Ciudad de México, 23/07/26 (Más).- La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de ocho personas presuntamente relacionadas con una red de contrabando de combustibles y delitos en materia de hidrocarburos, cuyo entramado empresarial habría operado durante años en Ensenada, Baja California, mediante compañías dedicadas a actividades portuarias, almacenamiento y comercialización de petrolíferos.
De acuerdo con información publicada por Infobae, el grupo identificado como Los Thompson quedó bajo proceso después de la captura del exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel, señalado por su presunta participación en un esquema que habría utilizado empresas y permisos de importación para introducir, distribuir y vender combustibles de manera irregular.
La acusación de la Fiscalía incluyó a Ernesto “N”, Ricardo “N” y José “N” por los delitos de delincuencia organizada, contrabando y conductas ilícitas en materia de hidrocarburos. Juan “N” y Luis “N” fueron vinculados por delincuencia organizada y contrabando, mientras José María “N”, Guillermo “N” y Adriana “N” enfrentan proceso por delincuencia organizada y delitos relacionados con hidrocarburos.
Según la imputación, la operación consistía en introducir combustible al territorio nacional mediante declaraciones aduaneras falsas, incompletas o distintas a la mercancía realmente transportada. Con esta maniobra se habrían reportado volúmenes inferiores a los ingresados o clasificado los cargamentos como productos diferentes para reducir o evitar el pago de impuestos.
Después de que las defensas solicitaron la duplicidad del término constitucional, el juez escuchó los argumentos presentados por el Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y determinó que existían elementos suficientes para iniciar un proceso penal contra los ocho acusados.
La autoridad judicial ratificó la prisión preventiva oficiosa para cinco de los imputados. Ernesto “N”, José “N”, Ricardo “N”, Juan “N” y Luis “N” permanecerán sujetos a esa medida cautelar en el Centro Federal de Readaptación Social número uno, conocido como El Altiplano.
Guillermo “N” y José María “N” cumplirán la medida en sus respectivos domicilios, mientras Adriana “N” quedó internada en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur. La vinculación a proceso no implica una sentencia condenatoria, por lo que las responsabilidades individuales deberán resolverse durante las siguientes etapas del procedimiento.
La investigación, desarrollada en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, se concentró en operaciones de importación, almacenamiento, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo. La Fiscalía sostiene que estas actividades ocasionaron una afectación económica directa a la hacienda pública y pudieron generar recursos para organizaciones criminales.
Dentro del expediente, Ingemar S. A. de C. V. fue identificada como el eje del presunto esquema. Las autoridades estimaron que únicamente durante 2025 las operaciones investigadas habrían generado un daño al erario por cuatro mil 456 millones 577 mil 425 pesos.
La indagatoria también colocó a Ricardo Thompson Navarro y Ricardo Thompson Ramírez como participantes funcionales del entramado empresarial relacionado con Ruffo Appel. Aunque la acusación no los señaló como dirigentes de la estructura, sí los ubicó como integrantes de las personas morales que habrían servido de apoyo corporativo y operativo para las actividades bajo investigación.
Uno de los antecedentes empresariales se remonta a 1993, cuando Ricardo Thompson Navarro fundó Servicios Portuarios en Ensenada. La compañía fue constituida para desarrollar actividades relacionadas con el almacenamiento de mercancías, minerales, productos manufacturados y combustibles.
Entre los accionistas fundadores aparecieron Ricardo Thompson Ramírez, María Lizete Guiza Legaspy y el propio Thompson Navarro, quien figuraba como socio mayoritario. El 15 de noviembre de 2018, la sociedad amplió su objeto para incluir el almacenamiento de hidrocarburos, petrolíferos y productos petroquímicos, además de la construcción y operación de terminales intermodales, parques industriales, bodegas, silos y talleres.
La modificación fue inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio a principios de 2019. Para ese momento, la empresa ya había incorporado formalmente actividades vinculadas con el sector energético y con la infraestructura necesaria para recibir, resguardar y movilizar combustibles.
Otra de las compañías relacionadas fue Dragados y Puertos, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, creada el 7 de noviembre de 2008 por Thompson Navarro y Thompson Ramírez. Su objeto inicial comprendía la construcción de puertos, marinas, terminales, escolleras y obras marítimas, así como trabajos de dragado y gestión de concesiones de infraestructura.
Durante una asamblea celebrada el 3 de enero de 2024, Dragados y Puertos amplió sus actividades para incorporar la comercialización, transportación y almacenamiento de petrolíferos, gas y otros derivados del petróleo. En esa reunión, Ricardo Thompson Navarro fue designado gerente general de la sociedad.
José Merino Valdez Cuervo había sido nombrado desde julio de 2018 apoderado legal de Servicios Portuarios y Dragados y Puertos. Semanas después, el 9 de agosto de ese año, constituyó Ingemar como empresa asociada de ambas compañías, lo que estableció los vínculos corporativos que posteriormente fueron analizados por la Fiscalía.
El primer consejo de administración de Ingemar quedó integrado por Valdez Cuervo como presidente, Thompson Ramírez como secretario y Thompson Navarro como vocal. Yolanda Navarro Samano fue registrada como comisaria de la sociedad.
El 12 de octubre de 2018, Ingemar modificó su objeto social para prestar servicios de almacenamiento, recepción y conservación de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, además de operar servicios auxiliares de terminales ferroviarias de carga. Con esa ampliación, la compañía quedó habilitada corporativamente para participar en el mercado energético.
El 19 de noviembre de 2021, la empresa aumentó su capital fijo de 50 mil a 60 mil pesos y realizó cambios en sus órganos administrativos. En esa asamblea ingresó Ernesto Ruffo Appel como accionista con una aportación de 30 mil pesos y el mismo número de acciones.
En la distribución accionaria reportada, José Merino Valdez Cuervo quedó con 55 mil 500 acciones, Dragados y Puertos con 12 mil 500 y Servicios Portuarios con 12 mil. Estas dos últimas compañías funcionaban, a su vez, como accionistas de Ingemar, lo que conformó una red de participaciones empresariales entre los involucrados.
La Fiscalía señaló que Servicios Portuarios y Dragados y Puertos habrían contribuido a la adquisición de petrolíferos sin contar con los permisos correspondientes de la Secretaría de Energía. También investigó las autorizaciones concedidas a Ingemar en diciembre de 2023 para importar hasta 500 millones de litros de gasolinas Magna, Premium y diésel.
La cantidad autorizada llamó la atención de los investigadores debido a que otros permisos vigentes para productos semejantes se encontraban en rangos de entre 60 millones y 100 millones de litros. Las autorizaciones otorgadas a Ingemar vencían en diciembre de 2024 y posteriormente fueron detectadas inconsistencias en los reportes aduanales de la compañía.
Ricardo Thompson Navarro se deslindó públicamente de las operaciones y afirmó que durante 2021 fue despojado de sus acciones en Ingemar por Ernesto Ruffo Appel y José Merino Valdez Cuervo. De acuerdo con su versión, su participación habría disminuido de 33 por ciento a menos de uno por ciento, aunque en el Registro Público continuaba apareciendo como socio con 12 por ciento.
En el caso de Ricardo Thompson Ramírez, la FGR argumentó que habría incurrido en una especie de “ceguera voluntaria”, debido a que su condición de accionista en las empresas que participaban en Ingemar le imponía obligaciones de vigilancia sobre las operaciones de la sociedad.
Respecto de Thompson Navarro, la acusación destacó que mantuvo relaciones directas con las compañías presuntamente utilizadas para apoyar la introducción irregular de hidrocarburos y la evasión de contribuciones fiscales. Esos vínculos empresariales serán examinados durante el proceso para determinar el grado de responsabilidad de cada imputado.
El Partido Acción Nacional ha sostenido que el caso contra Ernesto Ruffo Appel representa una persecución política y exigió que se respeten la presunción de inocencia y el debido proceso. Las autoridades federales, por su parte, mantienen que la investigación se encuentra respaldada por operaciones financieras, documentos corporativos, permisos energéticos y registros aduanales que deberán ser valorados judicialmente.
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