La soberanía como pretexto

Adela Navarro Bello

 ¿Estados Unidos ha intentado tener autoridad en México para presionar a un partido político en el poder para modificar la Ley y crear nuevas a conveniencia?, no lo creo. Ni se ha visto tal intención, ni autoridades y sociedad mexicana lo permitirían. ¿Estados Unidos ha intentado administrar la justicia en territorio mexicano? Tampoco, en todo caso haciendo uso de sus leyes y en su territorio sí han procesado a varios mexicanos que delinquieron a nivel binacional, particularmente en el tema del tráfico de drogas, pero su justicia la acometen en su país, con sus leyes, con sus jurados, con sus fiscales, con sus acusaciones y sus sentencias bajo su debido proceso.

Vaya, ni siquiera cuando el Presidente de aquel país amaga con “acordar” intervención de sus corporaciones para que en territorio mexicano combatan de manera conjunta con las mexicanas, al narcotráfico y los líderes y miembros de los cárteles, ha pasado de una narrativa electoral a un hecho consumado. De hecho, el Presidente de la Unión Americana ha afirmado que así se lo ha planteado a la Presidenta mexicana, y ella ha confirmado dicha información y además ha compartido su respuesta. No está de acuerdo y no cederá a la presión, ligera hasta eso, de Trump; vaya, y es evidente que este último, al menos en la actualidad, está en el entendido de que México no es Venezuela en ese sentido.

Pero, pese a que la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, ha confirmado las peticiones del presidente vecino para hacer trabajos en conjunto, fuerzas armadas o corporaciones de aquel país, con fuerzas armadas o corporaciones mexicanas, y que ella ha respondido que no, a pesar de eso, cuando se trata de defender a los suyos, o a los extraños, justifica su reacción con la soberanía mexicana. 

La Presidenta se ha definido como una defensora a ultranza de la soberanía de México, particularmente en tres casos que nada tienen que ver con un atentado al país, con una intervención extranjera, una invasión: la detención en Estados Unidos en julio de 2024, del narcotraficante más impune en México, y más buscado en Estados Unidos,  Ismael Zambada García, «El Mayo»; la colaboración de cuatro agentes de la CIA con elementos del Ejército y de la Agencia Estatal de Chihuahua en abril de 2026, cuyo apoyo se supo luego que en un accidente, fallecieran dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, y ahora, a finales de abril, por la investigación que el Departamento de Justicia de la Unión Americana, presentó y le fue aceptada en el Corte de Distrito Sur de Nueva York, que tiene como indiciados a una red de políticos, policías y militares, encabezados por el Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien se vio obligado a retirarse del cargo ante la presión social de ser señalado como protector del ala de los Chapitos del Cártel de Sinaloa, junto a nueve de sus colaboradores y excolaboradores.

La defensa de la soberanía se ha convertido en la moneda de cambio en la narrativa presidencial para defender a los suyos, atacar a la oposición, y beneficiar a otros. Porque en ningún momento un gobierno extranjero ha pretendido entrar al país para gobernarlo o intentar incidir en la gobernanza, ha habido propuestas que no han sido aceptadas, e investigaciones fuera de México que señalan presuntos responsables, y un apoyo de una corporación a otra en un Estado fronterizo.

Pero la Presidenta utiliza la defensa a ultranza de la soberanía en una concepción extremista de su verdadero significado y práctica. Y también lo hace a conveniencia. A la panista Maru Campos, la Gobernadora de Chihuahua, pretende su partido Morena hasta hacerle un juicio político, llamarla a cuentas al Poder Legislativo y abrirle no una sino dos investigaciones porque un cuerpo policíaco estatal aceptó la ayuda de una agencia de los Estados Unidos que cuenta con equipo especial, drones en este caso, para desmantelar un laboratorio clandestino del cártel de Sinaloa. Pero cuando ese mismo país, en una investigación que lleva años, señala a un Gobernador de Morena de coludirse con una célula del cártel de Sinaloa, nadie lo llama a cuentas, la presidenta le da el respaldo político, el legislativo lo apoya, los gobernadores de Morena salen en su defensa, pero paradójicamente, la doctora Sheinbaum alega la misma intromisión, la soberanía mexicana. Nadie, pues, le dirá aún sea investigación allende las fronteras, quien es sospechoso y menos de su mismo partido. Lo cual, paradójicamente otra vez, no aplica a 93 personas que su gobierno ha extraditado a los Estados Unidos para ser juzgados allá, en investigaciones como la que le abrieron a Rubén Rocha Moya.

La soberanía, también se utiliza con un doble rasero, para sancionar “el secuestro” de Ismael Zambada García, para sancionar a la Gobernadora de Chihuahua, y para exculpar al Gobernador de Sinaloa. Quien en la ignominia política, optó por la licencia, dejar el cargo y decir, que llevará su proceso, aunque el gobierno de México no lo ha detenido de manera provisional como el de Estados Unidos lo solicitó formalmente, y como sí lo hace con narcotraficantes, incluso con un hijo del «Chapo», Ovidio Guzmán, quien fue aprehendido y entregado a los Estados Unidos, para no ser juzgado en México.

En materia política, la defensa a ultranza de la soberanía, aun en una concepción un tanto tendenciosa, tiene secuestrada la justicia, la misma que en muchos casos: las víctimas, sobre todo del narcotrafico, sólo encuentran en otro país y lamentablemente no en el propio.