La reconciliación

La salida de Betssy Chávez rumbo a México destrabó uno de los principales obstáculos para normalizar los vínculos diplomáticos entre Lima y Ciudad de México, deteriorados desde 2022. El gobierno de Keiko Fujimori otorgó el salvoconducto a la exprimera ministra, condenada por su participación en el intento de autogolpe de Pedro Castillo, aunque Perú mantiene abierta la posibilidad de solicitar su extradición

Lima, Perú, 08/08/26 (Más).- Perú y México restablecieron sus relaciones diplomáticas después de nueve meses de ruptura formal y casi cuatro años de tensiones políticas, en una decisión que permitió destrabar el caso de la ex primera ministra peruana Betssy Chávez, quien permanecía en la sede diplomática mexicana en Lima y recibió finalmente un salvoconducto para viajar a México.

De acuerdo con información de El País, Chávez salió del Perú durante la madrugada del viernes con destino a Ciudad de México, después de que los gobiernos interinos de Dina Boluarte, José Jerí y José María Balcázar se negaran durante nueve meses a concederle el documento que le permitiera abandonar la embajada mexicana.

Chávez fue condenada a 11 años, cinco meses y 15 días de prisión por ser considerada coautora del intento de autogolpe encabezado por el expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022. Su permanencia en la sede diplomática mexicana se convirtió en uno de los principales puntos de conflicto entre ambos gobiernos.

La entrega del salvoconducto fue una de las primeras decisiones relevantes de la administración de Keiko Fujimori, quien asumió la Presidencia de Perú hace menos de dos semanas. La mandataria afirmó que uno de los objetivos de su gobierno era recuperar las relaciones con México y sostuvo que su administración actuará bajo criterios institucionales y de respeto al Estado de derecho.

La decisión, sin embargo, generó críticas entre sectores políticos cercanos al fujimorismo. Congresistas de agrupaciones de derecha cuestionaron que el restablecimiento de las relaciones implicara la salida de Chávez del país y consideraron que México habría condicionado la normalización diplomática a la entrega del salvoconducto.

Lourdes Alcorta, senadora de Renovación Popular y exmilitante de Fuerza Popular, acusó al gobierno mexicano de ejercer presión sobre Perú. Por su parte, Humberto Abanto, abogado de la cúpula fujimorista, planteó la posibilidad de que el Estado peruano recurra ante la Corte Internacional de Justicia por el uso de las disposiciones de la Convención de Caracas relacionadas con el asilo diplomático.

La Cancillería peruana aclaró que la entrega del salvoconducto no impide que el Estado solicite posteriormente la extradición de Chávez, siempre que existan las condiciones jurídicas para hacerlo. De esta manera, Lima mantiene abierta la posibilidad de recurrir a mecanismos legales para hacer cumplir la sentencia que pesa sobre la ex primera ministra.

El restablecimiento de las relaciones tampoco modificó la posición de Keiko Fujimori respecto de Pedro Castillo. La presidenta rechazó que la salida de Chávez tenga alguna relación con una eventual excarcelación del exmandatario, aunque la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum volvió a pronunciarse a favor de Castillo y de su situación jurídica.

Fujimori señaló que Sheinbaum tiene derecho a mantener esa postura y aseguró que su gobierno respeta las decisiones del Poder Judicial peruano. Castillo permanece privado de la libertad luego del proceso derivado del intento de disolver el Congreso y reorganizar las instituciones del Estado en 2022.

El internacionalista Francisco Belaunde consideró que la ruptura con México estuvo más relacionada con presiones políticas internas que con los intereses permanentes del Estado peruano. A su juicio, restablecer los vínculos era necesario debido a la importancia histórica, política y económica de la relación bilateral y a la pertenencia de ambos países a la Alianza del Pacífico.

Sobre el caso Chávez, Belaunde sostuvo que la entrega del salvoconducto corresponde a la aplicación de las normas internacionales sobre asilo diplomático. Desde su perspectiva, México actuó conforme a la Convención de Caracas y Perú debió resolver el caso desde el inicio en lugar de mantener durante meses el conflicto entre ambas cancillerías.

La normalización diplomática contempla la reapertura de las embajadas de ambos países. Carlos Espá señaló que, además del restablecimiento de las representaciones diplomáticas, se prevé impulsar iniciativas de carácter económico y cultural destinadas a fortalecer los vínculos entre México y Perú.

Uno de los asuntos que permanece sin definición es el régimen migratorio. En 2024, durante el incremento de las tensiones diplomáticas, México restableció el requisito de visa para ciudadanos peruanos, con lo que puso fin al esquema de libre ingreso que había estado vigente desde 2012.

Perú respondió inicialmente con una medida similar, pero retiró el requisito pocos días después debido al posible impacto sobre el turismo. Hasta ahora, ninguno de los dos gobiernos ha informado si la eliminación de las visas para los ciudadanos de ambos países formó parte de las negociaciones para restablecer las relaciones.

La reconciliación también abre la posibilidad de recuperar la coordinación dentro de la Alianza del Pacífico, mecanismo de integración del que forman parte México, Perú, Chile y Colombia. Belaunde consideró que reactivar este espacio debería ser uno de los siguientes pasos en la nueva etapa de la relación bilateral.

El especialista anticipó que el vínculo entre ambos gobiernos podría desarrollarse sobre una base pragmática y de respeto mutuo, aunque sin necesariamente recuperar de inmediato la cercanía que existía antes de la crisis diplomática. La normalización pone fin a una etapa de confrontación, pero deja pendientes asuntos migratorios, jurídicos y políticos que deberán ser atendidos por las nuevas administraciones.