Ciudad Juárez, 17/02/26 (Más).- Ocultar cadáveres no es un delito, sólo una falta administrativa… aunque sean 383 cadáveres implicados en un solo caso. Este es el veredicto del juez penal sobre el caso de José Luis N, propietario del crematorio Plenitud, en Ciudad Juárez, donde el año pasado fue hallada esta cantidad de restos humanos que eran manejados en condiciones insalubres. El acusado fue liberado este viernes tras recibir un amparo que anuló su vinculación a proceso.
La decisión judicial ha desatado una ola de indignación entre los familiares de las víctimas y grupos que luchan por la justicia, quienes consideran que el fallo minimiza la magnitud de la tragedia.
El 12 de febrero, el juez federal Séptimo de Distrito, Luis Eduardo Rivas Martínez, otorgó un amparo al empresario, argumentando que el ocultamiento de los cuerpos no constituye un delito penal, sino una falta administrativa. Según la resolución, el hecho de no haber realizado la cremación o inhumación de los cadáveres en el plazo legal de 48 horas no se consideró un delito grave, sino una omisión que sólo conlleva una sanción administrativa. Como resultado, se ordenó la liberación de José Luis, quien había sido vinculado a proceso por los cargos de ocultamiento y conservación ilícita de cuerpos.
El juez local Héctor Josué de Luna León, en cumplimiento del amparo, revocó la medida cautelar que mantenía al dueño del crematorio en prisión preventiva.
A pesar de que el caso había causado gran alarma pública tras el hallazgo en junio de 2025 de 386 cuerpos apilados y embalsamados de manera irregular, el magistrado argumentó que los cuerpos nunca fueron ocultados y que el crematorio contaba con permisos de funcionamiento y la autorización de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
La resolución determinó que la falta de cremación o inhumación de los cuerpos debía considerarse una irregularidad administrativa.
Grupos como Memoria, Dignidad y Justicia y Justicia para Nuestros Deudos se manifestaron en Ciudad Judicial para expresar su rechazo a la liberación del dueño del crematorio. Los familiares de las víctimas acusaron al sistema judicial de dar la espalda a las personas afectadas y de permitir que José Luis A.C. quede impune tras un crimen de esta magnitud.
«Es una burla para la sociedad que el juez Rivas Martínez considere que el hallazgo de 386 cadáveres abandonados en condiciones inhumanas no constituya un delito grave», afirmó el colectivo Memoria, Dignidad y Justicia en un comunicado dirigido a la opinión pública.
Por su parte, Justicia para Nuestros Deudos exigió que el caso fuera atraído por la Fiscalía General de la República, considerando que las autoridades locales han demostrado falta de capacidad para garantizar justicia.
En las afueras de Ciudad Judicial, familiares de las víctimas, entre ellos madres e hijas de los fallecidos, expresaron su dolor y su frustración ante lo que consideran una clara injusticia.
«Es mi hijo y me puede, por eso estoy aquí, suplicando que no lo dejen salir. Si, que se haga justicia. ¿Por ser pobres no nos hacen caso?», dijo visiblemente enojada la madre de uno de los hombres cuyos restos fueron encontrados en el crematorio.
Otros deudos expresaron su deseo de que José Luis A.C. «pague por lo que hizo», cuestionando la decisión judicial que considera el caso una «irregularidad administrativa».
La liberación de José Luis A.C. ha suscitado un debate sobre la efectividad del sistema judicial mexicano, que muchos consideran incapaz de abordar de manera adecuada los casos de violencia e impunidad. Las víctimas y sus familiares exigen respuestas más allá de tecnicismos legales, y reclaman que el crimen sea tratado con la gravedad que merece.
La justicia, argumentan, no puede ser diluida en formalismos o errores administrativos, especialmente cuando están en juego vidas humanas y la dignidad de los fallecidos.
La Fiscalía de Chihuahua aún no ha emitido una postura oficial sobre el amparo otorgado a José Luis, pero las organizaciones de derechos humanos y los colectivos de familiares de víctimas han solicitado una revisión del caso por parte de las autoridades federales.
Mientras tanto, los cuerpos de las víctimas siguen sin ser identificados en su mayoría, lo que agrava aún más el dolor de las familias que esperan justicia y el reconocimiento de la dignidad de sus seres queridos.
La liberación del dueño del crematorio no solo es vista como una falta de justicia, sino como una muestra de la vulnerabilidad de las víctimas ante un sistema judicial que muchos consideran ausente o débil frente al crimen organizado.
Para los familiares, el tiempo sigue corriendo sin respuestas. “Mi papá merece justicia, queremos justicia, no es justo que ese señor vaya a salir libre”, comentó la hija de una de las víctimas.
Mientras el proceso legal sigue su curso, los colectivos exigen que el gobierno y las autoridades judiciales no olviden la memoria de las víctimas y que nunca más se repita una tragedia como la ocurrida en el Crematorio Plenitud.
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