Madrid, 15/06/24 (Más / IA).- Un reciente estudio elaborado por investigadores de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y la Universidad de Oxford, con la participación de Comisiones Obreras, ha concluido que los trabajos en plataformas digitales en España no cumplen con las condiciones laborales justas.
A pesar del crecimiento exponencial de este sector, que en 2022 empleaba a más de 28 millones de personas en la Unión Europea y se espera que alcance los 43 millones para 2025, la mayoría de las plataformas evaluadas están lejos de garantizar estándares laborales adecuados.
El estudio, que forma parte del proyecto Fairwork, analizó siete grandes plataformas en España bajo los principios de pago justo, condiciones laborales, contratos, gestión y representación justa, establecidos por la Organización Internacional del Trabajo.
Solo dos plataformas aprobaron el examen: la cooperativa de ciclomensajería La Pájara, con ocho puntos sobre 10 (aunque ya no está operativa), y la plataforma de reparto de comida a domicilio Just Eat, con siete puntos.
Cabify, Task Rabbit y Uber cumplieron solo con dos de los criterios establecidos, mientras que Glovo y MyPoppins no cumplieron con ninguno.
En España, la regulación del trabajo en plataformas sigue siendo fragmentaria.
La ley rider de 2021 fue un paso positivo para regularizar a muchos falsos autónomos y reconocer ciertos derechos laborales.
Según Alberto Riesco, coordinador del proyecto y profesor de sociología de la UCM, esta legislación es insuficiente al dejar fuera a trabajadores de otros sectores, como el de limpieza doméstica.
En 2023, la Inspección de Trabajo realizó 3 mil 212 actuaciones y detectó 18 mil 479 infracciones, imponiendo multas por un total de 91.8 millones de euros.
A pesar de estos esfuerzos, la precariedad persiste en muchos trabajos de plataforma.
El estudio también reveló discrepancias significativas en los salarios y condiciones laborales.
Por ejemplo, los datos proporcionados por Glovo sobre los salarios de sus trabajadores diferían notablemente de las experiencias reportadas por los mismos.
Esta plataforma y otras como Cabify y Uber, aunque obligadas a tener contratos laborales, pagan sueldos tan bajos que los conductores deben trabajar más de 50 o 60 horas semanales para superar el salario mínimo.
La resistencia de algunas plataformas a cumplir con la legislación es evidente.
Glovo, por ejemplo, ha judicializado la aplicación de la ley rider y sigue utilizando modelos que evaden la normativa. La empresa fue multada con 79 millones de euros en 2022 por mantener a falsos autónomos, y ha enfrentado nuevas sanciones y demandas judiciales en 2023.
El modelo de MyPoppins, que opera como intermediaria y delega en sus clientes la responsabilidad de regularizar la situación laboral de las trabajadoras domésticas, también es criticado.
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado planes para extender la ley rider a las empleadas del hogar y la ayuda a domicilio, buscando evitar que las nuevas tecnologías perpetúen formas de trabajo precarias y no reguladas.
La implementación de una directiva europea basada en la ley rider española busca garantizar que todos los trabajadores de la economía de plataforma sean considerados asalariados, lo que podría mejorar las condiciones laborales en este sector. Según Riesco, aunque aún queda camino por recorrer, esta directiva podría ser un paso importante hacia la protección de los derechos laborales en toda Europa.
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