FGR, el eslabón más débil

Razones

Por Jorge Fernández Menéndez

El caso de los 59 millones de litros de combustible supuestamente ilegal que se había encontrado en una refinería en Guanajuato se ha caído en forma estrepitosa, luego de que la propia presidenta Sheinbaum lo citara como un decomiso histórico. La empresa demostró que contaba con todos los permisos para operar como lo hacía desde hace años, mientras que también el combustible decomisado, parte del cual era de la empresa estadunidense Exxon, era legal. Al mismo tiempo, confirmando que se trataba de una venganza política que no estaba sustentada en pruebas sólidas, una jueza otorgó la libertad a Ernesto Ruffo para que pudiera dejar el penal del Altiplano y seguir su proceso en libertad domiciliaria. En un acto que en nada la enaltece, la FGR decidió hacer el traslado de más de 3 mil kilómetros del Altiplano a Mexicali, por tierra, con un adulto mayor enfermo y debilitado por la prisión. Se podrá o no simpatizar políticamente con Ruffo, yo soy muy crítico con el exgobernador, pero hay que insistir en que no había pruebas para su detención y menos para recluirlo en el Altiplano.

Mientras tanto, el caso de huachicol fiscal que involucra a los hermanos Farías Laguna, a otros mandos de la Marina, incluyendo al exsecretario, el almirante Rafael Ojeda y a muchos otros, desde el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, hasta Andy López Beltrán, está congelado por los riesgos políticos que implicaría llegar al propio expresidente López Obrador. 

En el caso del montaje realizado por la fiscalía estatal de Sinaloa por el asesinato de Héctor Melesio Cuén, no hay noticias, a pesar de que existen delitos evidentes, mucho menos de la investigación sobre la extracción de Ismael El Mayo Zambada. Nada debilita más la soberanía que a dos años de esos hechos no se sepa qué pasó… o no se quiera saberlo.

De 67 mil detenidos por delitos de alto impacto, la mayoría de ellos relacionados con el crimen organizado, sólo 37 mil permanecen detenidos, la mayoría sin condena.

Los casos paradigmáticos que ha asumido la FGR en los últimos años están todos sin resolver: el sábado se cumplió un aniversario más del caso Ayotzinapa, con la liturgia correspondiente de marcha y vandalismo, y hoy se dará a conocer un nuevo informe que tratará de exhibir nuevas evidencias, que no son tales, porque al final se debe volver siempre, con algún matiz diferenciado, a la verdad histórica. 

El caso Odebrecht y de Emilio Lozoya, al que se le dio tanta trascendencia, continúan siendo expedientes sin avance sustantivo ni desenlace penal firme. Agronitrogenados, ligado al mismo universo de investigación de Lozoya, permanece sin resolución. La llamada Estafa Maestra ha palidecido ante los casos de corrupción descubiertos en los años de la 4T, pero no ha recuperado el dinero presuntamente desviado y no existe una cadena de sanciones penales firmes. Más grave aún es el caso de Segalmex, con malversaciones por más de 12 mil mdp y sin claridad sobre sus responsables, comenzando por su director, Ignacio Ovalle, que fue políticamente indultado de todo delito por López Obrador. Peor aún, Segalmex esta en la mira de la justicia de Estados Unidos por sus negocios con Alex Saab, el lavador de dinero de Nicolás Maduro, convertido en colaborador de la justicia de ese país. Mientras tanto, los narcopolíticos se pasean por los pasillos del poder, escudados en la bandera de una falsa soberanía.

El patrón es el de una Fiscalía que no logra cerrar investigaciones complejas ni convertirlas en sentencias. Y muchos menos que investigue con autonomía casos que involucren a personajes relacionados con el poder. Eso genera dos consecuencias evidentes: víctimas sin reparación y redes de corrupción o violencia sin castigo. 

La FGR es el eslabón más débil de toda la cadena de justicia y seguridad en el país y, en buena medida, lo es porque ha perdido, hasta en las formas, la autonomía que requiere frente al poder: Ernestina Godoy está rebasada por la realidad. Una vez más, el esquema de 90 por ciento de lealtad y 10 por ciento de capacidad daña hasta al propio modelo que busca defender.

JUCHITÁN

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara hizo lo que tenía que hacer ante el encarcelamiento del presidente municipal Miguel Sánchez Altamirano, relacionado con el CJNG, extorsionador y desfalcador de las arcas municipales: desaparecer el ayuntamiento y nombrar nuevas autoridades, al tiempo que “renunció” Emilio Montero Pérez, quien fue el anterior presidente municipal de Juchitán. Sánchez Altamirano fue su secretario particular y luego, secretario técnico del ayuntamiento, antes de asumir la presidencia municipal interina en noviembre de 2022. La limpieza debe continuar, todo está demasiado contaminado.