Ciudad de México, 16/01/2025 (Más / IA).- La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) creó en febrero de 2024 la Red Nacional de Personas Buscadoras para apoyar la localización de las más de 120 mil víctimas de desaparición en el país. Sin embargo, un análisis de los perfiles de sus integrantes revela que 44 de los 127 funcionarios contratados carecen de experiencia en temas relacionados con desapariciones, según documentos obtenidos por Animal Político a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.
Entre los integrantes de esta red, que opera en 29 estados del país, se encuentran personas con antecedentes laborales en áreas ajenas a la búsqueda de víctimas, como marketing, ventas, recursos humanos, contabilidad y educación. También figuran exfuncionarios de fiscalías y secretarías de seguridad pública, aunque sus currículums no demuestran especialización en la atención de desapariciones ni capacitación en este tema.
La titular de la CNB, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, quien asumió el cargo en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, tampoco tiene experiencia previa en desapariciones.
Antes de su nombramiento, Reyes Sahagún fue coordinadora de las Delegaciones de Bienestar y dirigió el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA). Su gestión ha sido criticada por incorporar a la Comisión a personas provenientes de dependencias como la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, con perfiles alejados del tema de derechos humanos.
La creación de la Red Nacional se fundamentó en la intención de apoyar a las Comisiones Estatales de Búsqueda en labores de campo, identificación humana y actualización de registros de víctimas, según declaraciones de Alejandra Rodríguez Trujillo, quien coordinó este equipo en 2024. Sin embargo, tanto la Ley General en Materia de Desaparición como el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas no contemplan la existencia de esta red, lo que ha generado dudas sobre su respaldo legal.
Entre los 127 integrantes de la red, destacan casos de personas sin relación previa con temas de desaparición. Algunos de ellos trabajaron anteriormente en áreas como limpieza de ductos en la refinería Dos Bocas, marketing en empresas privadas, atención a clientes de aerolíneas y ferreterías, o como administradores en negocios locales. También hay exfuncionarios municipales que desempeñaron cargos en planes comunitarios o programas sociales, sin antecedentes de trabajo en búsqueda de desaparecidos.
En contraste, 42 de los integrantes de la Red Nacional provienen de Comisiones Estatales de Búsqueda. Aunque se trata de perfiles más cercanos al tema, muchos de ellos tampoco cuentan con preparación especializada en desapariciones. Un caso particular es el de un excoordinador de Acciones de Búsqueda en Colima, quien antes de incorporarse a la CNB trabajó como archivista, reclutador y capacitador en la Secretaría de la Defensa Nacional.
La CNB aseguró que, pese a las críticas, la Red Nacional participó en 3,852 acciones de búsqueda en 2024. Sin embargo, las familias de desaparecidos y expertos han cuestionado la efectividad de estas acciones, especialmente ante la falta de perfiles técnicos y el desconocimiento del marco normativo por parte de los integrantes de la red. Además, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum no ha abordado de manera directa el tema de las desapariciones, y los avances en esta materia se limitan a pocas referencias en reuniones oficiales.
Mientras la Red Nacional opera, las desapariciones en México continúan en aumento. Desde el inicio del sexenio de Sheinbaum, el 1 de octubre de 2024, hasta el 14 de enero de 2025, se han registrado 4,219 personas desaparecidas y no localizadas. Estas cifras evidencian la magnitud del problema y la necesidad de contar con equipos capacitados para enfrentar una de las mayores crisis de derechos humanos en el país.
Aunque la Red Nacional de Personas Buscadoras fue creada como una respuesta institucional, su efectividad se encuentra bajo escrutinio, especialmente por las dudas que generan los perfiles y antecedentes de sus integrantes. Las familias de desaparecidos continúan exigiendo una estrategia más robusta, acompañada de personal especializado y con un marco legal claro que respalde las acciones de búsqueda.
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