Ciudad de México, 17/10/26 (Más).- México estableció nuevas obligaciones para las plataformas digitales con el objetivo de proteger a niñas, niños y adolescentes de la violencia, el acoso y los contenidos perjudiciales en internet. Sin embargo, a diferencia de otros países, el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) no contempla multas específicas para las empresas que incumplan las disposiciones.
De acuerdo con información publicada por Forbes México, el decreto entró en vigor el 14 de octubre y obliga a las plataformas a verificar la edad de sus usuarios, clasificar contenidos según la edad, reforzar la privacidad de las cuentas de menores e incorporar herramientas de supervisión parental.
Las empresas también deberán impedir la exposición de menores a contenidos relacionados con discursos de odio, violencia, abuso sexual, suicidio, autolesiones y ciberacoso. Entre sus obligaciones están retirar publicaciones que inciten a la violencia, habilitar mecanismos de denuncia y mantener un contacto disponible las 24 horas para atender solicitudes de las autoridades.
Las plataformas tendrán 30 días naturales para documentar e informar las medidas adoptadas para cumplir con el decreto. Asimismo, deberán conservar durante al menos 90 días hábiles la evidencia digital relacionada con cuentas o contenidos retirados. La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que su gobierno podría impulsar una ley complementaria con sanciones económicas si las empresas incumplen.
En Reino Unido, la legislación de seguridad en línea obliga a las plataformas a evaluar los riesgos de sus servicios, establecer controles de edad y reducir la exposición infantil a materiales perjudiciales. Desde julio de 2025, el regulador Ofcom puede imponer multas de hasta 10 por ciento de los ingresos mundiales pertinentes de una empresa o 18 millones de libras esterlinas, lo que resulte mayor.
Australia adoptó una medida más restrictiva: desde el 10 de diciembre de 2025, determinadas redes sociales deben impedir que menores de 16 años tengan cuentas. La responsabilidad recae en las empresas, que pueden enfrentar sanciones de hasta 109.2 millones de dólares australianos si no toman medidas razonables para cumplir. La norma no contempla multas para los menores ni para sus familias.
La Unión Europea aplica desde febrero de 2024 el Reglamento de Servicios Digitales, que obliga a las plataformas a proteger la privacidad y seguridad de los menores y a reducir los riesgos asociados con sus servicios. También limita la publicidad basada en perfiles dirigida a usuarios infantiles bajo determinadas condiciones. Las infracciones pueden sancionarse con multas de hasta 6 por ciento de la facturación anual mundial.
Brasil, por su parte, puso en vigor en marzo de 2026 el Estatuto Digital de la Niñez y la Adolescencia, que establece medidas de verificación de edad, protección de datos y seguridad desde el diseño de los servicios. Las sanciones pueden alcanzar 10 por ciento de la facturación del grupo económico en el país, con un límite de 50 millones de reales por infracción.
En Estados Unidos, la regulación federal se concentra principalmente en la privacidad infantil mediante la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Línea (COPPA). Esta norma exige obtener el consentimiento verificable de los padres antes de recopilar determinados datos personales de menores de 13 años y permite emprender acciones contra las empresas que incumplan sus disposiciones.
Otros países han encontrado obstáculos para restringir el acceso de menores a las redes sociales. En Francia, el Consejo Constitucional invalidó en agosto de 2026 una prohibición general para menores de 15 años, al considerar que afectaba de manera desproporcionada la libertad de comunicación. En España, el gobierno ha propuesto limitar el acceso a menores de 16 años, aunque varias medidas todavía requieren completar su proceso legislativo.
Las diferencias entre estos modelos muestran que algunos gobiernos priorizan las restricciones de edad, mientras otros se concentran en la supervisión de contenidos, la privacidad y las sanciones económicas. En México, el principal desafío será garantizar que las plataformas cumplan las nuevas obligaciones, ya que el decreto establece medidas de protección, pero deja pendiente la creación de un régimen específico de multas.
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