Por Marco Campos Mena
Ya estamos viendo cómo los partidos empiezan a señalar quiénes serán sus candidatos para la próxima elección. En algunos casos les llaman coordinadores regionales, en otros precandidatos, pero en el fondo es lo mismo: están definiendo quiénes van a competir por cada uno de los puestos que estarán en juego.
No deja de llamar la atención cómo las disputas internas dentro del partido oficial y sus aliados se hacen cada vez más evidentes. El tema del nepotismo vuelve a aparecer con fuerza, particularmente en el caso del Partido Verde, donde la esposa de un gobernador busca convertirse en gobernadora, incluso teniendo que ir por su cuenta y enfrentándose a figuras como Rosa Icela, actual secretaria de Gobierno. Son señales claras de que el control político también se pelea desde dentro.
Al mismo tiempo, han comenzado a aparecer una gran cantidad de spots que, como ya es costumbre, se centran en atacar. Ataques del oficialismo hacia la oposición y de la oposición hacia el oficialismo, señalando lo que ha pasado y lo que podría pasar. Sin embargo, el elector ya no responde igual. La gente vive una realidad todos los días que no coincide con lo que ve en esos anuncios, y eso ha generado un nivel de incredulidad importante.
Otro tema que no puede pasar desapercibido es el de las afiliaciones. La cantidad de registros que presume el partido en el gobierno ha sido cuestionada, tanto por el Instituto Nacional Electoral como por ciudadanos. Se ha hablado de personas afiliadas sin consentimiento, incluso de registros de personas fallecidas. Esto no solo genera incertidumbre, también abre la puerta a sospechas sobre cómo se podrían utilizar esos números en la narrativa electoral.
Y con ese antecedente, no es exagerado pensar que esta elección podría estar marcada por intentos de manipulación o, al menos, por una fuerte desconfianza en los resultados. Se podría argumentar una supuesta mayoría basada en cifras infladas, lo que inevitablemente llevaría a cuestionamientos. No es una afirmación definitiva, pero sí una alerta que no se puede ignorar.
También es cierto que, ante este escenario, hay más ciudadanos interesados en vigilar el proceso. Y eso puede ser un contrapeso importante.
En el terreno político, la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum tampoco ha pasado desapercibida. Su cercanía con gobiernos de izquierda en América Latina, la defensa de países como Cuba, incluso evitando transparentar completamente los apoyos “humanitarios” enviados, y su relación con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, forman parte de una línea política clara. A eso se suma la manera en que ha defendido a Nicolás Maduro, lo que inevitablemente genera comparaciones y preocupaciones sobre prácticas electorales.
El caso de Venezuela es particularmente grave. Es un ejemplo de cómo, aun con un descontento social evidente, los resultados oficiales terminan favoreciendo ampliamente al poder, generando dudas sobre la legitimidad del proceso. Pensar que algo así podría intentar replicarse aquí no es una certeza, pero tampoco es una idea descabellada para muchos.
Por eso el escepticismo está creciendo. Y también la intención de vigilar.
Ya se hicieron los nombramientos de funcionarios de casilla, y vale la pena subrayar la responsabilidad que esto implica. Es un trabajo fundamental para que la elección salga adelante. Recuerdo el caso de hace dos elecciones, donde personas que habían aceptado el cargo simplemente no se presentaron el día de la jornada, o decidieron no cumplir con su función. Aun así, el propio mecanismo permite que quienes estén presentes asuman los roles necesarios para sacar adelante la casilla. Eso habla de cierta fortaleza del sistema, pero también de los riesgos que enfrenta.
La desconfianza puede provocar falta de participación, y eso debilita el proceso. Pero al mismo tiempo, también puede generar mayor vigilancia. Todo dependerá de qué tanto los ciudadanos decidan involucrarse.
No podemos ignorar que en cada elección aparecen prácticas como el acarreo, la compra de votos y otras estrategias para asegurar resultados. Eso ha sido una constante, y no hay razón para pensar que esta vez será distinto.
El propio Gerardo Fernández Noroña lo dijo abiertamente: si pierden la presidencia, muchos podrían terminar en la cárcel. Esa declaración refleja el tamaño de los escándalos y las acusaciones que existen, y el nivel de presión que hay detrás de esta elección.
Por eso esta no será una elección cualquiera y no se trata de decir que una opción es mejor que otra, sino de entender que el proceso mismo estará bajo la lupa. La clave no estará solo en el resultado, sino en cómo se llegue a él.
Se requiere valor para enfrentar lo que viene. Pero sobre todo, se requiere compromiso. De los ciudadanos, de los funcionarios de casilla y de todos los que van a participar directa o indirectamente.
Porque si algo está en juego más allá de los cargos, es la credibilidad del proceso electoral, y esa, una vez que se pierde, cuesta mucho recuperarla.
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