Ciudad de México, 21/04/26 (Más).- La muerte de dos empleados de la embajada de Estados Unidos y dos funcionarios estatales, tras un accidente en la sierra de Chihuahua, abrió una serie de interrogantes sobre la presencia de personal estadounidense en una zona de alta actividad del narcotráfico y sobre el nivel de coordinación en materia de seguridad entre autoridades locales y el gobierno de ese país.
De acuerdo con información publicada por El País, el percance ocurrió luego de un operativo en uno de los narcolaboratorios más grandes localizados en México, en el municipio de Morelos, dentro del llamado Triángulo Dorado. En el vehículo accidentado viajaban dos trabajadores de la representación diplomática estadounidense, el director de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua, Pedro Román Oseguera, y otro elemento del Ministerio Público.
Según la versión del fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, en el operativo contra el laboratorio participaron únicamente elementos de la Fiscalía estatal y de la Secretaría de la Defensa Nacional, con 40 efectivos de cada corporación.
El funcionario sostuvo que los estadounidenses no intervinieron en esa acción, sino que posteriormente se reunieron con personal estatal para trasladarse juntos a la ciudad de Chihuahua.
Sin embargo, el caso dejó abiertas varias dudas, entre ellas a cómo llegaron a la zona serrana de Morelos y bajo qué términos se desarrollaba su presencia en territorio mexicano. El propio fiscal los identificó únicamente como agentes adscritos a la embajada de Estados Unidos.
La indagatoria estatal señala que el 17 de abril fue localizado en la comunidad de El Pinal un narcolaboratorio de grandes dimensiones, con más de 850 metros cuadrados, hornos, tambos, depósitos de acetona, material químico y cilindros de gas, considerado por las autoridades como uno de los más extensos hallados en el país.
Jáuregui explicó que los estadounidenses se encontraban en otra comunidad, Polanco, a más de seis horas de distancia, donde supuestamente impartían capacitación sobre manejo de drones a integrantes de la Agencia Estatal de Investigación. Después de esa actividad, el director de la corporación estatal los recogió para emprender el viaje hacia la capital del estado.
El traslado se realizaba en un convoy de cinco vehículos. Durante la madrugada del domingo, la unidad en la que viajaban los cuatro funcionarios derrapó y cayó a un barranco de más de 200 metros, lo que provocó la muerte de todos sus ocupantes.
La situación escaló al ámbito federal luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum afirmara que su gobierno no tenía conocimiento de un trabajo directo entre autoridades de Chihuahua y personal de la Embajada de Estados Unidos en México. La mandataria pidió información tanto al gobierno estatal como al estadounidense y recordó que, conforme a la Constitución, corresponde a la federación autorizar cualquier participación de administraciones extranjeras en asuntos de seguridad dentro del país.
Tras ese posicionamiento, el fiscal chihuahuense reiteró que los agentes estadounidenses no participaron en el operativo y sostuvo que su presencia obedecía a tareas de capacitación. Aun así, defendió el intercambio permanente con autoridades del vecino país, en medio de un contexto especialmente sensible por la presión del gobierno de Donald Trump para endurecer las acciones contra el crimen organizado en México.
El caso también volvió a poner atención sobre los mecanismos de cooperación entre Chihuahua y agencias de seguridad de Estados Unidos, una relación que el propio gobierno estatal ha mantenido abierta y visible en distintos espacios de coordinación fronteriza.
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