Guadalajara sin agua a un mes de las marchas

Guadalajara, Jalisco, 12/11/26 (Más).- A un mes de la movilización masiva del 11 de octubre para exigir soluciones a la crisis de agua potable, habitantes de Guadalajara y su zona metropolitana continúan enfrentando cortes prolongados del servicio, con colonias que reportan más de 40 días sin recibir una sola gota, mientras las protestas y bloqueos de vialidades se mantienen diariamente ante las fallas del sistema de racionamiento implementado por las autoridades.

De acuerdo con información publicada por El País, el esquema de tandeos establecido por el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) no ha logrado responder a la demanda de la población y enfrenta cuestionamientos por incumplir los calendarios de distribución que establecen los días de suspensión del suministro en distintas colonias.

En sectores como Villa Hermosa, al sur del centro de Guadalajara, los habitantes reportan al menos ocho días consecutivos sin agua, mientras que en Oblatos, al oriente de la ciudad, algunos vecinos aseguran acumular dos semanas sin servicio. La situación es más prolongada en colonias como San Joaquín y Belisario Domínguez, donde los residentes señalan que llevan más de 40 días sin recibir suministro por la red pública.

Ante la falta de agua, habitantes de distintos puntos de la zona metropolitana han realizado manifestaciones y cierres de calles para exigir que se respete el calendario de tandeos. Durante las protestas se han escuchado consignas como “Respeten el tandeo” y “El agua es un derecho, no un privilegio”, además de exigencias para que las autoridades restablezcan el servicio.

La movilización del pasado 11 de octubre reunió a más de 10 mil personas y representó una de las mayores expresiones de inconformidad por la crisis hídrica en la capital jalisciense. Sin embargo, a cuatro semanas de aquella protesta, los problemas de abastecimiento continúan y los reclamos vecinales no han disminuido.

Los datos recopilados por el académico, escritor y activista Máximo Jaramillo muestran que la distribución desigual del agua también está relacionada con las condiciones económicas de los hogares. En un análisis publicado el 8 de noviembre, basado en información gubernamental, testimonios y otros registros, señaló que los cortes afectan a colonias de distintos niveles socioeconómicos, pero sus consecuencias son diferentes dependiendo de la capacidad de almacenamiento de cada familia.

Jaramillo explicó que la desigualdad se refleja en la duración de los cortes, las posibilidades de almacenar agua, los recursos disponibles para contratar pipas y la existencia de fuentes privadas de abastecimiento. El propio académico señaló que su colonia también está incluida en el esquema de racionamiento, con cuatro días a la semana sin servicio.

Uno de los principales factores de diferencia es la disponibilidad de cisternas. Según los datos de su investigación, 82 por ciento de las viviendas pertenecientes al estrato socioeconómico más alto cuenta con este tipo de almacenamiento, mientras que en los tres estratos inferiores la proporción se ubica entre 34 y 45 por ciento.

Las familias que no tienen cisterna dependen de tinacos, cubetas o de la compra de agua mediante pipas particulares. En algunos casos, el costo de estos servicios ha llegado hasta los cuatro mil 500 pesos por unidad, una cantidad que representa un gasto considerable para los hogares con menores ingresos.

El análisis también estima que aproximadamente 1.87 millones de personas están sujetas al esquema de racionamiento en Guadalajara y su zona metropolitana. La distribución de la población afectada comprende distintos estratos económicos, aunque las consecuencias de los cortes son más difíciles de enfrentar para quienes tienen menos recursos para almacenar o adquirir agua.

El Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec), organización con más de seis décadas de trabajo en Guadalajara, también ha cuestionado la aplicación de los tandeos. La agrupación considera que este mecanismo puede vulnerar el derecho humano al agua y profundizar las desigualdades, al trasladar a las familias la responsabilidad de resolver individualmente una problemática que corresponde atender a las instituciones públicas.

Jaramillo reconoció que algunas de las medidas gubernamentales recientes representan avances, pero consideró que todavía son insuficientes frente a las necesidades de la población. También advirtió que los hogares con menores ingresos enfrentan mayores dificultades para superar los periodos prolongados sin suministro.

La crisis del agua también mantiene pendientes relacionados con las actuaciones de las autoridades durante la movilización del 11 de octubre, que fue reprimida por elementos de seguridad y derivó en detenciones y denuncias de presuntas violaciones a los derechos humanos.

El pasado 6 de noviembre, funcionarios de seguridad del Gobierno de Jalisco comparecieron ante el Congreso local para explicar el operativo realizado durante aquella manifestación. Sin embargo, durante la sesión no se identificó a los responsables de ordenar las detenciones ni se ofrecieron respuestas concluyentes sobre los métodos utilizados contra los participantes.

Roberto Alarcón Estrada, coordinador general estratégico de Seguridad del Gobierno estatal, señaló que no contaba con información sobre quién autorizó el uso de la fuerza y las detenciones, al argumentar que las facultades de su coordinación no contemplan atribuciones de carácter operativo.

Durante las comparecencias también se expusieron testimonios sobre presuntas golpizas policiales, amenazas, incomunicación y tortura contra personas detenidas durante el operativo.

Denisse Montiel, integrante del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C. (Cepad), cuestionó los resultados de la comparecencia y señaló que las autoridades no respondieron los planteamientos de las víctimas. La representante calificó el ejercicio como un espacio de simulación y revictimización.

Montiel informó que seis personas se encuentran vinculadas a proceso y que la Fiscalía estatal no había comunicado el estado de las 32 carpetas de investigación abiertas por los hechos relacionados con los manifestantes detenidos.

Además, denunció que 25 personas resultaron heridas durante los acontecimientos y requirieron atención médica que, según señaló, no ha sido cubierta por el Estado.

A un mes de la protesta multitudinaria, Guadalajara mantiene dos demandas pendientes: el restablecimiento regular del suministro de agua potable y el esclarecimiento de las denuncias por presuntos abusos cometidos durante la intervención policial. Mientras tanto, vecinos de diferentes colonias continúan manifestándose para exigir el cumplimiento de los calendarios de distribución y el acceso al agua en sus hogares.