Lo premian con la Corte a pesar de polémicos antecedentes

El exfiscal José Antonio Pérez Bravo fue designado como alto funcionario en la ponencia de la ministra Herrerías. El funcionario es cuestionado por su manejo del caso Digna Ochoa

Ciudad de México, 20/10/25 (Más).- A pesar de sus polémicos antecedentes, el exfiscal José Antonio Pérez Bravo, señalado por omisiones e irregularidades en la investigación del asesinato de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa, ha sido nombrado como secretario de Estudio y Cuenta coordinador en la ponencia de la ministra Sara Irene Herrerías Guerra, en la recién integrada Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

De acuerdo con información publicada por Animal Político, Pérez Bravo ocupa ahora el segundo cargo más importante en la estructura de la ministra Herrerías, desde donde coordina la elaboración de proyectos de sentencia que abordan temas fundamentales como la prisión preventiva oficiosa y el arraigo. Desde esta posición, incluso podría intervenir en el análisis del cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sobre el propio caso Digna Ochoa, cuya investigación estuvo a su cargo entre 2002 y 2004.

La designación de Pérez Bravo ha desatado críticas debido a su rol durante la primera etapa de la indagatoria por la muerte de la activista, cuando se concluyó que se trató de un suicidio simulado. Esta versión fue ampliamente cuestionada por organismos internacionales como la CoIDH, que en 2021 responsabilizó al Estado mexicano por graves fallas en la investigación, entre ellas la omisión del análisis de lesiones no registradas, irregularidades balísticas y periciales, y la falta de seguimiento a antecedentes de amenazas y secuestros que Digna Ochoa había denunciado años antes de su asesinato.

La abogada veracruzana, reconocida por su defensa en casos emblemáticos como las masacres de Aguas Blancas y El Charco, fue hallada muerta en su despacho en octubre de 2001. La fiscalía a cargo –entonces dirigida por Bernardo Bátiz– concluyó en un primer momento que se trató de un suicidio, hipótesis que se mantuvo a pesar de la presión de la familia, organizaciones civiles y organismos internacionales que exigieron reabrir el caso.

Durante una audiencia ante la CoIDH en 2021, Pérez Bravo defendió la línea de investigación original, argumentando que Ochoa había actuado bajo un cuadro depresivo. Ante cuestionamientos de los jueces internacionales, el exfiscal reconoció que no recordaba detalles clave como la lateralidad de la víctima, pese a que esta información ponía en entredicho la versión oficial del suicidio.

La familia de Digna Ochoa ha solicitado formalmente al Estado mexicano que investigue a Pérez Bravo, junto con otros funcionarios responsables de la investigación inicial, por su presunta responsabilidad en mantener la impunidad en el caso. Jesús Ochoa, hermano de la defensora, señaló que su inclusión en la Suprema Corte representa un nuevo agravio, sobre todo porque podría participar en la revisión del mismo caso en el que se le ha acusado de encubrir irregularidades.

La ministra Herrerías, quien llegó a la SCJN tras recibir más de tres millones de votos en las primeras elecciones judiciales, ha sido señalada por organizaciones civiles por un historial de ineficacia en su paso por la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, con más del 90 % de los casos sin resolución. A pesar de ello, su ponencia ha recibido expedientes clave, como el del cumplimiento de la sentencia del caso García Rodríguez vs México, en el que se cuestiona la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa, y que podría sentar precedentes en la defensa de los derechos humanos en el país. Hasta el momento, la Suprema Corte no ha emitido una postura oficial sobre los criterios que motivaron la contratación de Pérez Bravo ni sobre el posible conflicto de interés que implica su presencia en decisiones relacionadas con el caso de Digna Ochoa.