Ciudad de México, 19/05/26 (Más).- El exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, rechazó que el organismo electoral haya validado la elección de Rubén Rocha Moya en Sinaloa durante los comicios de 2021 y sostuvo que, por el contrario, presentó denuncias por los hechos de violencia registrados durante aquella jornada electoral.
De acuerdo con información publicada por Infobae, Córdova explicó en entrevista con la periodista Carmen Aristegui que la responsabilidad de validar el resultado electoral correspondió al Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa y no al INE.
El exfuncionario afirmó que el instituto sí documentó y denunció diversos delitos electorales cometidos en distintas casillas del estado.
El exconsejero detalló que durante la jornada electoral se registraron hechos violentos en municipios del norte de Sinaloa, particularmente en Guamúchil, Guasave y Ahome, zonas donde, señaló, existe histórica presencia del Cártel de Sinaloa.
Asimismo, expuso que en varias casillas hubo interrupciones de la votación por hombres armados, disparos, robo y destrucción de material electoral, además de la sustracción de paquetes electorales en retenes al cierre de la elección.
Según los resultados oficiales del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, Rocha Moya obtuvo 624 mil 225 votos frente a los 358 mil 313 sufragios alcanzados por el candidato opositor Mario Zamora, una diferencia superior a 265 mil votos. El tribunal electoral local concluyó posteriormente que los actos violentos acreditados ocurrieron únicamente en 23 de las 4 mil 986 casillas instaladas, equivalente al 0.46 por ciento del total.
La polémica resurgió luego de que el pasado 13 de mayo de 2026 la presidenta Claudia Sheinbaum asegurara que el tribunal declaró ganador a Rocha Moya porque no hubo ninguna prueba de irregularidades y señaló que, en aquel momento, Lorenzo Córdova encabezaba el INE. La mandataria sostuvo que, de haber existido pruebas contundentes, el instituto electoral debió haberlas presentado ante las autoridades competentes.
En respuesta, Córdova calificó esas declaraciones como falsedades y afirmó que el INE sí presentó denuncias ante la entonces Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, encabezada por José Agustín Ortiz Pinchetti. Añadió que existen carpetas de investigación abiertas derivadas de denuncias interpuestas por personal del instituto, entre ellas la identificada como FED/SIN/MOCH/0000747/2021.
El exconsejero también señaló que la magistrada Aída Inzunza Cázarez, hermana del senador Enrique Inzunza, fue quien impulsó la validación de la elección de Rocha Moya en una sesión que, afirmó, tuvo una duración de apenas cuatro minutos y medio. Indicó además que las investigaciones por los delitos electorales denunciados continúan abiertas cinco años después sin avances sustanciales.
El caso cobró nueva relevancia luego de que fiscales de Estados Unidos presentaran el 29 de abril de 2026 una acusación formal en Nueva York contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios, a quienes relacionan con Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa. El expediente sostiene que existió un acuerdo para favorecer electoralmente al actual gobernador y que funcionarios estatales habrían proporcionado información sobre adversarios políticos al grupo criminal.
La elección de 2021 en Sinaloa estuvo marcada por diversos hechos de violencia, amenazas y secuestros. El proyecto “Votar entre balas” documentó al menos seis secuestros, dos asesinatos y amenazas contra candidatos y operadores políticos. Entre las víctimas estuvo Paola Iveth Gárate Valenzuela, quien relató haber sido privada de la libertad horas antes de la votación. También se reportaron casos que involucraron a integrantes de Morena y familiares de candidatos de oposición.
Durante la jornada electoral, medios locales reportaron robo y quema de urnas en municipios del norte del estado, amenazas contra periodistas y suspensión de casillas en Ahome y Guasave. Asimismo, el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa informó sobre la desaparición de 51 paquetes electorales y la vandalización de 23 casillas, mientras partidos opositores presentaron impugnaciones por privaciones ilegales de la libertad, ataques a casas de campaña y delitos electorales registrados en distintos municipios.
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