Por Carlos Ramos
El ascenso al poder presidencial de MORENA se dió de una forma atípica. Tradicionalmente los partidos políticos van ganando espacios político-electorales de abajo hacia arriba: ganan regidurías, luego alcaldías, después una serie de gubernaturas hasta alcanzar a obtener el poder federal. Este ascenso gradual escalonado les permite ir obteniendo experiencia y conocimiento personal e institucional acerca del gobierno, sus problemas y posibles soluciones. Ya no se diga facilitar el entendimiento de como funciona cada nivel de gobierno conlleva a tener una comunicación administrativa más clara entre sí para fortalecer programas y agilizar presupuestos.
El ascenso al poder de MORENA fue exactamente a la inversa, llegando primero al máximo puesto, la Presidencia de la República, y de ahí permeando hacia abajo para ganar gubernaturas y alcaldías.
La ideología de un partido político busca plasmar en programas de gobierno sus principios, para alcanzar lo más rápido posible su ideal de nación. Si bien en el Proyecto de Nación de López Obrador se ven claros algunos de sus principios, otros siguen siendo una interrogante, y otros los hemos venido colocando dentro del espectro ideológico de la izquierda y la derecha a medida que el presidente habla y en algunos casos, ejecuta. Aún no queda del todo claro donde posicionarlo. Es reformista orientado hacia la izquierda, pero brutalmente neoliberal a la derecha en adelgazamiento administrativo. Se dice democrático como la derecha, pero en los hechos es de izquierda autocrática. Es militarista de izquierda pero sin políticas de mano dura hacia la criminalidad.
En el tema de la seguridad pública, se esperaban resultados muy diferentes a los que en tres años de gobierno se han presentado. Lejos de reducir los indicadores de homicidios dolosos relacionados con el crimen organizado, éstos siguen a la alza de una manera alarmante. Hoy hay el triple de homicidios dolosos que en gobierno de Felipe Calderón, al que se le acusa de haber iniciado la guerra contra el narco.
Aún y cuando en los primeros meses de gobierno la aparente estrategia de “abrazos y no balazos” no logró contener el ascenso de los homicidios dolosos, el Presidente continuó defendiendo su estrategia, en público y en privado, llegando a exasperar a miembros de su gabinete de seguridad en sus reuniones mañaneras previas a sus conferencias de prensa. Estas reuniones del gabinete de seguridad tampoco han tenido impacto visible en los indicadores de seguridad pública.
Llegado el momento de ir ganando gubernaturas, los gobernadores de MORENA ahora tienen que actuar contra la inseguridad pública causada por los criminales, y/o por la omisión gubernamental federal. Las campañas políticas y el vivir de cerca la inseguridad sensibilizan a quienes gobiernan. Más aún en niveles de gobierno cercanos a la población.
Michoacán, Guerrero, Zacatecas, Sonora y Colima son los estados más recientes ganados por MORENA y merece analizarse lo que aquí ha pasado con la alternancia electoral y los principales indicadores de seguridad pública.
Hoy se encuentran entre los 9 estados con más violencia dentro del país y concentran uno de cada tres homicidios dolosos, y en cada uno de estos 5 ya hubo matanzas múltiples. Guanajuato, tradicional estado panista, dejó ya de ser el único foco rojo de violencia.
El reto político que estos gobernadores enfrentan es dar resultados rápido sin chocar con la política federal de quien los hizo candidatos, López Obrador: bajar los indicadores de violencia sin enfrentar al crimen organizado.
Su primera decisión parece más una orden de López Obrador: nombrar como Secretarios de Seguridad Pública a militares o marinos, en sincronía con el gobierno federal. Pero ni a nivel federal ni a nivel estatal estos nombramientos militares han dado resultado, y así como en el nivel federal, en estos cinco estados la tasa de homicidios aumentó simultáneamente con el cambio de gobierno.
Guerrerenses en días pasados salieron a las calles en la primera manifestación contra el nuevo gobierno a fin de exigir un alto a la violencia.
Que desesperante debe ser para los nuevos gobernadores tratar de respetar la política de abrazos y no balazos dictada por quien los hizo gobernadores mientras ven de cerca las matanzas, las lágrimas, las manifestaciones y en algunos casos los éxodos de comunidades para huir del crimen organizado…escoltados por militares! El colmo.
Incluso en Sonora, Alfonso Durazo, hoy gobernador, fue Secretario de Seguridad Pública Federal y aún así los homicidios dolosos se le han incrementado a un 11% y en días pasados fuimos testigos del dominio del crimen organizado en Caborca.
MORENA como partido político, no cuenta con una curva de aprendizaje como partido político para poder compartir experiencias exitosas de gobierno estatal o municipal, y esto lo paga la ciudadanía. La falta de autonomía estatal como resultado de una autocracia partidista y federalista unificada en la misma persona, el Presidente Obrador, también lo paga la ciudadanía. No hay margen para otras opiniones ni diferencias. Y como opinión más personal, la negativa a contratar expertos asesores externos como es un sello de la austeridad extrema morenista les limita aún más sus opciones de solución.
Adicional al tema administrativo, ideológicamente tampoco es aceptable para MORENA contratar asesores externos. Apenas hace un mes, López Obrador mencionó con cierto desagrado haberse enterado de que el gobernador de Quintana Roo (PAN-PRD) buscó asesoría del FBI y la DEA para reforzar la seguridad pública. Lo que entre líneas les resta opciones a los gobernadores de MORENA para buscar asesoría externa.
Hoy los gobernadores de MORENA se encuentran entre los abrazos que implican no combatir directamente al crimen organizado y entre los balazos del día a día que sus ciudadanos exigen, imploran detener al gobernador por el que votaron con la esperanza de un cambio haga algo al respecto.
Veremos como reaccionan los nuevos gobernadores ante ésta disyuntiva.
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