Por Zitamar Arellano Trueba
Saltillo, Coahuila 26/06/26 (Más).- La secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas de Coahuila, Elma Marisol Martínez González, llamó a trabajadoras de la dependencia a que formalicen su denuncia pública sobre acoso sexual, pero sin anunciar una investigación interna, medidas preventivas concretas o acciones institucionales para documentar lo ocurrido.
Un grupo de trabajadoras de la Sefirc denunció anónima y públicamente al director Jurídico, Enrique Emmanuel González Ortiz por acoso sexual, pero hasta ayer dicha acusación no se había presentado formalmente ante ninguna instancia, informó la secretaria.
Pese al caso, que ahora involucra a su propia dependencia, la secretaria no informó sobre la apertura de una investigación de oficio, la separación preventiva del funcionario señalado, la búsqueda activa de posibles víctimas o testigos, ni la implementación de medidas extraordinarias de protección dentro de la Sefirc.
Aunque reconoció que el caso es “preocupante” y que sería especialmente grave por tratarse justo de la dependencia que ha impulsado dentro del Gobierno del Estado los protocolos contra el acoso y hostigamiento sexual, la funcionaria centró su postura en la inexistencia, hasta ahora, de una denuncia formal y en la necesidad de respetar los procedimientos legales antes de emprender cualquier actuación.
Martínez González afirmó que, tras conocer la publicación del caso, consultó con la secretaria de las Mujeres, Mayra Valdés, para verificar si existía alguna queja presentada ante esa dependencia, en sus centros de justicia o incluso ante la Fiscalía, pero sostuvo que aparentemente no hay una denuncia formal.
“Nosotros no tenemos conocimiento de una denuncia”, dijo la titular de la Sefirc, al señalar que mantiene “total apertura” para recibir cualquier señalamiento y que su despacho permanece abierto para el personal que quiera acercarse con la garantía de que la presentación de la denuncia no tendrá represalias para las denunciantes.
Sin embargo, al ser cuestionada sobre si la dependencia activaría alguna medida propia ante la denuncia pública, como pudiera ser una investigación interna, revisión de correos, cámaras, testigos o algún mecanismo anónimo para recabar información, la secretaria no anunció acciones de ese tipo y respondió que, en casos de acoso u hostigamiento sexual, se requieren circunstancias de tiempo, modo y lugar para poder obtener elementos dentro de una investigación.
La funcionaria agregó que, al tratarse de actos de autoridad, la Sefirc debe cuidar que cualquier procedimiento respete las garantías tanto de la persona denunciante como del funcionario público señalado, pues de lo contrario los sujetos involucrados podrían acudir al amparo ante juzgados federales.
“Hay procesos de ley que se deben de cumplir”, expresó, al insistir en que los procedimientos administrativos de responsabilidad deben sujetarse al marco legal.
La respuesta de la secretaria dejó ver que, por ahora, la actuación institucional dependería de que las personas que hicieron pública la denuncia decidan formalizarla ante las instancias correspondientes, principalmente la Secretaría de las Mujeres, dependencia que, según explicó, funge como primer contacto en el protocolo vigente para estos casos.
Martínez González sostuvo que ese diseño busca dar confianza a las trabajadoras, protegerlas y evitar que las denuncias puedan ser obstaculizadas por las propias dependencias donde ocurren los hechos.
“No precisamente conmigo, si como mencionan existe algún temor de que algún proceso se obstaculice, sino ante la dependencia que de acuerdo al protocolo vigente en el estado es quien la recibe, que es la Secretaría de las Mujeres”, señaló.
Como única medida inmediata, la secretaria planteó la posibilidad de realizar nuevamente una plática con el personal femenino y masculino de la dependencia para repasar el proceso que debe seguirse en casos de acoso y hostigamiento sexual.
La titular de la Sefirc confirmó además que habló con el funcionario señalado en la denuncia pública, a quien describió como una persona que “siempre se ha desempeñado de manera institucional” y que conoce los procesos porque la propia Secretaría los impulsa y difunde.
Dijo que el servidor público sabe que, si se presenta alguna denuncia, la dependencia se sujetará a los procedimientos correspondientes y a las consecuencias que pudieran derivarse en el ámbito laboral, administrativo o incluso penal.
La secretaria garantizó que no habrá represalias contra quienes decidan denunciar. Afirmó que sería una “injusticia total” que una trabajadora fuera afectada por presentar una queja y aseguró que eso no ocurrirá en la dependencia.
“Obviamente nosotros garantizaríamos que las compañeras que realicen este tipo de denuncias puedan seguir desempeñando su trabajo”, sostuvo.
Martínez González insistió en que no tiene compromisos con nadie y que su único compromiso es con el gobernador Manolo Jiménez y con la instrucción de mantener espacios laborales sanos.
El señalamiento contra personal de la Sefirc resulta especialmente delicado porque, de acuerdo con la propia secretaria, esa dependencia encabeza junto con la Secretaría de las Mujeres en la revisión y mejora del protocolo estatal para atender denuncias de acoso y hostigamiento sexual dentro de la administración pública.
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