género.
El análisis surgió a partir de una duda constitucional planteada por el propio juez que había vinculado a proceso a Estela, lo que llevó al Tribunal Constitucional local a estudiar el alcance de la norma.
Durante la discusión, el magistrado Luis Efrén Ríos explicó que el objetivo del procedimiento no era resolver el caso específico, sino fijar criterios de interpretación para situaciones similares.
“La finalidad de este procedimiento es no resolver el caso concreto, si no resolver la interpretación constitucional que se puede dar en un caso concreto. Este Tribunal resuelve en abstracto la interpretación; nosotros, Tribunal Constitucional, no resolvemos el asunto específico; eso le corresponde a la jurisdicción del juez”, señaló.
El punto central del debate era el texto del Código Penal de Coahuila, que reconoce la violencia vicaria como una forma de violencia familiar, pero no establece expresamente el género de la víctima.
Esa redacción permitió que el delito fuera aplicado en este caso contra una mujer, lo que detonó una discusión jurídica sobre si la norma debía interpretarse de manera neutral o con perspectiva de género.
Finalmente, el Tribunal determinó que la interpretación correcta debía ser diferenciada y enfocada en la protección de las mujeres.
“La interpretación que se propone es que no sea neutra, sino una interpretación diferenciada por género femenino para proteger los derechos de las mujeres”, sostuvo el magistrado Ríos.
Con esta resolución, el tribunal estableció que la violencia vicaria solo debe aplicarse cuando la víctima es una mujer.
Esto implica que el caso contra Estela deberá reclasificarse a otro delito dentro del marco de la violencia familiar u otras figuras penales.
Además, los magistrados decidieron dar vista al Congreso del Estado para que reforme el Código Penal y precise la redacción de este delito.
La figura de violencia vicaria fue incorporada a la legislación de Coahuila en 2023 mediante una iniciativa impulsada por la actual presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso local, la diputada Luz Elena Morales.
Durante la discusión legislativa existieron distintas propuestas, algunas de las cuales sí planteaban de forma explícita que el delito debía aplicarse únicamente cuando la víctima fuera una mujer.
El caso también ha reavivado discusiones sociales sobre el impacto de los conflictos familiares en los menores.
Para Johnny Emmanuel, la decisión del Tribunal Superior de Justicia representa un retroceso.
Desde su perspectiva, centrar la discusión únicamente en la protección de las mujeres deja de lado la situación de los niños involucrados en estos conflictos.
“La reclasificación del delito deja de lado los derechos de los niños, niñas y adolescentes”, afirmó al conocer la resolución judicial.
El padre sostiene que su principal motivación siempre ha sido defender la convivencia con sus hijos.
“Mi lucha es por los derechos de mis hijos”, ha reiterado en diversas declaraciones.
También ha expresado preocupación por otros casos similares que, asegura, afectan a familiares como abuelos, tíos o hermanos que quedan al margen de la vida de los menores en medio de disputas legales entre adultos.
Para él, los niños son quienes realmente pagan el costo de estas confrontaciones.
“Los que no se pueden defender, los que no tienen herramientas para defenderse, no tienen el razonamiento, la madurez, el conocimiento ni los recursos, son los niños, niñas y adolescentes que tenemos”, expresó.
Desde el Poder Judicial de Coahuila, la discusión también ha incluido reflexiones sobre el papel de los tribunales en conflictos familiares.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Felipe Mery Ayup, ha insistido en que debe prevalecer el interés superior de la niñez.
El magistrado advirtió que los menores no deben convertirse en instrumentos dentro de disputas legales entre adultos.
“Hay que decirlo con firmeza: las denuncias falsas, provengan de quien provengan, no ayudan a las infancias y por el contrario las colocan en escenarios de conflicto que los dañan profundamente al pagar el costo de los desacuerdos de los adultos”, señaló.
También subrayó que los tribunales no pueden convertirse en espacios donde se prolonguen venganzas familiares.
“Los tribunales no estamos para auspiciar venganzas familiares, ni tampoco para ser escenario donde se prolonguen disputas personales en perjuicio de los niños y niñas», afirmó.
Más allá del caso particular, los datos presentados durante el debate judicial reflejan una tendencia preocupante.
Desde 2021, las causas penales por violencia familiar en Coahuila han pasado de aproximadamente mil 500 a más de 3 mil 500.
En lo que respecta específicamente a violencia vicaria, los tribunales han registrado 14 casos en ese mismo periodo.
De ellos, 13 corresponden a mujeres como víctimas.
Solo uno involucra a un hombre.
Ese expediente es precisamente el que convirtió el conflicto entre Johnny Emmanuel y Estela Guadalupe en un caso emblemático que ahora podría redefinir la forma en que se interpreta la violencia vicaria en Coahuila.
Mientras el Congreso analiza posibles cambios a la ley y los tribunales continúan con el proceso judicial, los protagonistas del caso siguen enfrentando una disputa que comenzó en el ámbito privado, pero que hoy forma parte de una discusión nacional sobre justicia, género y derechos de la infancia.
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