San Benito, Texas, 13/03/26 (Más).- Desde julio de 2025, el Gobierno de Estados Unidos ha concentrado en un único centro ubicado en San Benito, Texas, a todas las menores migrantes no acompañadas que llegan embarazadas al país, muchas de ellas víctimas de violación y algunas de apenas 13 años, en un contexto marcado por las estrictas restricciones al aborto vigentes en ese estado.
De acuerdo con información publicada por El País, más de una docena de niñas han sido trasladadas en los últimos meses a esta instalación fronteriza, situada en el sur de Texas, una de las entidades con las leyes más restrictivas del país en materia de interrupción del embarazo.
En teoría, las menores bajo custodia federal deben recibir una notificación conocida como Garza Notice, mediante la cual se les informa sobre sus opciones, incluido el aborto. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos civiles advierten que ese derecho podría verse limitado debido a las leyes estatales y al temor de los médicos a enfrentar consecuencias legales.
“Seguimos preocupados porque los médicos se negarán a practicar abortos por temor a ser procesados, algo que hemos visto ocurrir demasiadas veces desde que entró en vigor la prohibición”, señaló Sarah Corning, abogada de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU).
La decisión de enviar a todas las menores embarazadas a ese centro fue adoptada pese a las objeciones de funcionarios de salud de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), la agencia federal responsable de atender a menores migrantes no acompañados. La medida fue revelada en una investigación realizada por The Texas Newsroom y The California Newsroom.
Según Corning, cuando una menor bajo custodia desea interrumpir su embarazo y no puede hacerlo en el estado donde se encuentra, el Gobierno federal debe facilitar su traslado a otra entidad donde el procedimiento sea legal. Sin embargo, el 23 de enero la ORR presentó una propuesta para eliminar la norma que obliga a realizar esos traslados.
“Actualmente, las menores dependen de la atención médica para acceder a abortos fuera del Estado, así que esto podría significar que una joven que desee abortar sea informada de sus derechos, pero aun así no pueda acceder a la atención médica si la agencia se niega a facilitar el viaje”, explicó la abogada.
La propuesta se relaciona con una interpretación más restrictiva de la Enmienda Hyde, legislación de 1976 que prohíbe el uso de fondos federales para la mayoría de los abortos, salvo en casos de violación, incesto o peligro para la vida de la madre. Un portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) afirmó entonces que la intención de la política es “salvar vidas, tanto de estas niñas que cruzan la frontera embarazadas, como de sus bebés nonatos”.
Organizaciones defensoras de migrantes también han advertido sobre los riesgos sanitarios para las menores concentradas en el centro de San Benito, ubicado en el Valle del Río Grande, una región con acceso limitado a servicios médicos especializados.
Zain Lakhani, directora de Derechos de Migrantes y Justicia de la Women’s Refugee Commission, señaló que la preocupación va más allá del acceso al aborto y se relaciona con la atención médica durante el embarazo. “Concentrar a embarazadas en un Estado con estas leyes pone en riesgo su salud y, a veces, su vida”, afirmó.
La orden para trasladar a todas las menores embarazadas al centro fue enviada el 22 de julio de 2025 mediante un correo interno firmado por la directora interina de la ORR, Angie Salazar, por instrucción del jefe de gabinete del HHS, Matt O’Neill Levine. Hasta entonces, las adolescentes eran distribuidas en distintos centros del país, incluidos algunos especializados en embarazos de alto riesgo.
El centro de San Benito es operado por la empresa Urban Strategies y ha enfrentado críticas en el pasado por deficiencias en la atención médica y en la coordinación de seguimiento clínico para las menores bajo su custodia.
Especialistas en salud materna advierten que las adolescentes detenidas en ese centro enfrentan riesgos adicionales, ya que muchas llegan con desnutrición, infecciones de transmisión sexual o sin haber recibido atención prenatal, además del impacto psicológico de la detención. Aunque hasta ahora no se han reportado emergencias graves, funcionarios y expertos consultados por la investigación expresaron preocupación por la posibilidad de que ocurra una crisis médica en el futuro.
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