Astillero
Julio Hernández López
La presidenta de Morena en San Luis Potosí, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, planteó como alternativa de solución ante la probable ruptura de alianza entre el Verde y Morena, a causa de una candidatura conyugal del primer partido, que éste proponga a otra persona (sin características de nepotismo, se entiende), para que abandere y sostenga la coalición correspondiente: “Si en un momento dado hubiese otro prospecto, otro perfil del Partido Verde para la gubernatura, yo creo que igual y ellos serían los que fueran a la cabeza de la coalición” (https://goo.su/rCPP).
La fórmula propuesta es sumamente pragmática: si el Verde, es decir, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, desiste de imponer a su esposa, Ruth González Silva, como candidata a la sucesión, Morena le cedería la postulación al Verde Ecologista de México (partido de las cuatro mentiras, suele decir un tecleador astillado).
Sería un negocio redondo para la poderosa corriente clientelar y electoral que ha tejido el mencionado gobernador, cuyo padre es actualmente diputado federal, y su esposa, presunta aspirante a la sucesión, es senadora, todo bajo el amparo del Tucán. Así podría colocar a otra pieza, de bajo perfil hasta ahora, ajena al golpeteo, susceptible de conducción transexenal y, en una de ésas, la senadora González Silva puede nuevamente aspirar al cargo dentro de seis años. No sería nepotismo, sino cacicazgo, pero éste no ha sido prohibido legalmente.
Una opción no matrimonial significaría la continuidad del dominio de la familia Gallardo. De hecho, sería una especie de certificado absolutorio, con sello 4T de autenticidad, de las acusaciones que en esa entidad se hacen al expansivo gobernador Gallardo, a quien en su momento favoreció Mario Delgado al abatir cualquier posibilidad de crecimiento y triunfo de Morena para cumplir el pacto político de apoyo al Verde y a Gallardo. La historia, con sus matices, ¿se repetirá?
En otro tema, que no está desconectado: en San Luis Potosí ha crecido el rechazo a una adición a un artículo del Código Penal del estado, aprobada en noviembre de 2025, que establece sanciones a quienes usen de manera indebida la inteligencia artificial y la tecnología digital. En esencia, dispone la privación de la libertad, de uno a seis años, a quienes utilicen herramientas cibernéticas para alterar imágenes, audios, videos o la voz de una persona sin su consentimiento.
A esa propuesta punitiva se ha denominado ley Serrano, pues fue impulsada por el diputado local Héctor Serrano Cortés, quien fue secretario general de Gobierno de la Ciudad de México (y, enseguida, de Movilidad) con Miguel Ángel Mancera como jefe y, desde la postulación de Ricardo Gallardo Cardona como candidato al gobierno de San Luis Potosí en 2021 (campaña electoral de la que fue coordinador), convertido en operador político en la entidad, donde actualmente es diputado local por el Verde Ecologista de México y, como coordinador de la mayoritaria bancada de este partido, virtual jefe político de la Junta de Coordinación Política del Congreso estatal.
La mencionada ley Serrano ha servido de inmediato como garrote contra periodistas potosinos, según lo que han denunciado. Ha habido detenciones y hay investigaciones judiciales en curso, no sólo sustentadas en la “ley” mencionada. El propio Serrano ha acusado, por ejemplo, a Juan Pablo Moreno, de la revista La Noticia, por la vía penal, y la próxima semana lo hará por la vía civil. Un periodista de Ciudad Valles, Christian Herrera, del portal Código Rojo, fue encarcelado durante un mes bajo acusaciones, hasta ahora imprecisas (conforme a otro artículo reformado del Código Penal estatal), pero que incluyen el haber insertado en una publicación de Internet, como ilustración de un contenido, la insignia de una corporación policiaca y, además, “usurpar” funciones oficiales al invitar a los ciudadanos a allegarle denuncias de abusos de poder y otros casos lesivos. ¡Hasta mañana!
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