Ciudad de México, 25/05/26 (Más).- La Fiscalía General de la República (FGR) volvió a quedar bajo la lupa pública por el trato diferenciado que ha dado a investigaciones de alto impacto político, particularmente entre el caso del asesinato de Héctor Melesio Cuén en Sinaloa y el operativo en Chihuahua donde participaron agentes de la CIA.
De acuerdo con información de Infobae, ambos expedientes han tenido respuestas distintas de la FGR durante las administraciones morenistas de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, lo que ha abierto cuestionamientos sobre los tiempos, prioridades y alcances de la justicia federal.
El primer caso se remonta al asesinato de Héctor Melesio Cuén, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ocurrido el 25 de julio de 2024, el mismo día en que Ismael “El Mayo” Zambada fue secuestrado y entregado a autoridades de Estados Unidos.
Inicialmente, la Fiscalía de Sinaloa, entonces encabezada por Sara Bruna Quiñónez Estrada, presentó un video con el que sostuvo que Cuén había sido asesinado durante un intento de robo de vehículo en una gasolinera; sin embargo, esa versión fue desmentida posteriormente por la investigación federal.
La FGR detectó inconsistencias graves en la necropsia, en el procesamiento del supuesto lugar de la agresión y en el análisis del vehículo del exrector, además de que el cuerpo presentaba un hematoma en la cabeza y cuatro disparos en las piernas, datos que no coincidían con el material difundido por la fiscalía estatal.
La versión oficial cambió luego de que El Mayo afirmara que Cuén fue asesinado en la finca Huertos del Pedregal, en Culiacán, sitio donde el capo aseguró haber sido emboscado antes de su traslado forzado a Estados Unidos.
Tras las pruebas periciales, la FGR confirmó que el exrector fue asesinado en esa finca y no en la gasolinera, como se había sostenido inicialmente. En el lugar fueron hallados indicios hemáticos correspondientes a Cuén, mientras que sangre localizada en su camioneta fue atribuida a Rodolfo Chaidez Mendoza, integrante del equipo de seguridad de Zambada.
Pese a esas revelaciones, Sara Bruna Quiñónez renunció a la Fiscalía de Sinaloa y desapareció de la esfera pública sin que hasta ahora se haya esclarecido plenamente el homicidio ni las responsabilidades por el presunto montaje institucional.
El contraste aparece con el caso de Chihuahua, donde la FGR citó a declarar como testigos al exfiscal César Jáuregui y a la gobernadora María Eugenia Campos, luego de que se conociera la participación de agentes de la CIA en un operativo en la Sierra del Pinal, donde dos estadounidenses y dos mexicanos murieron en un accidente.
En ese expediente, la Fiscalía federal abrió una línea de investigación para determinar si la Fiscalía de Chihuahua invadió competencias federales al permitir la presencia de agentes extranjeros sin notificación a la Secretaría de Relaciones Exteriores.
La diferencia en el ritmo de las investigaciones alimenta la percepción de una justicia selectiva: mientras en Chihuahua las citaciones avanzaron con rapidez tras la presión política, en Sinaloa el asesinato de Cuén y el presunto montaje permanecen sin conclusiones definitivas casi dos años después.
A ese escenario se suma la investigación contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios señalados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos sobornos de Los Chapitos para operar con impunidad.
Así, la FGR enfrenta una prueba mayor de credibilidad: demostrar que sus investigaciones responden a criterios jurídicos y no a coyunturas políticas, en casos donde confluyen crimen organizado, gobiernos estatales, agencias extranjeras y figuras centrales del poder en México.
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