Apizaco, Tlaxcala, 20/03/25 (Más / IA).- Nueve jóvenes fueron asesinados tras ser secuestrados en la costa de Oaxaca y sus cuerpos abandonados a 400 kilómetros de distancia, en los límites de Puebla.
Entre las víctimas están Angie Pérez, madre de un niño de cuatro años; Rubén Antonio Ramos, de 24 años; Guillermo Cortés, cuya familia denunció su desaparición cuando él ya había sido ejecutado; Rolando Evaristo y Uriel Calva, despedidos por decenas de amigos; Lesly Noya, de 21 años, recordada por su hermana como ‘Huesitos’; y el matrimonio de Yamilet López y Raúl Emmanuel González, de 28 años. Jacqueline Meza también figura entre los fallecidos, pese a que su madre alertó a las autoridades sobre su secuestro.
Las familias los despidieron mientras la etiqueta de “ladrones” circulaba por redes sociales y medios de comunicación, una sentencia pública que cerró el caso sin justicia ni esclarecimiento. En México, los homicidios son la principal causa de muerte entre jóvenes de 15 a 44 años. Solo en los primeros seis meses de 2024, más de 10,000 personas de este grupo etario fueron asesinadas. A menudo, sus muertes quedan marcadas por la sospecha social y la impunidad.
La Fiscalía de Oaxaca, que investiga el caso como homicidio y desaparición forzada, sostiene que los jóvenes fueron llevados a la costa por un empresario hotelero para cometer robos. Según el fiscal Bernardo Rodríguez, algunos de ellos participaron en atracos a cajeros, centros comerciales y cuentahabientes. Sin embargo, no ha detallado cuántos ni quiénes.
Los jóvenes desaparecieron a finales de febrero y fueron hallados ejecutados el 2 de marzo. Entre las víctimas hay un sobreviviente, cuya identidad no ha sido revelada y que está bajo custodia. También hay un detenido, identificado por sus iniciales L.E.V.S., quien habría sido parte del grupo y tenía una ficha de búsqueda por desaparición.
El principal sospechoso detrás de la masacre es Saúl Bogar Soto, alias ‘El Bogar’, identificado por autoridades como el principal generador de violencia en la costa de Oaxaca. Según documentos oficiales, controla el narcotráfico en la región, incluyendo el trasiego de drogas y migrantes, extorsiones y homicidios. En el mismo esquema criminal figura el hotelero José Alfredo Lavariega, alias El Jocha, también asesinado.
El 28 de febrero, día en que se perdió el rastro de los jóvenes, varios de ellos fueron vistos por última vez en Huatulco, una ciudad con fuerte presencia militar y turística. Testigos aseguran que fueron levantados por hombres armados en un local de la playa principal. La policía municipal ha sido señalada como posible cómplice, ya que algunas de las víctimas, como Angie Pérez y Brenda Mariel Salas, fueron detenidas por agentes locales antes de su desaparición.
En diciembre de 2024, antes de asumir su cargo, el actual alcalde de Huatulco, Julio Cárdenas, recibió una carta de agentes de la policía municipal en la que advertían que el retiro de la Marina de las labores de patrullaje desataría el descontrol en la zona. Dos meses después, la policía municipal fue señalada por su presunta participación en el secuestro de los jóvenes.
El testimonio de la única sobreviviente, de quien no se conocen detalles, apunta hacia la corporación municipal. Ante estos señalamientos, la Fiscalía de Oaxaca desplegó operativos para inspeccionar las armas de los agentes y verificar si coinciden con los proyectiles encontrados en los cuerpos de las víctimas.
Huatulco es un destino turístico de alto nivel, con una economía basada en el turismo extranjero. Pese a la brutalidad del crimen, la ciudad sigue operando con normalidad, y muchos residentes prefieren guardar silencio para evitar afectar el flujo de visitantes.
En redes sociales, algunos habitantes han minimizado la violencia en la región, argumentando que “aquí no se permite la robadera” y que la seguridad está garantizada por la presencia de ‘El Bogar’, no por el gobierno. Testimonios recogidos en la zona sugieren que el crimen organizado mantiene un equilibrio en la región: no se permite la venta de drogas como fentanilo o cristal, no se cobran extorsiones y el castigo para quienes transgreden las reglas es la muerte.
La antropóloga Rossana Reguillo describe esta situación como un “orden paralelo” donde los grupos criminales dictan las normas. “Para los jóvenes, descifrar estos códigos se ha convertido en un tema de vida o muerte. Lo que está permitido en una zona, en otra puede ser motivo de levantamiento y ejecución”, explica.
La desaparición y asesinato de los jóvenes de Tlaxcala ha quedado en la sombra de otros casos de violencia extrema en México, como el hallazgo del rancho de exterminio de Teuchitlán, Jalisco, utilizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como centro de reclutamiento forzado.
Reguillo advierte que estos crímenes reflejan una tendencia en la que los cuerpos jóvenes son utilizados como un recurso más dentro de la maquinaria criminal. “Estas ejecuciones demuestran que están usando los cuerpos juveniles como aceite, como gasolina para mantener funcionando sus negocios. Y sobre todo reflejan la pérdida de la capacidad del Estado: estamos frente a un Estado que ha ido cediendo su soberanía en favor de los grupos criminales”, concluye.
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