El Gobierno de Sinaloa pidió al Congreso local autorizar una pensión anticipada para Alberto Jorge Contreras Núñez, exjefe de la Policía de Investigación estatal. La solicitud generó cuestionamientos porque el exmando enfrenta acusaciones en Estados Unidos por presuntos vínculos con Los Chapitos, sobornos y protección a operaciones criminales
Culiacán, Sinaloa 20/06/26 (Más).- El Gobierno de Sinaloa solicitó al Congreso local autorizar una pensión anticipada mensual de 67 mil 477 pesos para Alberto Jorge Contreras Núñez, exjefe de la Policía de Investigación estatal, pese a que enfrenta acusaciones formuladas por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado.
De acuerdo con información del portal Emeequis, la petición fue presentada formalmente por la administración estatal encabezada de manera interina por Yeraldine Bonilla y ya inició su proceso de análisis en las comisiones legislativas del Congreso sinaloense.
El documento enviado al Poder Legislativo argumenta que Contreras Núñez acreditó los requisitos legales y los años de servicio necesarios para acceder a una jubilación anticipada con una percepción mensual vitalicia cercana a los 68 mil pesos.
La propuesta ha generado cuestionamientos debido a que el exmando policial fue acusado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York de haber recibido presuntamente sobornos mensuales por 16 mil dólares de integrantes de la facción criminal conocida como Los Chapitos, a cambio de brindar protección e impunidad a sus operaciones.
Las investigaciones de autoridades estadounidenses sostienen que, entre noviembre de 2022 y febrero de 2026, Contreras Núñez, identificado con el alias de “El Cholo”, habría utilizado su posición dentro de la estructura de seguridad estatal para favorecer a integrantes de dicho grupo delictivo.
Según el expediente judicial presentado en Estados Unidos, el exfuncionario presuntamente ordenaba la liberación de operadores detenidos por delitos relacionados con el narcotráfico y facilitaba condiciones para que la organización criminal continuara operando sin consecuencias legales inmediatas.
La acusación federal en Nueva York contempla cargos por conspiración internacional para la importación de narcóticos, posesión ilegal de ametralladoras y conspiración para el uso de artefactos explosivos.
De ser encontrado culpable por una corte estadounidense, podría enfrentar penas que van desde 40 años de prisión hasta cadena perpetua.
El caso forma parte de una investigación más amplia que ha impactado a diversos actores políticos y funcionarios de Sinaloa.
Entre las consecuencias derivadas del expediente se encuentra la licencia solicitada por el gobernador constitucional Rubén Rocha Moya, así como señalamientos contra otros integrantes de la administración estatal.
La investigación también involucra a funcionarios y exfuncionarios que han sido mencionados en documentos judiciales estadounidenses.
Algunos han comparecido ante las autoridades correspondientes, mientras que otros permanecen separados de sus cargos o con situación jurídica por definir.
Entre los casos destacados figura el del exsecretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez, quien fue detenido por autoridades federales en la frontera con Estados Unidos y posteriormente presentado ante una corte en Manhattan, donde rechazó las acusaciones formuladas en su contra.
Asimismo, las indagatorias han señalado a exfuncionarios de áreas financieras y de seguridad, algunos de los cuales habrían acudido voluntariamente ante autoridades judiciales, mientras otros continúan sin ubicación pública confirmada.
La pensión de Contreras Núñez ocurre en una creciente presión política e institucional para esclarecer las presuntas relaciones entre servidores públicos y organizaciones criminales en Sinaloa, así como las implicaciones de las investigaciones que se desarrollan en ambos países.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que cualquier acción relacionada con órdenes de captura o procesos de extradición deberá sustentarse en la presentación formal de pruebas por parte de las autoridades estadounidenses, conforme a los mecanismos de cooperación judicial vigentes entre México y Estados Unidos.
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