Las chatarreras vuelven a entrar a las escuelas

El Poder del Consumidor

Por Alejandro Calvillo

Este año, 2026, es el vigésimo aniversario de que México se convirtiera en la atención mundial de los expertos en salud pública al presentarse el crecimiento más acelerado de sobrepeso y obesidad en el mundo a través de la información generada en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2016. También, este año, se cumple el décimo aniversario de las declaraciones de emergencias epidemiológicas por obesidad y diabetes en México, el primer y único país en realizar un decreto de emergencias epidemiológicas por estas enfermedades no transmisibles.

Con base en esta realidad, en 2010 se establecieron los primeros lineamientos para alimentos y bebidas en las escuelas. Sin embargo, las grandes corporaciones de ultraprocesados y bebidas endulzadas usaron su poder para debilitar y volver inoperables estos lineamientos dirigidos a evitar la presencia de sus productos en las escuelas. En el proceso de aprobación de los lineamientos y de la consulta pública que se realizó, con el apoyo de la Secretaría de Economía, los lineamientos fueron destruidos, permitiéndole a las empresas mantenerse en las escuelas, solamente con productos en porciones menores; llegó la época de la “minichatarra” a las escuelas.

En 2026 lo están volviendo a hacer, ante los lineamientos de 2024, las corporaciones están poniendo en el mercado una serie de productos que publicitan para la lonchera escolar, para ser vendidos al interior de las escuelas. Violando la Ley y aprovechándose de vacíos, han puesto en el mercado productos que representan un daño a la salud y a los hábitos alimentarios de niños, niñas y adolescentes. Esta estrategia ya muestra un grave efecto de engaño a los tutores, padres, madres de familia y niños, niñas y adolescentes, que creen que al no contar con sellos y leyendas de advertencia son productos saludables.

Las autoridades tienen en la Ley todas las herramientas para mantener los entornos escolares saludables. La Ley no sólo les permite impedir la entrada a las escuelas de los productos que contienen sellos o leyendas de advertencia, también les permite impedir la entrada de los productos que considere no son saludables para la población escolar.