Por Miguel Villarello
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Coahuila cerró el 2021 con poco más de 8 mil 400 denuncias relacionadas con la violencia, en sus distintos matices, en contra de las mujeres, y sólo 17 casos específicamente que tienen que ver con feminicidios; sin embargo, el encierro por pandemia y el estrés siguen propiciando el incremento de casos de violencia contra las mujeres.
Un feminicidio no es lo mismo que el homicidio de una mujer, en este caso de violencia de género, de acuerdo con el Código Penal del Estado, incluso intervienen algunas variables, en la mayoría de los casos el detonante es la violencia emocional o psicológica que, al subir de nivel, pasa a agresión física, de ahí a la violencia y, si no hay un control, se llega al extremo de cometer el homicidio o feminicidio.
De acuerdo con el Código Penal de Coahuila de Zaragoza, el Artículo 182 define al homicidio como a quien dolosamente prive de la vida a otra persona y sólo puede ser doloso o culposo; la pena va de los 7 a 16 años de prisión y multa.
Por su parte el Artículo 188 define el tipo penal complementado de feminicidio como aquel en que se prive de la vida a una mujer por razón de género y contempla prisión de 40 a 60 años y multa.
Para ello deberá contener ciertas circunstancias, como que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo, se le hayan infligido una o más lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes en zonas genitales u otra, existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia o discriminación por género en el ámbito familiar, laboral o escolar.
Que también haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza, así como tratar de re-establecer una relación de pareja, sexual o de intimidad con la víctima, que existan evidencias de amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones, que la víctima haya sido incomunicada y que su cuerpo sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público.
ESTADÍSTICA
Liberto Hernández Ortiz, fiscal de Investigaciones Especializadas Atención y Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía General del Estado, emite las cifras correspondientes al cierre del 2021.
Sobre este registro no se tienen datos de en qué lugar se colocaría a Coahuila a nivel nacional, reconoce: “pero es una cantidad en comparación con otros estados de la República, es bajo el índice o número de feminicidios que tenemos en el estado de Coahuila”.
Incluso afirma que ya se han dado sentencias históricas o ejemplares, al respecto comenta: “efectivamente llegamos a tener una sentencia en donde se dan varios delitos el secuestro, el ocultamiento del cadáver y la muerte de la víctima donde se dio una sentencia de 156 años”.
¿Cómo ha sido el año en materia de feminicidios?, se le pregunta y reconfirma que se cierra con 17 feminicidios, de ellos 14 se encuentran judicializados, pero es importante mencionar que esos 14 han sido con reo presente, los otros 3 han sido detenidos en flagrancia”.
“Y los municipios donde tenemos estos números han sido en Saltillo 3, Torreón 4, Acuña 2, Ramos Arizpe 1, Sabinas 2, Monclova 1”, son los que recuerda y que suman los 17 hasta finales de 2021 los feminicidios ocurridos aquí en el estado.
En comparación con años anteriores, sostiene que el comportamiento ha sido a la baja, que en 2020 se cerró la estadística con 24 feminicidios y en 2019 con 25 casos.
Esto se relaciona con la violencia hacia las mujeres, el comportamiento estadístico, comenta Liberto Hernández, ya que hay un centro de atención de violencia contra las mujeres.
Por lo que el funcionario dice que en los Centros de Justicia y Empoderamiento de la Mujer con que cuenta la Fiscalía en el estado: “hemos cerrado hasta octubre con 8 mil carpetas de investigación de las cuales mil 600 han sido judicializadas y mil 600 también han sido por los agentes del ministerio público otorgadas las medidas de protección”.
“Esto es muy importante, es decir, hablar de las medidas de protección porque hay casos muy graves en donde los jueces de control nos han otorgado, nos han ratificado estas medidas cuando nosotros en las mesas que tenemos en los centros de justicia y empoderamiento, de alto riesgo, precisamente le damos una prioridad a los juicios”, añade.
Se hablaba de que eran tantas las medidas cautelares dictadas en favor de la protección de la mujer víctima por parte de los jueces penales que se habían incluso acabado los brazaletes de localización colocados a los victimarios, se le comenta y responde que sí.
“En efecto, nosotros tenemos algunos asuntos que todavía no han sido judicializados, están pendientes precisamente porque nosotros lo que hacemos en estos casos es cuando no son muy graves suspender el procedimiento”, explicó.
“Suspender para efecto de terminar con los mismos precisamente porque los centros están ya casi saturados de muchas denuncias que se han presentado, son un total de 8 mil 600 denuncias el total de todo el estado sólo en el rubro de violencia, de distintos matices, en contra de las mujeres.
Siendo Saltillo, Torreón y Piedras Negras los que más reciben estos casos de violencia familiar y contra las mujeres; y claro que sí ha influido en este repunte la pandemia.
Bajó un poco -reconoce-, pero una vez que ya tuvimos semáforos verdes fue cuando ya más se incrementó la denuncia por hechos de violencia”, expuso.
Lo anterior en el caso de feminicidios, pero en caso de homicidios de mujeres en el año anterior no se tiene el dato, reconoce: “porque cuando nosotros tenemos noticia de la muerte de una mujer inmediatamente activamos el protocolo de feminicidio, no sabemos si hay razones de género o no las hay, por eso la Fiscalía General del Estado inmediatamente estamos presentes en el lugar de los hechos a través de las áreas especializadas que tenemos”.
“Pero después, cuando descartamos que no se dan ninguna razón de género, es precisamente la delegación, la unidad de feminicidios quien se encarga de llevar este asunto, acuérdese que el Código Penal dice que cuando no se dé la figura del feminicidio pues se aplican las reglas del homicidio”, concluye.
VIDEO-CASO
Al respecto viene al recuerdo un caso de violencia en Monclova donde una mujer fue atacada por su exmarido en una pescadería.
El caso trascendió en las redes sociales a través de un video que en su momento se hizo viral y del que el Fiscal de Investigaciones Especializadas de la FGE respondió que al momento de la entrevista la FGE analizaba los videos.
“Porque uno, el que se hizo viral, es de 2018 cuando ella presentó la denuncia en el Centro de Justicia y Empoderamiento de la ciudad de Frontera, pero ya no acudió a ratificar, ahí se quedó, de tal manera que el juez cuando judicializamos de nueva cuenta con los elementos que teníamos, nos manifestó la prescripción de dicha carpeta de investigación.
Ahorita nosotros estamos en apelación con relación a la resolución dictada por el juez y en relación con la otra denuncia, porque son dos, la segunda más reciente, también está ya judicializándose, es decir, está en trámite”, comentó.
¿La interpone la víctima o la contraparte?, se le cuestionó y declaró que: “la pone la contraparte, una de ellas también aportando un video, cuando llega ella a la pescadería y la otra también la pone ella, es decir, ella tiene dos denuncias interpuestas y él tiene una”.
JUZGADOS
Al momento de urgir a la federación a otorgar recursos suficientes para el avance de la justicia en Coahuila, contar con más jueces, ministerios públicos y abogados de oficio para mejorar la impartición de justicia en el aspecto de disminuir la violencia de género, el magistrado presidente del Tribunal de Justicia, Miguel Mery Ayup, habla del rezago del sistema tradicional penal.
Sistema en el que existen algunos expedientes o casos que tienen que ver con homicidios de mujeres y feminicidios en la entidad.
Y afirma que en 2020 se tomó la decisión y se presentó ante el Consejo de la Judicatura: “de que los juzgados tradicionales de Piedras Negras y Torreón se vinieran a un sólo juzgado tradicional en Saltillo, lo cual eliminó costos de jueces que ya solamente veían asuntos tradicionales y con una sola juez tradicional estamos tratando todos los asuntos del estado que se quedaron en el sistema tradicional, que cambió a la oralidad en lo penal a partir del 2018”.
“Los llevamos en tiempo y forma, el juzgado está a las afueras del Penal Varonil en Saltillo en instalaciones del Poder Judicial que no cuestan, se realiza con pulcritud y prontitud el cierre de esos asuntos para la mejora de impartición de la justicia”, asevera.
El proyecto para dejarlo en ceros, sin embargo, sería hasta finales del 2022 aproximadamente, porque algunos de estos procesos tienen amparos y los amparos tardan en resolverse por lo menos un año y medio en promedio: “por eso no se pueden cerrar los casos, lo que sí se ha podido hacer es trabajar con menos personal y distribuir administrativamente”.
Derivado de ello, recalca, pero damos celeridad al cierre de los asuntos tradicionales, de manera tradicional también tengo dos juzgados tradicionales en el juzgado de Saltillo en el sistema familiar, algunos casos tienen que ver con violencia familiar, pero debemos ir cerrando.
Sostiene que en diciembre puso en marcha un modelo mediante el cual se quedaría con un tradicional familiar: “y el juez que me queda incorporarlo al sistema de oralidad, lo cual despresurizaría los juzgados como el Primero Familiar que tiene una altísima carga de juicios en materia familiar”.
Pero en la cuestión penal se le requiere el porcentaje de cuántos asuntos faltan de cerrar y comenta que: “fácilmente llegamos a los mil asuntos entre los de Torreón que eran dos juzgados tradicionales, el juzgado de Saltillo y el de Piedras Negras; por ello pienso que llegamos a los mil asuntos que tramitamos todavía en el sistema tradicional”.
“Pero vamos cerrando pues algunos asuntos ya sólo resta cerrarlos formalmente, otros siguen en litigio, con amparos y otros que están en trámite”, recalca finalmente.
PREVENCIÓN
Por su parte el Fiscal General del Estado, Gerardo Márquez Guevara, aborda las cifras en lo general en cuanto a homicidios, violencia en general, y sostiene que las cifras van a la baja, que bajaron en 2021.
A finales de noviembre el Sistema de Seguridad Nacional presentó a Coahuila como el segundo estado con menos homicidios en todo el país, Yucatán en primero y en seguida Coahuila.
El procurador de justicia estatal recuenta que hasta finales de noviembre se contabilizaban 135 homicidios “contra 208 del mismo período del 2020”.
“Esto es una cifra muy lamentable, 135 son muchos homicidios, la pérdida de la vida es lamentable”, reconoció en ese mes durante una entrevista.
“Pero son números que no habíamos visto en 12 o 13 años, desde el año 2010 no vemos estos números, lo que implica que las dependencias de seguridad y justicia están haciendo las cosas bien en forma coordinada y esto ha permitido la contención de los delitos, pero además la reducción de estos.
En los homicidios intervienen armas de todo tipo, pues no hay una clasificación, pero vemos una conversión de los que nosotros hemos clasificado como relacionados con la delincuencia organizada”, agrega.
Entonces cita cifras de homicidios, pero relacionadas con la delincuencia organizada y que son referentes a las bajas que sufren los delincuentes a raíz de los enfrentamientos: “ha bajado, tenemos alrededor de un 30 por ciento los homicidios por este concepto cuando antes eran del 65 por ciento, vemos que las muertes se dan en términos ordinarios como se les denomina, es decir, riñas, aniversarios agrarios, etcétera”.
Incluso en un evento, a finales de noviembre, con motivo del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres y el reto que representa la lucha contra la violencia de género, se realizó un conversatorio sobre las buenas prácticas en psicología forense.
Ahí el fiscal refrendó el compromiso de la protección integral de mujeres y niñas que viven la violencia de género.
Durante ese conversatorio en el que se detectaron ciertas pautas para identificar áreas de oportunidad para mejorar la atención a las víctimas de este tipo de delito, Márquez Guevara refrendó el: “compromiso con las mujeres y niñas coahuilenses para establecer una atención empática, responsable y eficaz y objetiva a las víctimas de la violencia de género y a favor de la protección integral de sus derechos por parte de las áreas de la FGE que intervienen en la procuración de justicia”.
“Por ello seguiremos trabajando por una mayor protección de las mujeres y niñas consolidando acciones y desarrollando nuevos mecanismos de protección y defensa para que las mujeres hagan efectivo el derecho al acceso a una vida libre de violencia”, aseguró entonces.
150 AÑOS
El caso sucedió a mediados del 2019 donde una pareja discutió y terminó en el femicidio de la mujer, así lo clasifico la Fiscalía pues semanas después del hecho su cuerpo desmembrado fue localizado en una populosa colonia al poniente de Saltillo.
Lo anterior a raíz del reporte de desaparición de su hija, de nombre Gabriela, por parte de su familia y que permanece en calidad de desaparecida puesto que la totalidad del cuerpo no ha sido localizado aún.
De acuerdo con datos de medios de comunicación el fatal hecho se desarrolló en una casa ubicad en la colonia La Valencia, ubicada al poniente de la capital coahuilense.
Aunque distanciados momentáneamente, ahí habitaba la joven pareja formada por Gabriela y Francisco, cierto día de agosto del 2019 la ama de casa declaró un testigo durante el juicio, recibió amenazas verbales de Francisco de que terminaría con su vida si acudía al lugar, puesto que ese día realizaba una reunión con sus amigos.
A pesar de la amenaza la mujer acudió a la vivienda, ya de noche inició una discusión con su pareja, la cual, de la violencia psicológica pasó a la agresión violenta que resultó en el homicidio de la joven Gabriela y cuyos padres reportaron su desaparición e iniciar su búsqueda.
A los pocos días, luego de un hallazgo de partes del cuerpo de la desafortunada mujer, las autoridades reclasificaran el hecho como feminicidio por la saña y crueldad con que el imputado lo habría cometido, pues llegó al grado de desmembrar el cuerpo para desaparecer las evidencias arrojando los restos en distintos puntos cercanos a la colonia.
El caso, no obstante, la pandemia fue reabierto hasta 2021 bajo el expediente 1686/2018-19 cuando a Francisco se le imputaron los hechos y se le vinculó a proceso por el delito de feminicidio, secuestro con la finalidad de hacer daño, ocultamiento o destrucción de cadáver y restos.
El Juicio se extendió por varios días, Francisco fue sentenciado culpable y le otorgaron una condena de alrededor de 150 años de pena carcelaria; mientras que hasta hoy Gabriela sigue en calidad de desaparecida ya que algunas partes de su cuerpo siguen sin ser encontradas.
9 DE CADA 10
En cuanto a la violencia de género y sus incrementos en la actualidad la directora general de Investigaciones Especializadas de la FGE, Martha Rosario Rivera Hernández, emite su versión.
Inicia con datos reveladores: el 100 por ciento de los casos conllevan violencia psicológica, hay unas 8 mil 400 denuncias de violencia en contra de las mujeres en los Centros de Justicia de Coahuila, de cada 10 mujeres 9 sufren violencia todos los días, pero el 100 por ciento de ellas ha sufrido violencia de diversos tipos.
“Hay casos en los que es más evidente, por ejemplo, donde no hay un golpe o no hay una interacción física, pero hay palabras, insultos, que también se dan, sin embargo, un 100 por ciento de los casos conllevan violencia psicológica”, dijo.
Entre los diferentes tipos de violencia contra las mujeres, la fiscal se va con la psicológica como la más utilizada: “de hecho, la violencia familiar que vemos en las unidades especializadas que están al interior de los Centros de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres y en las unidades que atienden violencia para las mujeres vemos la violencia familiar”.
“Creo que no hay un solo caso que no lleve violencia psicológica, porque se hace la clasificación para no dejarla fuera al momento de exponer al juez y decirle que la violencia consistió en este hecho y abarca violencia, no siempre física, porque no siempre ocurre.
Pero siempre hay una violencia psicológica, el simple hecho de saber que puedes ser violentada, de decir: ‘ya llegó (el agresor), ya se enojó o ya hizo el gesto que me indica que está molesto’, eso ya psicológicamente me influye a mi como mujer”, declaró.
La especialista explica que hay casos en los que es más evidente, por ejemplo, donde no hay un golpe o no hay una interacción física, hay palabras, insultos: “también se da, pero el 100 por ciento de los casos conllevan violencia psicológica”.
Desmintió, no obstante, el que haya casos que se judicialicen por solamente violencia psicológica, específicamente no, porque el delito es el de violencia familiar, que se traduce en hechos de violencia psicológica, hechos de violencia física, etcétera.
“El código nos reconoce o señala la violencia física, emocional, psicológica, patrimonial, económica, obstétrica, pero, aun así, si nos ampliamos a tratados internacionales en los que también podemos encontrar otro tipo de violencia que está muy normalizada y que es la violencia vicaria, que es cuando utilizamos a los hijos para hacer daño a la pareja sobre todo los hombres cuando utilizan a los hijos para hacer daño a su pareja”.
¿En cuales casos, cuando hablamos de la alienación parental, no es un delito como tal?, se le inquiere y contesta que: “sí es un mecanismo de violencia que debemos tomar en cuenta”.
“Las sustracciones de menores que se consideran mínimas, porque dicen está con su papá, pero recordemos que nivel mundial ha habido muchos casos en donde pasan años antes de que las mujeres puedan volver a ver a sus hijos.
Incluso en donde se han cometido homicidios y feminicidios, a estas hijas e hijos que son sustraídos por su padre”, añade.
“Entonces son casos muy graves que tenemos que ir atendiendo y dándoles la importancia de vida para que dejen de ocurrir y el empezar a fomentar maneras más pacíficas de resolver problemas”, propone.
“Con el fin de no trasladarnos a estos actos de violencia extrema o violencia feminicida que afectan primeramente a la familia y a la sociedad en su contexto”, sentenció.
Rivera Hernández expresa que hay poco más de 8 mil 400 denuncias de violencia en contra de las mujeres en los Centros de Justicia de Coahuila.
De ellos ¿cuántos se podría decir que contienen el ejercicio de la violencia psicológica?, se le pregunta.
Y explica que debe de ser, tomando en consideración el ingrediente de la violencia psicológica que todos llevan, pero que son casos únicamente con violencia psicológica, deben ser aproximadamente entre el 30 y 40 por ciento y casi todos conllevan violencia física y además si nos vamos al contexto, a lo mejor de la violencia económica, que es el que no tengo acceso al recurso para solventar necesidades.
“O a la violencia patrimonial que es que no tengo acceso a mis bienes, entonces eso también psicológicamente me incide, de hecho, toda la violencia genera resultados en las víctimas, temor, vergüenza, alejamiento social, aislamiento, cambia incluso físicamente sobre todo cuando hay celotipia para que no piense que está queriendo como coquetear con alguien más”, mencionó.
Afirma por ello que: “también tenemos casos más graves en los que podemos encontrar demacración, cuestiones como somatizaciones que empieza a generar pérdida del cabello, adelgazamiento o aumento en el peso, todo esto es lo que se debe tomar en consideración al momento de identificar la violencia”.
Va al tema de los servidores públicos relacionados con las carpetas de investigación en cuanto a la violencia contra las mujeres y sostiene que: “sí hemos tenido casos de carpetas de hombres que han estado relacionados con la violencia contra las mujeres”.
“Muchos de ellos todavía no tenemos casos sentenciados, lo cual no nos permite el poder hablar directamente de ellos, pero sí, sí ha habido”, afirmó.
Derivado de eso advierte que la violencia es universal, es uno de los casos que no distingue actividad o cuestiones como factores económicos, sociales, de jerarquía, es algo universal y a todos los seres humanos nos afecta.
“Este tipo agrava el hecho de que haya familia de por medio, es decir, agrava si se utiliza el puesto o cargo para ejercer violencia, sí, pero si se ejerce la violencia sin este contexto de aprovechar el cargo entonces se va de manera normal”, dijo.
Cuenta que este tipo de casos se toman en cuenta cuando se trata de miembros de seguridad, del Ejército, de la Fuerza Aérea, la policía que tienen acceso a otras cuestiones como armas, aspectos de seguridad, conocer cuáles son las leyes e incluso pueden dedicarse a la investigación de delitos.
“En ese caso el Código y los protocolos dicen de otras medidas como, primero, el retirar el armamento, cambiar la actividad a una cuestión de oficina o administrativa, no tanto de investigación o no realizar patrullajes o de miembros del ejército que sean acuartelados mientras se desarrolla el proceso.
Y en ese tenor la gran mayoría de los afectados son mujeres en proporción de 9 a 1, o sea, de cada 10 mujeres, 9 sufren violencia todos los días.
Y el hecho de que esas 9 sufran violencia todos los días no siempre son las mismas, probablemente hoy tuve yo la mala suerte de no ser violentada, pero mañana no; pero tenemos que hablar de que el 100 por ciento de las mujeres ha sufrido violencia y que son violencias diferentes”, comentó.
Por ello precisa que: “no te puedo decir que nunca he sido violentada porque nunca alguien me ha pegado, pero eso no quiere decir que no haya sufrido violencia en algún otro ámbito”.
“A lo mejor un comentario de ‘bueno te doy chanza porque eres mujer, bueno te justifico o a ti no te doy un aumento porque eres mujer’, es más, cuestiones más cotidianas, cuando en algún semáforo no nos gusta cómo alguien maneja y decimos ‘tenía que ser mujer’, son esas violencias las más sutiles, las que no identificamos, pero van permeando y que afectan y suben de nivel”, sentenció.
Y les da el denominador de: “micro violencias, y la suma de éstas nos van convirtiendo en una sociedad que va violentando a las mujeres y en eso hay que trabajar más”.
Finalmente, Martha Rosario Rivera Hernández retoma los feminicidios y dice que Coahuila cerró el 2021 con 18 casos de feminicidio algunos de los cuales ya se judicializaron y están en proceso.
“Pero en este caso hablamos de víctimas indirectas y son familia, padres, madres, hijos, no tenemos contabilizados cuántos porque es difícil, sin embargo, sí se cuentan con estadísticas porque, por ejemplo, en un caso de feminicidio afecta a toda la familia de ambos involucrados, víctima y victimario”, mencionó.
HOMICIDIO Y FEMINICIDIO
En cuanto al Código Penal del Estado de Coahuila ordena, en primera instancia en su Artículo 13, la prisión preventiva oficiosa ante la figura de homicidio en modalidades como homicidio doloso, simple o calificado, inclusive el cometido en riña con carácter de provocador o bajo emoción violenta, así como los delitos de feminicidio, parricidio, matricidio, filicidio, fratricidio y otros homicidios complementados por vínculos familiares.
Ejemplo de ello es el Artículo 182, que indica que el homicidio sólo puede ser doloso o culposo y que se impondrán de siete a 16 años de prisión y multa, a quien dolosamente prive de la vida a otra persona.
Por su parte el Artículo 188 establece que el tipo penal complementado de feminicidio se considera que existe razón de género cuando concurra cierto tipo de circunstancias y que se aplicará prisión de 40 a 60 años y multa a quien prive de la vida a una mujer por razón de género.
En cuanto a la existencia de razones de género dictamina que cuando concurra cualquiera de las siguientes siete circunstancias: Presente signos de violencia sexual de cualquier tipo, previa o posterior a la privación de la vida de la víctima; se le haya infligido por el sujeto activo una o más lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes en zonas genitales o en cualquier otra.
Que existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia o discriminación por género en el ámbito familiar, laboral o escolar contra la víctima; que haya existido entre el agresor y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza además de la pretensión de establecer o restablecer una relación de pareja, sexual o de intimidad con la víctima.
Asimismo, que existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones; que la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida; que su cuerpo sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público.
No obstante, advierte el Código Penal que en caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio.
Y advierte que al servidor público que con motivo de sus funciones conozca del delito de feminicidio y por acción u omisión realice prácticas dilatorias en la procuración y administración de justicia se le impondrán de cinco a diez años de prisión, de 500 a mil días multa e inhabilitación del cargo o comisión que desempeñe de cinco a 10 años.
El Artículo 189 aborda otros tipos de homicidio: parricidio, matricidio, filicidio, fratricidio y otros homicidios complementados por vínculos familiares y a los cuales, de comprobarse, al imputado se le impondrán de 10 a 25 años de prisión, multa y pérdida de los derechos que tenga respecto a la víctima a quien dolosamente prive de la vida a su ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, hermano o hermana, adoptante, adoptado o adoptada con conocimiento de esa relación.
Por ello y ante tanto ataque de género, las autoridades y colectivos cívicos apuntan sus baterías a la reducción de incidentes por medio de la prevención, encontrar maneras más pacíficas de resolver problemas y la denuncia de hechos violentos contra la mujer, además del castigo ejemplar contra los agresores.
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