Ciudad de México, 12/11/26 (Más).- El proceso para designar a la nueva persona que ocupará la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), tras la renuncia de Guadalupe Taddei, permanece sin acuerdos entre las fuerzas políticas en la Cámara de Diputados, debido al rechazo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a negociar la convocatoria y a las ocho condiciones planteadas por el Partido Acción Nacional (PAN) para respaldar el procedimiento.
De acuerdo con información publicada por Animal Político, el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, y el legislador panista Federico Döring mantienen posturas distintas sobre las modificaciones necesarias para iniciar la selección, particularmente en lo relacionado con la independencia de quienes integrarán el Comité Técnico de Evaluación y las facultades de la presidencia del organismo electoral.
Moreira afirmó que su partido no tiene intención de negociar la convocatoria en los términos actuales, pues considera que el cambio de titular no resolverá por sí mismo los problemas institucionales del INE. Entre sus exigencias mencionó modificar las atribuciones de la presidencia, garantizar evaluadores independientes y avanzar en las investigaciones sobre las presuntas irregularidades relacionadas con la institución.
El legislador priista sostuvo que antes de iniciar el procedimiento deben establecerse condiciones que garanticen la autonomía del órgano electoral y permitan atender los señalamientos sobre su funcionamiento. También manifestó desconfianza respecto a los perfiles que podrían ser designados para evaluar a las aspirantes.
Por su parte, Federico Döring señaló que el PAN ha sostenido al menos dos reuniones o conversaciones para explorar un acuerdo, pero hasta el momento no ha recibido una respuesta definitiva sobre sus ocho propuestas. El diputado consideró que la convocatoria difícilmente avanzaría durante esta semana, aunque existe la intención de alcanzar un entendimiento la siguiente.
La vacante en la presidencia del INE se abrió el 26 de octubre, luego de la renuncia de Guadalupe Taddei. La persona que resulte designada deberá completar el periodo correspondiente, que concluye en 2032. Mientras se resuelve el procedimiento, la consejera Blanca Yassahara Cruz García ocupa provisionalmente la presidencia y el Consejo General opera con diez integrantes.
El principal punto de desacuerdo se encuentra en la convocatoria, documento que establecerá los requisitos, fechas, etapas y mecanismos para registrar y evaluar a las aspirantes. También deberá definir la integración del Comité Técnico de Evaluación (CTE), responsable de revisar los perfiles y seleccionar a las finalistas.
El comité estará integrado por cinco personas: tres designadas por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados y dos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Anteriormente estaba conformado por siete integrantes, incluidos dos nombrados por el extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Una vez instalado, el comité deberá revisar las trayectorias profesionales, aplicar evaluaciones y realizar entrevistas a las aspirantes para seleccionar a cinco finalistas. Posteriormente, la Jucopo buscará construir un acuerdo sobre una propuesta que será sometida a votación del pleno de la Cámara de Diputados.
Para concretar el nombramiento se requieren dos terceras partes de los diputados presentes. Si no se alcanza un acuerdo después de agotar las etapas y los plazos establecidos, el procedimiento contempla realizar una insaculación entre las finalistas, mecanismo utilizado en marzo de 2023 para elegir a Guadalupe Taddei como presidenta del INE.
Moreira cuestionó que tres integrantes del comité sean designados por la Jucopo y dos por la CNDH, al considerar que podrían conformarse mayorías con perfiles cercanos a Morena. El coordinador priista señaló que no existen garantías suficientes sobre la independencia de quienes participarán en la evaluación y rechazó que su bancada presente nombres alternativos mientras no se modifiquen las condiciones del proceso.
El dirigente parlamentario también pidió revisar las investigaciones relacionadas con las presuntas irregularidades en el organismo electoral y planteó la necesidad de realizar una auditoría externa al padrón electoral, con énfasis en la protección de los datos personales y biométricos de la ciudadanía.
En sus declaraciones, acusó a Morena de desviar la discusión sobre los problemas del INE y sostuvo que el gobierno federal debe ofrecer garantías de que existe voluntad para revisar el funcionamiento del sistema electoral.
Por separado, Ivonne Ortega, coordinadora de los diputados de Movimiento Ciudadano (MC), también planteó que los integrantes del Comité Técnico de Evaluación no tengan vínculos partidistas ni gubernamentales. Su partido propone incorporar a universidades y organizaciones de la sociedad civil en el proceso, además de revisar las atribuciones de la presidencia del instituto.
Ortega incluso ha planteado la renovación de todo el Consejo General del INE, aunque reconoció que existen conversaciones entre las fuerzas políticas para alcanzar un acuerdo sobre la convocatoria.
Las ocho condiciones del PAN
Las propuestas de Acción Nacional incluyen ampliar de cuatro a ocho años el periodo de separación de quienes hayan ocupado cargos directivos en partidos políticos, así como excluir del comité a servidores públicos en funciones y personas vinculadas con gobiernos o autoridades electorales.
También plantea que la Jucopo consulte a instituciones de reconocido prestigio antes de designar a sus tres representantes y que la CNDH realice consultas con organizaciones civiles para integrar sus dos propuestas, además de permitir que se presenten objeciones sobre los perfiles seleccionados.
Otras exigencias están relacionadas con la transparencia del procedimiento. El PAN solicita incorporar observadores, establecer mecanismos para impedir filtraciones de los exámenes, publicar los resultados con autorización de las aspirantes y explicar las razones por las que se elige a cada una de las cinco finalistas.
La octava condición busca revertir la concentración de facultades en la presidencia del INE, derivada de la reforma al artículo 45 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), aprobada en octubre de 2024.
Esa modificación permitió que la persona titular de la presidencia designe directamente a quienes encabezan las direcciones ejecutivas y unidades técnicas, sin someter esos nombramientos a la aprobación del Consejo General. El PAN considera necesario revisar esa disposición para modificar el equilibrio de decisiones dentro del organismo.
Döring señaló que la elección de una nueva presidenta no será suficiente para resolver los problemas institucionales si no se corrigen las reglas internas y se garantiza que el organismo cuente con recursos para cumplir sus responsabilidades. Entre los pendientes mencionó la fiscalización de gastos no reportados en redes sociales, actividad que, según dijo, requiere servicios y herramientas adicionales.
En tanto, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, manifestó que su bancada continuará buscando un acuerdo amplio sobre la convocatoria, la integración del comité y el nombramiento. También dejó abierta la posibilidad de recurrir a un periodo extraordinario de sesiones si fuera necesario.
La negativa del PRI no representa por sí misma un veto al procedimiento, debido a que Morena y sus aliados cuentan con mayoría legislativa para impulsarlo. Sin embargo, la falta de respaldo priista dificulta alcanzar la unanimidad política que la coordinación parlamentaria busca para que la nueva titular del INE llegue al cargo con mayores consensos.
El miércoles 11 de noviembre, Monreal reiteró su intención de avanzar en las negociaciones, aunque no anunció una fecha definitiva para aprobar la convocatoria. Döring señaló que la siguiente semana podría concretarse un entendimiento, mientras Moreira descartó que existieran condiciones para aprobar el documento de inmediato.
De esta manera, la designación de la nueva presidencia del INE continúa pendiente de acuerdos sobre las reglas de selección, la independencia de los evaluadores y las atribuciones que tendrá quien encabece el organismo electoral hasta 2032.
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