Linnet, una historia de violencia y poder

Detrás de los casos de violencia vicaria siempre hay antecedentes de violencia física, psicológica, económica o sexual. En Coahuila, al menos el 40.3 % de las mujeres entre 15 y 24 años declaran haber sufrido algún tipo de violencia por parte de la pareja. Durante el último año los casos de violencia vicaria contra las mujeres han crecido de una manera exponencial, principalmente en la capital del estado.

Por Katya González

Saltillo, Coahuila, MÁS. – Durante casi dos años, Linnet ha luchado contra la justicia estatal y su exesposo, quien a pesar de estar vinculado a proceso penal por violencia ha conseguido la custodia de sus dos pequeños hijos.

En entrevista exclusiva con MÁS, su padre, José Luis Serrano, señaló que Roberto José Díaz García, exesposo de Linnet, es hijo del exadministrador fiscal del estado, Roberto Díaz, quien ocupó el puesto durante los sexenios de Humberto y Rubén Moreira.

Asimismo, Díaz García es director de Valuaciones Actuariales del Norte y mantiene una amistad con el dueño de la empresa, Francisco Miguel Aguirre Villarreal, quien mantiene lazos cercanos con el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, Miguel Mery Ayup.

Aprovechando de su estatus y estos lazos, Díaz García volcó la justicia a su favor y logró que, en 2022, la jueza de lo familiar Cristina Aguirre resolviera en tan solo cinco días su caso dándole la custodia provisional de los dos niños de 5 años.

Jaqueline Campbell, activista y defensora de derechos humanos en Saltillo, explicó que detrás de los casos de violencia vicaria siempre hay antecedentes de otros tipos de violencia como física, psicológica, económica y sexual, por lo que este sería solo la cúspide de la violencia que ejercen, principalmente los hombres, en contra de quienes fueran sus parejas.

Agregó que durante el último año los casos de violencia contra las mujeres, ligados a la violencia vicaria han crecido de una manera exponencial, principalmente en la capital del estado.

Cabe recordar que, tras haberse mantenido en la congeladora por más de un año, finalmente el pasado 25 de octubre de 2023, el Congreso del estado de Coahuila reformó el artículo 251 del Código Penal estatal tipificando la violencia vicaria.

Según la reforma quien incurra en este delito será sancionado con más de 6 años de prisión y la persona agresora se someterá a tratamiento psicológico especializado durante el tiempo de la pena de prisión impuesta.

Según quedo establecido, comete violencia vicaria quien, por medio de cualquier acto u omisión, utilice como víctima directa de violencia a las hijas, hijos, familiares, personas adultas, con discapacidad, en situación de dependencia, mascotas, para causarle algún tipo de daño a la víctima, generando una consecuente afectación psicoemocional o física.

Además, la persona agresora será sancionada con la pérdida de derechos que tenga respecto de la víctima, hasta la pérdida de la patria potestad o de restricción para el régimen de visitas y los de carácter sucesorio; prohibición de ir a un lugar determinado o de residir en él hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.

Aunque la reforma señala que la sanción será aplicada a quien ejerza violencia contra los derechos reproductivos, o violencia física, patrimonial, económica, sexual o vicaria, de pareja o noviazgo, tal como ocurre con el caso de Linnet, tal parece que la justicia no alcanza a quienes cuentan con lazos poderosos dentro de la jerarquía del poder judicial del estado.

José Luis Serrano señaló que derivado de la sentencia emitida el 29 de junio de 2022, en la cual se otorga la custodia a Roberto José Díaz García, se realizó una evaluación psicológica a su hija por orden de la jueza.

El diagnostico fue llevado a cabo por el Centro de Evaluación Psicosocial quien determinó que Linnet contaba con una gran depresión, y con ello, en agosto del mismo año se llevó a cabo una audiencia en donde la jueza, respaldada por Pronnif y el mismo centro de evaluación, otorgó solo dos horas a la semana de convivencia supervisada a la madre.

El padre de Linnet manifestó que, durante su matrimonio, su hija también fue víctima de violencia obstétrica, pues su exyerno se empeñaba en tener hijos aun cuando tenía problemas de fertilidad, por lo que sometió a Linnet a procedimientos de inseminación artificial que la destruyeron hormonalmente.

Además, el embarazo de los gemelos fue de alto riesgo por lo que nacieron prematuros a causa de una preeclampsia que casi le cuesta la vida a Linnet. 

Al hacer del conocimiento sobre ello a la jueza, cambió su decisión y le otorgó dos días a la semana de convivencia; sin embargo, en octubre de 2023, el magistrado del tribunal del primer distrito, Guillermo David Pérez, dejó inexistente este convenio.

Bajo el argumento de que Linnet tenía una nueva relación sentimental, Roberto Díaz solicitó que fueran suspendidas las convivencias y sin un documento que lo respaldara suspendió las convivencias.

“Pidió se declare inconsistente esa resolución y sin más ya no entregó a los niños, el 11 y 18 de noviembre y la jueza no había resuelto nada, hasta el 28 de noviembre. Todos sus abogados lo hicieron constar, nos amparamos y la jueza no le dio procedencia”, explicó José Serrano.

Ante las irregularidades en el caso, la familia demandó a la jueza Cristina Aguirre sin que hasta el momento haya una resolución al respecto.

Ya que los niños cuentan con doble nacionalidad, la embajada Checa solicitó información al respecto del juicio o demanda en donde consideran que no se ha observado fundamentos internacionales. 

“Lo más grave es la violencia vicaria que están cometiendo con los niños, nosotros no los vemos desde el 5 de noviembre y apenas el lunes pasado mi hija pudo ver a los niños una hora en el CAIF”, explicó el padre.

Recordó que, aunque Roberto Díaz está vinculado a proceso por haber ejercido violencia física, económica, psicológica, obstétrica y vicaria en contra de su hija, las autoridades les han impedido ver a los niños, quienes se han llevado la peor parte de la situación. 

Ante ello, el pasado 26 de enero, cuando Miguel Mery se disponía a presentar el informe anual de actividades del Poder Judicial del Estado, la familia de Linnet junto con representantes de colectivos y otras víctimas, acudieron a las afueras del recinto a manera de protesta, considerando que en sus casos la justicia no se ha impartido correctamente.

Integrantes del Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria quienes acompañaron a las víctimas en la manifestación, señalaron que actualmente cuentan con el registro de al menos 20 casos de mujeres que sufren violencia por parte de sus exparejas, principalmente en Saltillo, Torreón y Nava, con hasta 8 años de antigüedad, los cuales no han sido atendidos de manera adecuada por la justicia estatal.

Mencionaron es que en los juzgados los casos se dilatan y generan muchos gastos, a pesar de que el proceso debería ser gratuito y expedito. “Se llevan a cabo procesos muy largos y cansados”, aún cuando los demandados cuentan con actas de violencia y agresiones hacia otras personas.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, al menos el 35 por ciento de las mujeres mexicanas señalaron haber sufrido algún incidente de violencia por parte de su pareja; el 97.6 por ciento padeció violencia psicológica; 14.09 por ciento, violencia física; el 8.4 por ciento señalo haber sido víctima de violencia económica, y 7.7 por ciento, de violencia sexual.

En el caso específico de Coahuila, señala que al menos el 40.3 por ciento de las mujeres entre 15 y 24 años declaran haber sufrido algún incidente de violencia por parte de la pareja.

Las integrantes del frente informaron que el 81 por ciento de las mujeres que sufren violencia vicaria han sido separadas de sus hijos mediante la sustracción de los menores por parte de su expareja.

A raíz de la situación, el 24 por ciento de ellas desarrollaron ideas suicidas y el 43 por ciento, sufrió afectaciones en su salud, específicamente problemas gastrointestinales. 

Según la Encuesta Nacional a Víctimas, del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, el 100 por ciento de las mujeres sufrieron algún tipo de violencia por parte del papá de sus hijos, lo que motivó el término de la relación o levantar denuncia en contra del agresor. 

Además, de 3 mil 008 mujeres que iniciaron el estudio, 777 lo abandonaron por miedo a revelar más datos y casi en la totalidad de los casos el agresor presenta ventaja legal y económica en contra de la víctima, lo que pone en una situación vulnerable para enfrentar procesos en una condición de igualdad.

Además, en el 94 por ciento de los casos, el generador de violencia cuenta con recursos que le permiten favorecerse en los procesos legales e impiden el acceso inmediato a la justicia, en tanto que el 76 por ciento ha recibido amenazas en el sentido de no permitirles volver a ver a las hijas e hijos.

El 57 por ciento han sido denunciadas por violencia familiar teniendo ellas la guardia y custodia con el propósito de quitarles los hijos y que pasen al cuidado del agresor o algún familiar paterno y en el 62 por ciento de los casos, el agresor simuló actos jurídicos o falsificó documentos para lograr que las autoridades les favorezcan con la asignación de los menores.

 Además, solo el 39 por ciento de las mujeres encuestadas que se encuentran separadas de sus hijos, tienen algún tipo de convivencia vigilada o limitada con ellos, y el 59 por ciento fue obligada a salir del domicilio que compartía con el agresor.

El frente consideró que existe una oportunidad contundente en desarrollar una estructura de apoyo eficiente en términos legales, psicológicos y emocionales para las víctimas de violencia vicaria.

“No solo se observa el hacer cambios y ajustes a la ley, se requiere de una especial atención en las instancias e instituciones que apoyan a las víctimas, mayor y mejor claridad en los procesos, así como un correcto seguimiento a los procesos conforme a derecho”, señalaron.

Previamente, en septiembre del año pasado, Integrantes del colectivo feminista Furia pidieron la intervención del magistrado presidente Miguel Mery Ayup para dar pronta resolución a los más de 200 casos de violencia vicaria que contabilizaban en el estado, en los cuales, algunos jueces favorecían a los agresores.

Para entonces, el colectivo estimaba la existencia de más de 250 casos en Saltillo, Torreón, Piedras Negras y Monclova, en donde las autoridades actuaban a favor de los agresores.

Jaqueline Campbell consideró que la ley en la materia en el estado es muy pobre y las agrupaciones que brindan apoyo a las mujeres en estas situaciones son muy cerrados, puesto que existen miles de mujeres en el estado que no están siendo acompañadas o apoyadas en los procesos.

“Acaban de hacer la ley y nos falta caminar, deberíamos estar pidiendo disculpas a estas mujeres y muchachas que están pasando por eso ahorita.  Lo tenemos en la ley, pero es una ley pobre, con un grupo cerrado de mujeres que no son activistas y no le saben a derechos humanos y nos son feministas”, opinó.

Al respecto señaló que en el estado es necesaria la educación en materia de derechos humanos, y “agudizar el ojo” para ver las necesidades de las personas.

“Como dice Raúl Vera, hay que organizarnos, hacer colectivos, sumarnos y abrazarnos… sumar en vez de dividir y apartar a las chicas; vamos a ir teniendo mejores leyes y si no tenemos las mejores leyes vamos a tener las mejores prácticas”, señaló.