Ciudad Victoria, 14/05/25 (Más).- La desaparición del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Tamaulipas (ITAIT) fue aprobada por el Congreso local con 23 votos a favor y 8 en contra, decisión que ha provocado preocupación entre funcionarios estatales respecto a la protección de sus datos personales.
La decisión implica que las funciones del ITAIT quedarán a cargo de la Contraloría Gubernamental del estado.
El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Tamaulipas, Humberto Prieto, argumentó que la eliminación del organismo responde a que “la comisionada, si checas su pasado partidista, fue secretaria general del PAN a nivel estatal, pues obviamente protegía todavía a su líder y no puedes permitir que gente con trabajo en su partido, esté al frente de una decisión tan importante”.
Según el legislador, la titular del instituto, Dulce Rocha Sobrevilla, mantenía vínculos partidistas con el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca.
Durante una conferencia, Prieto también expresó: “Estaban ahí agarrados y cómo íbamos a estar preguntando cosas”, aludiendo a la falta de imparcialidad en la conducción del instituto.
En contraste, diputadas del Partido Acción Nacional (PAN), como Patricia Saldívar Cano, cuestionaron la decisión legislativa. Afirmaron que esta representa un retroceso en la transparencia gubernamental. “Es una restauración del viejo régimen de gobierno de los ochenta, porque ahora el gobierno, será quien decida qué información dar a conocer y cuál no”, dijo la legisladora.
Otros miembros del PAN también advirtieron que la eliminación del ITAIT representa una centralización del control sobre la información pública, lo cual pondría en riesgo el derecho de los ciudadanos a saber y a proteger sus datos personales. Según expresaron, con la desaparición del instituto, el gobierno estatal asumirá el control sobre la información que podrá ser consultada por la ciudadanía.
En defensa de la medida, legisladores que votaron a favor aseguraron que la intención no es limitar derechos ni alterar las funciones administrativas del estado. Señalaron que el objetivo es evitar duplicidades y opacidad, dado que, según sus argumentos, el ITAIT era innecesario su trabajo porque no daban resultados.
Humberto Prieto afirmó que se trata de concentrar y fortalecer sus funciones en un órgano con mayor capacidad operativa, técnica y administrativa, que rinda cuentas y que cumpla su deber sin simulaciones, ni omisiones. Añadió que la transparencia no depende de las siglas de una institución, sino de la voluntad del gobierno y su compromiso con la rendición de cuentas.
Por otro lado, se dio a conocer que la supresión del instituto permitirá un ahorro anual de 21 millones de pesos al erario estatal. Funcionarios como Francisco Hernández Niño aseguraron que esta decisión responde a un esfuerzo de reorganización administrativa con enfoque en eficiencia del gasto público.
Hernández Niño explicó que no tiene como propósito modificar de manera regresiva las funciones administrativas a cargo del Estado, ni afectar sus obligaciones prerrogativas, obligaciones o fines constitucionales; mucho menos pretende trastocar o limitar los derechos fundamentales consagrados en las Constitución, como el acceso a la información pública o la protección de datos personales.
Conforme a los argumentos presentados por los legisladores oficialistas, la medida apunta a fortalecer el ejercicio de las funciones administrativas desde una visión que busque mayor eficiencia y eficacia en el uso de recursos públicos.
El ITAIT fue un organismo estatal autónomo encargado de garantizar el acceso a la información pública y la protección de datos personales en Tamaulipas. Contaba con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como autonomía presupuestaria, operativa, técnica, de gestión y de decisión. Entre sus funciones principales estaban la resolución de recursos de revisión, la promoción de la cultura de la transparencia, la protección de datos personales, la verificación de portales oficiales y la capacitación de funcionarios y ciudadanos en materia de transparencia. La desaparición de este órgano plantea un nuevo escenario para el ejercicio del derecho a la información en el estado. Mientras legisladores a favor aseguran que las garantías permanecerán vigentes bajo la gestión de la Contraloría Gubernamental, opositores y funcionarios públicos expresan preocupación por la posible vulneración de derechos, entre ellos la privacidad de datos personales de trabajadores del estado.
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