Por Leopoldo Maldonado
México atraviesa una de las etapas más oscuras de su historia contemporánea, marcada por una crisis de desapariciones que ha dejado de ser un fenómeno aislado para convertirse en una herida masiva y generalizada. Con más de 128 mil personas desaparecidas y una emergencia forense que mantiene a más de 70 mil cuerpos bajo custodia estatal sin identificar, el país se enfrenta a un desafío que pone a prueba la legitimidad de sus instituciones y su compromiso con la dignidad humana.
El 11 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el informe sobre desapariciones en México. El panorama de la desaparición ha evolucionado de las prácticas sistemáticas de la mal llamada Guerra Sucia a un esquema de macrocriminalidad donde las fronteras entre el delito y la autoridad se difuminan.
El documento señala que la delincuencia organizada se ha diversificado más allá del narcotráfico, incursionando en el control de hidrocarburos, la trata de personas y la extorsión, utilizando la desaparición como mecanismo de control territorial. Sin embargo, como dice la Comisión, este poder criminal no podría sostenerse sin una profunda connivencia con agentes estatales.
También advierte que, en muchos contextos, el nivel de infiltración sugiere una forma de aquiescencia estatal, donde las autoridades conocen o toleran las operaciones criminales. Este concepto es clave. El Estado lo ha disputado de forma vehemente porque quiere eximir su responsabilidad frente a la tragedia, trasladarla –aunque no sea menos grave– a una práctica de “desaparición por particulares”.
Un eje central de esta crisis, señala el informe, es la militarización de la seguridad pública, una estrategia mantenida desde 2006. Lejos de pacificar, la intervención castrense en tareas de seguridad ha estado vinculada a un incremento en las violaciones de derechos humanos. La reciente reforma constitucional de 2024 que adscribe la Guardia Nacional a la Sedena, consolida un modelo militarizado cuyos efectos nocivos en la población civil han sido documentados extensamente, incluyendo el uso de fuerza letal que ha cobrado la vida de miles de civiles. Sobre esto la CIDH reiteró al Estado su recomendación de avanzar en el proceso de desmilitarización con políticas de seguridad ciudadana, efectivas y respetuosas de los derechos humanos.
La desaparición en México es indiscriminada pero tiene rostros específicos. El informe destaca el reclutamiento forzado de niños y jóvenes por grupos criminales, quienes son usados como combatientes o informantes. Las mujeres y niñas enfrentan riesgos vinculados a la violencia de género y la trata con fines de explotación sexual, mientras que las personas migrantes desaparecen en rutas controladas por el crimen, a menudo ante la omisión o participación de autoridades migratorias.
Por su parte, el sistema de justicia mexicano presenta un índice de impunidad del 99.5 por ciento en delitos de desaparición. Las investigaciones suelen ser burocráticas, revictimizantes y carentes de análisis de contexto. Ante este vacío, han sido las familias y colectivos de buscadoras –liderados mayoritariamente por mujeres– quienes han asumido la carga de la investigación y la búsqueda en campo, exponiéndose a graves riesgos, agresiones y hasta a su propia desaparición. La falta de investigaciones diligentes lleva a la CIDH a proponer medidas extraordinarias en el ámbito de la justicia.
La desaparición de periodistas y personas buscadoras en México no sólo representa una tragedia individual, sino un ataque directo a los pilares de la democracia y la justicia. Para el gremio periodístico, estas agresiones –que suman al menos 31 casos vinculados a su labor según Artículo 19– generan una sensación generalizada de temor y desprotección que deriva en la autocensura, el exilio y la creación de zonas de silencio informativo, vulnerando el derecho de la sociedad a recibir información sobre temas de interés público.
La violencia contra las familias buscadoras, que incluye amenazas, asesinatos y nuevas desapariciones, tiene como fin último obligarles a abandonar la búsqueda de sus seres queridos. Al agredir a quienes asumen la tarea que el Estado no ha logrado cumplir, se socava el derecho humano autónomo a ser buscado. Así, las autoridades no buscan ni protegen a quienes sí lo hacen.
Superar esta crisis exige más que reformas superficiales o meramente formales. También exige superar diálogos infructuosos. Por ello la CIDH recomienda al Estado mexicano recuperar la centralidad de las víctimas, garantizar la autonomía de los servicios forenses para frenar la desaparición administrativa de los cuerpos bajo su custodia, y definir legalmente la aquiescencia para desmantelar las redes de corrupción. México no podrá avanzar hacia la paz mientras miles de nombres sigan resonando en el vacío de la impunidad y la búsqueda de la verdad siga siendo una tarea solitaria de las familias.
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