Implementan ley mordaza en universidades de EU

Centros de estudios de Estados Unidos enfrentan crecientes controles estatales y federales que restringen contenidos académicos, modifican programas y condicionan decisiones sobre contratación y organización interna. Las medidas, impulsadas principalmente por gobiernos republicanos y reforzadas durante la administración de Donald Trump, se concentran en temas de raza, género, sexualidad y diversidad

Washington, D. C., 05/09/26 (Más).- Las aulas universitarias de Estados Unidos están quedando atrapadas en una creciente red de restricciones oficiales sobre lo que profesores pueden enseñar, las palabras que pueden utilizar, los temas que pueden formar parte de los programas académicos y hasta la manera en que las instituciones organizan sus departamentos y contratan docentes.

No existe una legislación federal denominada formalmente “ley mordaza”, pero la acumulación de leyes estatales, reglamentos de sistemas universitarios y presiones provenientes del Gobierno del presidente Donald Trump ha generado un efecto semejante: profesores que eliminan contenidos sobre raza, género y sexualidad por temor a sanciones, cursos modificados por orden administrativa y universidades obligadas a calcular las consecuencias políticas y económicas de defender su autonomía académica.

De acuerdo con El País, uno de los casos que mejor ilustra el nuevo ambiente ocurrió en la Universidad de Texas A&M, donde el filósofo Martin Peterson recibió la instrucción de retirar de una de sus materias las lecturas relacionadas con raza y género, incluidas partes de “El banquete”, de Platón, o exponerse a que el curso fuera reasignado. El episodio alcanzó especial notoriedad porque la obra del filósofo griego, escrita hace más de dos mil años, aborda distintas formas del amor y contiene referencias que las nuevas políticas universitarias consideraron relacionadas con cuestiones contemporáneas de género y sexualidad. Peterson terminó dejando Texas A&M para incorporarse a la Universidad Metodista del Sur.

La orden no provino de una prohibición específica contra Platón, sino de una política aprobada por la Junta de Regentes del Sistema Texas A&M que exige una supervisión especial de cursos que aborden lo que sus autoridades denominan ideologías de raza o género, orientación sexual e identidad de género.

Peterson había incluido fragmentos del discurso de Aristófanes y de la denominada Escalera del Amor de Diotima dentro de su curso Problemas Morales Contemporáneos. Cuando los contenidos fueron objetados, sustituyó ese módulo por otro dedicado precisamente a la libertad de expresión y la libertad académica. El profesor resumió su posición señalando: “Censorship is not a viable path to academic excellence”.

Texas ha ido más lejos en el control institucional del currículo. Su Ley del Senado 37, aprobada en 2025, dio mayores facultades a las juntas de gobierno para revisar planes académicos y exige evaluaciones periódicas de los cursos que integran la educación general.

Apenas esta semana, el Sistema Texas A&M informó que sus regentes concluyeron una revisión curso por curso para certificar el cumplimiento de esa legislación. Como consecuencia, más de 250 asignaturas fueron retiradas del tronco común de las 11 universidades que integran el sistema, entre ellas materias relacionadas con historia afroamericana y latina, estudios de género, cambio climático y justicia social. Los cursos no necesariamente desaparecen, pero dejarán de contar como parte del núcleo educativo para nuevos estudiantes a partir de 2027, lo que previsiblemente reducirá su matrícula y peso dentro de los programas.

Florida representa otro de los principales laboratorios de estas políticas. En la Universidad del Norte de Florida, John W. White, profesor dedicado a la formación de futuros maestros, descubrió en 2025 que términos como “diversidad”, “equidad”, “inclusión” y hasta “cultura” debían desaparecer de programas y descripciones de cursos. Correos electrónicos obtenidos posteriormente mostraron que la orden se originó en autoridades estatales y en la Junta de Gobernadores que supervisa el sistema público universitario.

White recuerda que la justificación que recibió fue: “Son solo tres o cuatro palabras. Es la ley y tenemos que seguir la ley”. El profesor presentó una inconformidad formal al considerar que los cambios constituían censura impuesta por el Gobierno.

El fenómeno se extiende mucho más allá de Texas y Florida. PEN America, organización dedicada a la defensa de la libertad de expresión, sostiene que más de la mitad de los estudiantes universitarios estadounidenses estudian ya en un Estado donde existe al menos una legislación o política que restringe contenidos educativos o interviene en la operación académica de las instituciones.

Solamente durante 2025, legisladores de 32 estados presentaron 93 proyectos que la organización clasifica como censura directa o indirecta de la educación superior, y 21 terminaron convirtiéndose en leyes en 15 estados. Las legislaturas de todos esos estados estaban controladas por el Partido Republicano.

PEN America denomina “educational gag orders”, u órdenes mordaza educativas, a las medidas que directamente restringen la enseñanza de determinados conceptos relacionados con raza, sexo, género, identidad LGBTQ+ o historia estadounidense.

A ellas se suman formas indirectas de control que intervienen en la titularidad y permanencia de profesores, modifican los sistemas de acreditación, limitan los programas de diversidad, debilitan la participación de los docentes en el gobierno universitario o entregan a juntas políticamente designadas mayor poder sobre los planes de estudio. Para la organización, el resultado acumulado es un sistema en el que la censura ya no necesita consistir simplemente en prohibir un libro: basta con elevar el costo profesional o institucional de enseñarlo.

Las restricciones continuaron creciendo durante 2026. PEN America documentó nuevas leyes en Carolina del Norte, Tennessee y Florida.

En Carolina del Norte, por ejemplo, los legisladores anularon el veto del gobernador demócrata Josh Stein para aprobar una norma que limita la manera en que pueden discutirse conceptos relacionados con raza y sexo en universidades públicas y prohíbe que determinadas materias relacionadas con esos asuntos sean obligatorias para obtener ciertos títulos.

La amplitud de expresiones como “promover” o estar “relacionado con” conceptos divisivos ha alimentado el temor entre profesores de que incluso un análisis académico pueda interpretarse como una violación.

El problema central para los docentes no es únicamente saber qué está expresamente prohibido, sino identificar dónde se encuentra la frontera entre enseñar una idea y respaldarla.

Neal Hutchens, profesor de la Universidad de Kentucky especializado en libertad académica y políticas educativas, explicó a El País: “Existe una sensación de inhibición. [Los profesores] temen que podrían meterse en problemas por lo que enseñan en el aula. Hay preocupación de que, aun cuando consideren que tienen una buena razón pedagógica y que no están infringiendo ninguna norma, no tengan la certeza de que contarán con el respaldo de los líderes de su institución si un incidente se vuelve viral”. El temor a que una clase sea grabada, difundida en redes sociales y convertida en una controversia política se ha incorporado así a las decisiones cotidianas de los profesores.

Las raíces del actual proceso se remontan al final del primer mandato de Trump, cuando el entonces presidente emitió en 2020 una orden ejecutiva contra la enseñanza de los llamados “conceptos divisivos” relacionados con raza y sexo en determinadas actividades financiadas por el Gobierno federal.

Joe Biden revocó esa orden al llegar a la Casa Blanca, pero para entonces legislaturas estatales conservadoras habían comenzado a reproducir el modelo. Lo que inicialmente se concentró en prohibir determinados contenidos evolucionó después hacia reformas de las estructuras internas de las universidades, eliminación de oficinas de diversidad y mayores controles sobre contratación, permanencia docente y diseño curricular.

El regreso de Trump a la Presidencia añadió una poderosa herramienta a la ofensiva: el dinero federal. Aunque las universidades estadounidenses no dependen administrativamente de un ministerio nacional de educación, muchas reciben miles de millones de dólares de agencias como los Institutos Nacionales de Salud, la Fundación Nacional de Ciencias, el Departamento de Defensa y otros organismos.

La Casa Blanca ha utilizado investigaciones, congelamiento de subvenciones, condiciones para recuperar recursos y acuerdos negociados para presionar cambios en instituciones que considera hostiles a sus prioridades.

Harvard optó por combatir varias de esas decisiones ante tribunales; Columbia y Brown, en contraste, alcanzaron acuerdos con el Gobierno que permitieron recuperar o proteger parte de su financiamiento federal.

En octubre de 2025, la Administración Trump dio un paso adicional al presentar a nueve universidades un denominado Compact for Academic Excellence in Higher Education. A cambio de ventajas en el acceso a recursos federales, el documento proponía adoptar definiciones oficiales de hombre y mujer, limitar la proporción de estudiantes internacionales, aplicar políticas de neutralidad institucional, restringir determinadas consideraciones de raza y género y actuar contra unidades universitarias que, según la formulación del Gobierno, castigaran o menospreciaran ideas conservadoras. Seis de las nueve instituciones rechazaron públicamente la propuesta inicial.

La presión federal se renovó el 3 de agosto de este año, cuando la secretaria de Educación, Linda McMahon, envió a presidentes universitarios y juntas de gobierno un llamado nacional para que antes de terminar 2026 expliquen públicamente cómo actuarán en siete ámbitos, entre ellos admisiones, libertad de expresión, pluralismo intelectual, rigor académico, seguridad de la investigación y promoción de los intereses estadounidenses.

A diferencia del pacto ofrecido en 2025, esta nueva carta no constituye por sí misma una obligación jurídica ni condiciona formalmente el financiamiento, pero llegó en un ambiente marcado por congelamiento de fondos e investigaciones federales, por lo que organizaciones defensoras de la autonomía universitaria la interpretaron como otra forma de presión política.

El cerco también alcanza a profesores e investigadores extranjeros. Una tarifa de 100 mil dólares para determinadas solicitudes de visas H-1B impuesta por Trump en 2025 fue anulada por un juez federal en junio de este año y actualmente no se encuentra vigente. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional propuso el 25 de agosto un nuevo esquema que contempla un cobro de 103 mil 265 dólares para ciertas solicitudes sujetas al límite anual, por lo que las universidades volvieron a advertir sobre posibles dificultades para contratar talento extranjero.

Paralelamente, el Gobierno puso fin al sistema que permitía a muchos estudiantes internacionales permanecer en el país mientras duraran sus estudios y estableció, desde este año, límites temporales que generalmente no podrán superar cuatro años sin una extensión.

La ofensiva contra programas relacionados con raza también continúa. El 3 de septiembre, el Departamento del Tesoro y el Servicio de Impuestos Internos propusieron una regulación que permitiría retirar beneficios fiscales a instituciones educativas privadas que desarrollen determinados programas que favorezcan a estudiantes tomando en cuenta su raza. El Gobierno sostiene que esas prácticas pueden constituir discriminación ilegal; organizaciones de derechos civiles y asociaciones de profesores responden que la medida extiende el poder federal sobre decisiones internas de escuelas y universidades. De aprobarse, la propuesta podría afectar potencialmente a miles de instituciones.

Laura Benitez, responsable de políticas estatales de PEN America, advierte que las consecuencias van más allá del empleo de los profesores. “Los estudiantes se encuentran en un clima de miedo, donde los profesores temen perder sus empleos; y, de hecho, hay casos en los que eso sucede”, señaló.

La incertidumbre sobre qué puede discutirse, qué palabras pueden incluirse en un programa y qué temas podrían desencadenar una denuncia provoca, según la investigadora, que los alumnos pierdan precisamente una de las características centrales de la universidad: la posibilidad de confrontar ideas difíciles y desarrollar argumentos en un ambiente de libertad intelectual.

La reacción de las instituciones ha seguido en buena medida las divisiones políticas del país. Los gobiernos estatales republicanos han encabezado la mayoría de las nuevas restricciones y han respaldado muchas de las prioridades educativas de Trump, mientras estados gobernados por demócratas y algunas universidades privadas han recurrido con mayor frecuencia a los tribunales para defender su autonomía.

Pero incluso la titularidad académica, que durante décadas funcionó como una protección para profesores que investigaban o enseñaban asuntos polémicos, comienza a ser cuestionada mediante leyes que modifican los procedimientos de evaluación y permanencia.

Hutchens admite que la velocidad de esa transformación sorprendió incluso a quienes estudian la libertad académica: “Muchos fuimos ingenuos respecto a lo frágiles que eran algunos de los sistemas que sostenían la libertad académica, el libre pensamiento y la libertad de expresión en nuestras universidades”.

La llamada ley mordaza universitaria estadounidense no es, por tanto, una sola disposición colocada en un código legal, sino una arquitectura de controles que se ha levantado estado por estado y que ahora recibe un impulso adicional desde Washington.

Lo sucedido con Platón en Texas A&M resume hasta dónde puede alcanzar esa lógica: una regulación concebida para combatir lo que autoridades conservadoras consideran adoctrinamiento terminó condicionando la forma en que un profesor podía enseñar un texto clásico de la filosofía occidental.

Entre prohibiciones explícitas, palabras eliminadas de programas, cursos retirados del tronco común, vigilancia de los contenidos, amenazas sobre recursos económicos y nuevas facultades otorgadas a juntas políticas, la batalla cultural estadounidense ha entrado de lleno en las universidades y ha convertido la libertad para enseñar en uno de sus principales campos de disputa.