Washington, D.C., 11/02/25 (Más/IA).- Desde su regreso a la Casa Blanca, el pasado 20 de enero, Donald Trump ha impulsado una serie de medidas destinadas a transformar el funcionamiento del gobierno federal. En su primer día en el poder, revocó 78 órdenes ejecutivas de su antecesor, Joe Biden, y posteriormente ha emitido decenas de disposiciones propias que afectarían tanto la estructura del Poder Ejecutivo como la aplicación de derechos constitucionales.
Si bien estas medidas han sido celebradas por sus seguidores como el cumplimiento de promesas de campaña, han generado preocupación entre funcionarios públicos, organizaciones civiles y ciudadanos que podrían verse directamente afectados. En respuesta, múltiples demandas han sido presentadas en tribunales de distintas partes del país, logrando frenar al menos seis iniciativas clave del mandatario.
Revés a la eliminación del derecho a la ciudadanía por nacimiento
Uno de los principales objetivos de Trump en materia migratoria ha sido la eliminación del derecho a la ciudadanía por nacimiento para los hijos de migrantes indocumentados o con estatus temporal en Estados Unidos. Este derecho, establecido en la Enmienda 14 de la Constitución y ratificado por la Corte Suprema en 1898, ha sido objeto de una orden ejecutiva firmada por Trump para restringir su aplicación.
Sin embargo, jueces federales han bloqueado la medida en distintas instancias.
El 23 de enero, un tribunal en Seattle emitió una orden de restricción temporal, calificándola de “descaradamente inconstitucional”. Posteriormente, tribunales en Maryland y otras jurisdicciones han extendido la suspensión, impidiendo su implementación hasta nuevo aviso.
Impedimento a la reestructuración del servicio público
El gobierno de Trump implementó una política para reducir el número de funcionarios federales, ofreciendo compensaciones a quienes renunciaran voluntariamente antes del 6 de febrero. La medida, sin garantías de estabilidad para quienes optaran por permanecer en sus cargos, fue impugnada por sindicatos y fiscales generales demócratas, argumentando que se trataba de un “ultimátum ilegal”.
Un juez federal bloqueó temporalmente la iniciativa el mismo 6 de febrero y extendió el plazo para que los empleados evaluaran su decisión. Hasta el 10 de febrero, se estima que solo 65,000 funcionarios habían aceptado la oferta, una cifra menor a la esperada por la administración.
USAID, en el limbo tras fallo judicial
La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), responsable de programas humanitarios en más de 60 países, fue objeto de una orden presidencial para suspender sus operaciones y repatriar a su personal. La Casa Blanca justificó la decisión argumentando que el gasto de la agencia era “totalmente inexplicable”.
No obstante, el 7 de febrero, un juez federal bloqueó temporalmente el plan del Departamento de Eficiencia Gubernamental, encabezado por Elon Musk, para suspender a 2,200 empleados de USAID. Asimismo, ordenó la reincorporación de 500 funcionarios ya apartados de sus funciones y prohibió la repatriación de personal hasta el 14 de febrero.
Congelación de fondos públicos detenida en tribunales
El gobierno de Trump ordenó la suspensión de cientos de miles de millones de dólares en subvenciones y préstamos federales, afectando programas de salud, educación e investigación. La medida provocó confusión entre beneficiarios y generó múltiples demandas, argumentando que era inconstitucional.
El 28 de enero, una jueza en Washington bloqueó temporalmente la orden. Días después, el 31 de enero, otro juez dictaminó que el gobierno debía seguir distribuyendo los fondos. A pesar de la orden judicial, el Ejecutivo ha sido señalado por no acatar la resolución, lo que podría derivar en sanciones.
Prohibición de transferencias de mujeres transgénero en cárceles
Entre las primeras acciones del nuevo gobierno estuvo la emisión de una orden ejecutiva que limitaba el reconocimiento de género al sexo asignado al nacer. Como parte de esta política, se ordenó la transferencia de mujeres transgénero a prisiones masculinas y la suspensión de sus tratamientos hormonales.
El 5 de febrero, un juez federal bloqueó temporalmente estas transferencias y la interrupción de las terapias, argumentando que la medida podría constituir una violación de derechos constitucionales. La orden se mantiene en pausa mientras se resuelve la demanda presentada por organizaciones de derechos humanos.
Acceso de Elon Musk a datos financieros del gobierno, en disputa legal
El acceso del Departamento de Eficiencia Gubernamental, liderado por Elon Musk, a información financiera del gobierno federal fue suspendido por una orden judicial emitida el 8 de febrero. La medida surgió tras una demanda de fiscales generales de 19 estados, quienes argumentaron que otorgar a Musk y su equipo acceso a registros financieros del Departamento del Tesoro era ilegal.
El juez ordenó la prohibición inmediata de esta práctica y la destrucción de cualquier copia de los registros a los que Musk y su equipo hubieran tenido acceso.
Con estas resoluciones, el poder judicial se ha convertido en el principal obstáculo para la implementación de la agenda de Trump, generando fricciones entre el Ejecutivo y los tribunales. El vicepresidente JD Vance ha expresado su desacuerdo con los fallos y ha sugerido que los jueces están excediendo sus funciones. No obstante, la excongresista republicana Liz Cheney le recordó que el camino legal para el gobierno sigue siendo la apelación.
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