Ciudad de México, 13/03/26 (Más).- Más de 200 profesionales del mercado del arte criticaron la gestión del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) en torno al manejo de la Colección Gelman y acusaron a la institución de actuar con opacidad en los permisos otorgados para que parte del acervo salga de México para exhibirse en España.
De acuerdo con información publicada por El País, la polémica surgió luego de que se anunciara que alrededor de 160 obras de esta colección de arte moderno, integrada por más de 300 piezas, serán trasladadas a España para su custodia y exhibición en el centro cultural Faro Santander, administrado por el Banco Santander.
Entre las piezas del acervo se encuentran obras de artistas como Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, así como 18 pinturas de Frida Kahlo, varias de las cuales están protegidas por la legislación mexicana de patrimonio artístico, que obliga al INBAL a supervisar y autorizar cualquier salida del país.
La controversia se intensificó después de que curadores, investigadores y gestores culturales publicaran una carta abierta en la que señalaron que la institución podría estar incumpliendo su mandato al no transparentar las condiciones bajo las cuales se autorizó la exportación temporal de las obras.
Entre los firmantes del documento se encuentran figuras del ámbito cultural como Cuauhtémoc Medina, Ana Elena Mallet y Mónica Mayer, quienes pidieron a las autoridades culturales aclarar el futuro de la colección y las condiciones de los permisos concedidos.
En respuesta, el INBAL aseguró que ha actuado con el objetivo de proteger el acervo y señaló que los detalles del acuerdo fueron dados a conocer durante la inauguración de una exposición temporal de parte de la colección en el Museo de Arte Moderno de Ciudad de México, la primera muestra del conjunto en el país en más de dos décadas.
Durante ese evento, la directora del INBAL, Alejandra de la Paz, informó que se firmó un acuerdo entre los propietarios actuales de la colección, la familia Zambrano, empresarios originarios de Monterrey, y la Fundación Santander, que fungirá como figura de gestión para posibles itinerancias internacionales.
La funcionaria precisó que la autorización otorgada por el instituto tiene una vigencia de cinco años, con posibilidad de renovarse. También indicó que 28 obras cuentan con declaratoria de Monumento Artístico, lo que obliga a garantizar condiciones específicas de conservación.
Sin embargo, una segunda carta firmada por especialistas cuestionó que la información se hiciera pública en el marco de una inauguración privada, a la que solo se podía acceder por invitación. Los firmantes solicitaron que se publiquen los permisos de exportación correspondientes a las obras protegidas por la declaratoria de Monumento Artístico.
También plantearon dudas sobre quién recibió formalmente la autorización para sacar las piezas del país: si los propietarios de la colección o el Banco Santander, encargado de gestionarla, lo que –señalan– deja sin claridad quién será el responsable directo de su resguardo.
La Colección Gelman, reunida por el productor de cine Jacques Gelman y su esposa Natasha, ha estado envuelta en controversias durante décadas. Tras la muerte de la viuda en los años noventa, surgieron disputas legales entre posibles herederos y el curador estadounidense Robert R. Littman, quien fungía como albacea.
Durante años, el conjunto fue exhibido en museos internacionales mientras continuaban los litigios sobre su propiedad. En 2024, la casa de subastas Sotheby’s intentó vender varias piezas del acervo, incluidas obras protegidas por la legislación mexicana, lo que llevó al Gobierno mexicano a intervenir y detener la subasta.
En su posicionamiento más reciente, los especialistas sostienen que, tras el cambio de propietario, la colección podría haberse mantenido en México para el disfrute del público. “Las instituciones culturales del país deben velar por el cumplimiento cabal de la ley, y no fomentar el mal uso de la misma basándose en interpretaciones a modo que privilegian a un grupo empresarial sobre el resto de la ciudadanía”, concluye el documento.
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