La actividad delictiva en México evoluciona hacia un entramado diversificado y amplía su presencia territorial. Del lado institucional hay impunidad y debilidad por parte del grupo en el poder
Ciudad de México, 17/02/26 (Más).- El crimen organizado en México enfrenta una nueva etapa bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, marcada por la persistencia de estructuras criminales heredadas y por la adaptación constante de estos grupos a un entorno político y de seguridad en transformación.
El fenómeno, advierte un análisis reciente, rebasa con amplitud el narcotráfico y se ha convertido en un entramado delictivo diversificado y dinámico.
De acuerdo con un ensayo publicado por Small Wars Journal, el primero de una serie de tres entregas sobre las dinámicas del crimen organizado en el país, las organizaciones criminales han ampliado su extensión territorial, diversificado su estructura interna y demostrado una notable capacidad de adaptación frente a los cambios institucionales y políticos.
El estudio señala que la consolidación del poder político en torno al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) tras las elecciones de 2024, junto con la mayoría en el Congreso, abre posibilidades para reformas profundas en materia de seguridad y justicia. No obstante, la nueva administración recibe un escenario crítico: al cierre del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los homicidios acumulados superaban los 190 mil, reflejando uno de los periodos más violentos de la historia reciente.
El análisis subraya que factores como la impunidad, la corrupción y las debilidades en las instituciones judiciales y de seguridad continúan limitando los avances contra las redes criminales. Además, advierte que reducir el problema al tráfico de drogas resulta insuficiente, ya que delitos como la extorsión, el secuestro, el robo de combustible, el lavado de dinero y el tráfico de personas han ganado peso en múltiples regiones.
Esta diversificación responde, según el ensayo, a la presión política, a la militarización de la estrategia de seguridad y a cambios en las políticas migratorias, particularmente por la influencia de la agenda de Estados Unidos, que impacta directamente en las rutas de contrabando y trata de personas.
En el plano operativo, organizaciones como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) mantienen una posición dominante, aunque dentro de un ecosistema fragmentado que incluye células locales, facciones escindidas y grupos especializados en economías ilícitas regionales.
Un informe de Lantia Intelligence refiere que el Cártel de Sinaloa tiene presencia en más de 100 municipios, mientras que el CJNG opera en más de 350, lo que evidencia su amplia penetración territorial.
A la par, mafias regionales y bandas con arraigo local ejercen control sobre comunidades específicas, en ocasiones sin vínculos directos con cárteles transnacionales, lo que genera nuevas expresiones de violencia más complejas de enfrentar mediante estrategias tradicionales enfocadas exclusivamente en el combate al narcotráfico.
En materia institucional, el gobierno federal ha impulsado reformas como la elección popular de jueces y magistrados con el objetivo de fortalecer la legitimidad y la rendición de cuentas del Poder Judicial. Sin embargo, el planteamiento ha despertado inquietudes sobre la independencia judicial y la posibilidad de que intereses criminales influyan en los procesos.
El ensayo concluye que la administración actual deberá asumir que el crimen organizado no constituye una amenaza estática, sino un sistema adaptable que evoluciona frente a cada ajuste político y de seguridad, lo que exige respuestas integrales y sostenidas más allá del enfoque tradicional centrado en las drogas.
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