Los límites de la aprobación a la impunidad

Gerardo López García

Desde hace poco más de una semana, la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta su primer gran reto que puede ser también su primera crisis política: el manejo de la crisis de desapariciones forzadas en el país. Es su primer gran reto ya que las tensiones con los Estados Unidos, debidas a las amenazas arancelarias de Trump, en realidad ponen a la presidente de forma natural en posición ventajosa de popularidad en el escenario político y del imaginario popular en nuestro país: como la imagen de una patriota que enfrenta al terrible líder extranjero, al invasor que viene a poner en cuestión nuestra identidad.

El sentimiento de mexicanidad y orgullo nacional en la sociedad mexicana resurge cuando parte de nuestra identidad es amenazada o ridiculizada de alguna forma, por lo que se apoyará a cualquier nacional (civil o político) que enfrente a la persona extranjera causante de la transgresión. Además, los resultados de esta crisis diplomática-comercial son evidentes: algunos medios han estimado que la presidenta ha alcanzado un histórico 85 % de aprobación (El Financiero), por lo que, a los ojos de la población, ha salido victoriosa.

Pero desde hace poco más de una semana, el más reciente acto de terror que ha puesto el foco de atención nacional sobre la crisis de desapariciones y el dominio de la delincuencia organizada en México es el hallazgo de un centro de operaciones de un grupo delictivo en el rancho Izaguirre, ubicado en el pueblo de Teuchitlán, Jalisco.

Los colectivos de madres buscadoras, testigos sobrevivientes y medios de comunicación han informado de los horrores que tuvieron lugar ahí, en lo que ahora es identificado como un centro de reclutamiento, donde a partir de un modus operandi ya común de grupos de la delincuencia organizada mediante el que engañan a la población juvenil con falsas promesas laborales para así atraerlos y forzarlos a formar parte de sus filas, para finalmente recibir entrenamiento como sicarios; sin embargo, lo más estremecedor es la posibilidad de que haya sido usado como un centro de exterminio, debido a los restos óseos y de ropa encontrados que así lo indican.

A la par de la denuncia de este horror, se señala la ineptitud (en el mejor de los casos) y la colusión (en el peor) de las autoridades, quienes ya se encontraban en posesión del inmueble desde hace meses y en cuya primera intervención no identificaron los restos óseos, de ropa o hasta juguetes que los colectivos posteriormente identificaron. Aunque la responsabilidad inmediata es de las autoridades locales de Jalisco, la extensión del hallazgo hace que alcance a las autoridades federales, por lo tanto, a la responsable última de la seguridad en el país, la presidenta.

Como respuesta por parte de la sociedad civil organizada, el día 15 de marzo se realizó una vigilia en distintas partes del país, principalmente Ciudad de México y Guadalajara, con el objetivo de presionar a las autoridades de todos los niveles a dejar la pasividad e indiferencias que les ha caracterizado frente al fenómeno que ha destruido a miles de familias mexicanas. En términos de comunicación política, para el gobierno será fundamental que este acto no sea el primero de acciones coordinadas en todo el país que culmine en una crisis de aprobación, que a su vez conduzca a la ruptura con la población y la pérdida del poder. Recordemos que parte de la debacle del gobierno priísta de Enrique Peña Nieto se puede atribuir a la crisis que devino del caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal “Isidro Burgos” de Ayotzinapa y la terrible respuesta gubernamental.

Es en este tipo de coyunturas políticas donde florecía su antecesor, el ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuyo liderazgo basado en su carisma le hacía salir avante en toda crisis y mantenerse sólido frente a toda crítica, cualidad que le permitió mantener cierta estabilidad durante toda su gestión. AMLO tuvo tal nivel de respaldo popular que pudo confesar probables actos delictivos –como ordenar la liberación de Ovidio Guzmán López durante el primer intento fallido de captura conocido como el “Culiacanazo”– y permanecer impune, más allá de la cooptación de las instituciones de justicia que no ejercieron ningún tipo de acción. Otro aspecto clave de la estrategia de comunicación obradorista, que resultó sumamente efectiva, fue atribuir todos los problemas del país a los gobiernos anteriores -en particular a los panistas- incluidos aquellos originados durante su gestión.  Este escudo se extendió a todos sus colaboradores, por lo cual personajes como Hugo López-Gatell jamás han sido llamados a rendir cuentas, en este caso por su gestión durante la crisis del coronavirus.

Los gobiernos morenistas de todos los niveles sostienen que “el pueblo está con ellos”, argumento que respaldan con los altos niveles de votación, aprobación y popularidad. Es innegable que esto último es cierto; sin embargo, también ha sido utilizado este gran respaldo popular y casi incondicional como escudo para eludir la rendición de cuentas y la acción de la justicia ante diversas acusaciones de ilícitos. Se ha señalado a autoridades de distintos niveles por su colusión con líderes criminales, mientras que auditorías han revelado desfalcos en las finanzas públicas. No obstante, las autoridades del partido en el poder y sus aliados continúan sin enfrentar consecuencias legales.

En la conferencia matutina del 17 de marzo la presidenta señaló acciones para atender la crisis de desapariciones, las cuales también, evidentemente, han sido pensadas como actos de contención de daños que las revelaciones hechas la semana pasada sobre el racho Izaguirre pudiera tener en su respaldo popular. Con acciones como el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda y la creación de una base única forense, la actual administración busca mandar el mensaje que en efecto se buscará enfrentar la grave crisis y que no les caracterizará la pasividad de gobiernos anteriores, e incluso de que van en sentido inverso al del desmantelamiento de las capacidades de búsqueda de las autoridades realizadas durante el gobierno anterior. O tal vez simplemente miraron a un espejo y no les gustó lo que les reflejó de vuelta: la imagen del gobierno indolente que no atiende a las víctimas, culpa a la oposición por armar complots y fabricar desaparecidos, una imagen de un gobierno que eventualmente perderá el respaldo popular y la capacidad de gobernar. Saben que se acercan el momento en que culpar a los gobiernos anteriores deje de bastar para solventar una crisis.

Otro elemento, endógeno en la sociedad, que podría reducir el impacto de esta coyuntura en la imagen del gobierno federal es la preocupante normalización de la violencia extrema. Día con día nos enteramos de las atrocidades que suceden a lo largo y ancho del país: cuerpos mutilados en una carretera, cuerpos colgados en puentes, balaceras en contra de los asistentes de una fiesta y enfrentamientos sin fin entre autoridades y civiles armados; en este contexto, ¿qué son 200 personas muertas más? ¿300 o 1,000? Una casi nula capacidad de asombro e indignación ante el horror es tal vez una defensa natural desarrollada por la sociedad en este contexto de hiperexposición a la violencia y es lo que nos permite cada día despertarnos, salir de cama y que la realidad no nos abrume. El impacto negativo de esto es que nos vuelva pasivos y permisivos frente a los escenarios donde como sociedad podemos incidir, y en este caso particular, no exigirle a nuestras autoridades acciones reales con sus resultados observables y medibles.

Por último, la ya práctica común de culpar a las víctimas puede ayudar a la presidenta a reducir afectaciones a su imagen, ya que desde el gobierno de Felipe Calderón se cultivó en el imaginario mexicano que todas las víctimas de la delincuencia organizada lo fueron porque “andaban en malos pasos” o “metidos en el negocio”, narrativa que ha funcionado a todos los gobiernos que le precedieron, incluidos a los dos de la autonombrada “Cuarta Transformación”. En un país donde se piensa que las víctimas son culpables, las autoridades nunca serán responsables.

En próximos días observaremos si la crisis de desapariciones forzadas será finalmente la crisis que acabará con la impunidad de autoridades sostenida por el respaldo popular y que los obligará a finalmente responsabilizarse.