Ciudad de México, 23/07/26 (Más).- El Estado de México concentró la mayor cantidad de presuntas víctimas de tortura registradas en el país durante el primer semestre de 2026, con 464 casos incluidos en carpetas de investigación, una cifra que lo colocó ampliamente por encima de Quintana Roo, Puebla, Veracruz y Tabasco.
De acuerdo con información publicada por Animal Político, entre enero y junio de este año el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública contabilizó mil 734 víctimas de este delito en México, cantidad equivalente al 78 por ciento de los dos mil 215 casos documentados durante todo 2025 en el Registro Nacional del Delito de Tortura.
Las estadísticas muestran que el Estado de México acumuló más de una cuarta parte de todos los registros nacionales del periodo. Marzo fue el mes con la mayor cantidad de casos en la entidad, con 104, mientras que enero presentó la cifra más baja, con 59 presuntas víctimas.
Quintana Roo ocupó el segundo lugar nacional con 187 registros. La entidad reportó 25 víctimas en enero, 32 en febrero, 32 en marzo, 38 en abril, 28 en mayo y 32 en junio, de acuerdo con la información concentrada por el Secretariado Ejecutivo.
Puebla se ubicó en la tercera posición con 166 casos durante los primeros seis meses del año. Marzo fue también el periodo con mayor incidencia en esa entidad, al contabilizar 71 presuntas víctimas de tortura incluidas en investigaciones iniciadas por las autoridades ministeriales.
Veracruz y Tabasco completaron los primeros cinco lugares, con 155 y 145 registros, respectivamente. Veracruz alcanzó su cifra mensual más alta en abril, con 38 casos, mientras que Tabasco tuvo su mayor concentración en marzo, cuando fueron contabilizadas 43 víctimas.
Después aparecieron Chihuahua, con 108 registros; Oaxaca, con 90; Zacatecas, con 85; San Luis Potosí, con 47, y Ciudad de México, con 36. Jalisco, Nuevo León y Tamaulipas reportaron 27 casos cada uno, mientras Hidalgo registró 25 y Morelos 24.
Coahuila sumó 23 presuntas víctimas; Colima, 19; Guanajuato, 18; Baja California, 17; Aguascalientes, 15; Michoacán, 11; Querétaro, 10; Chiapas, cinco; Baja California Sur, dos, y Campeche, una.
En contraste, Durango, Guerrero, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Yucatán aparecieron sin registros de víctimas de tortura entre enero y junio de 2026. La ausencia de casos en las estadísticas, sin embargo, no significa necesariamente que el delito no haya ocurrido, debido a los problemas de denuncia, clasificación e investigación que rodean este tipo de conductas.
El propio Secretariado Ejecutivo precisa que sus cifras corresponden únicamente a presuntas víctimas identificadas dentro de carpetas de investigación iniciadas por las fiscalías estatales. Por esa razón, los registros no representan la totalidad de los hechos ocurridos, sino sólo aquellos denunciados y clasificados formalmente como tortura.
Este delito se encuentra entre los que presentan una mayor cifra negra en México. Numerosos hechos no son denunciados, no derivan en una investigación ministerial o son clasificados bajo otros tipos penales, debido a la diversidad y falta de consistencia de los mecanismos utilizados para identificar actos que pueden constituir tortura.
La legislación y las autoridades mexicanas consideran tortura a los actos mediante los cuales se provocan intencionalmente dolores o sufrimientos graves, físicos o mentales, con propósitos como obtener información o una confesión, castigar a una persona por un hecho cometido o atribuido, o ejercer presión sobre ella o sobre terceros.
A la dificultad para dimensionar el problema se suma la falta de actualización del Registro Nacional del Delito de Tortura, herramienta administrada por la Fiscalía General de la República (FGR). De acuerdo con la información disponible, el sistema no ha incorporado nuevas estadísticas desde marzo de 2026.
El reporte más reciente del registro abarca del primero de abril de 2018 al 31 de marzo de 2026 y contabiliza nueve mil 32 víctimas relacionadas con expedientes abiertos por tortura o tratos crueles e inhumanos. El promedio del periodo fue de mil 95 víctimas por año y de 0.99 personas afectadas por cada expediente iniciado.
El Registro Nacional del Delito de Tortura concentra información sobre las víctimas, las circunstancias de los hechos, los lugares y fechas en que ocurrieron, las autoridades señaladas como responsables y el avance de las investigaciones. Su funcionamiento también permite conservar un historial individual de los casos más allá de los reportes mensuales de incidencia delictiva.
La herramienta mantiene además mecanismos de coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y con las comisiones de atención a víctimas de las entidades federativas. También funciona como canal institucional para que el Estado mexicano atienda solicitudes y compromisos formulados por organismos internacionales de protección de los derechos humanos.
La falta de actualización limita el seguimiento integral de las investigaciones y dificulta comparar los datos de las fiscalías estatales con los expedientes concentrados por la Federación. Mientras el Secretariado Ejecutivo continúa publicando el número de víctimas registradas mensualmente, el rezago del Renadet impide contar con un panorama completo y actualizado sobre las características, responsables y situación procesal de cada caso.
Los datos del primer semestre colocan al Estado de México como la entidad con más presuntas víctimas registradas, pero también evidencian las limitaciones existentes para medir la magnitud real de la tortura. La elevada cifra negra, las diferencias en la clasificación de los hechos y la falta de actualización de los sistemas oficiales mantienen una distancia considerable entre los casos investigados y el número total de personas que podrían haber sufrido este delito.
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