Ciudad de México, 14/05/25 (Más).- El titular de la Agencia de Transformación Digital, José Antonio Peña Merino, explicó los alcances de la iniciativa de Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con la cual el Gobierno Federal busca establecer un marco integral para regular el acceso, uso y explotación de las distintas formas de transmisión de información en el país.
Durante su intervención en la conferencia matutina del Ejecutivo federal, Peña Merino sostuvo que la propuesta legislativa abarca todos los componentes del ecosistema de telecomunicaciones en México, desde la infraestructura física hasta los servicios que habilitan la conectividad.
“La nueva ley regula básicamente todo el ecosistema de telecomunicaciones, el cómo distintas cosas se conectan entre sí para transferir información: internet, telefonía móvil, TV abierta y por cable, telefonía fija, radio, etcétera”, afirmó.
El funcionario explicó que la legislación considera no sólo los servicios tradicionales, sino también los medios e infraestructuras que permiten su funcionamiento.
“Otra forma de decirlo es que se regula el acceso y el uso de señales de comunicación, es decir, quién accede a las formas de transmisión de información sea por el aire, cable, torres, etcétera, y qué uso se hace de esta infraestructura”, agregó.
Uno de los ejes de la iniciativa se refiere a las concesiones de espectro, que definen quién puede ofrecer servicios de telefonía celular, así como a la gestión y explotación de infraestructura, incluidas torres, antenas y satélites. El planteamiento considera que el uso de estas redes podrá ser de carácter comercial, social o público.
Peña Merino mencionó que se busca una prestación de servicios más incluyente y diversa. Asimismo, subrayó que la interconexión entre operadores, la compartición de infraestructura, la calidad de los servicios, la administración de las posiciones orbitales y la protección de los derechos de audiencias y usuarios son aspectos esenciales contemplados en la propuesta.
El titular de la Agencia de Transformación Digital compartió también datos sobre el acceso a internet en el país. Señaló que 10.2 millones de personas viven en regiones sin cobertura móvil 4G, lo que impide su conexión a la red y explicó que esta situación afecta el ejercicio de otros derechos, ya que “el internet no sólo es un derecho en sí mismo, sino también una herramienta que permite ejercer otros derechos”.
Añadió que 4.4 millones de personas habitan en zonas con cobertura, pero no tienen los recursos para contratar el servicio. Afirmó que estas personas también se encuentran desconectadas, pues la disponibilidad técnica no garantiza el acceso si no pueden costearlo. En total, al menos 15 millones de personas estarían afectadas por esta condición.
Peña Merino indicó que la propuesta de ley tiene como finalidad conectar a todos los mexicanos. En ese sentido, destacó la asignación de espectro para uso público, lo que permitirá ofrecer acceso gratuito a internet en oficinas gubernamentales y espacios públicos.
Otro punto de la iniciativa contempla permitir a la Comisión Federal de Electricidad brindar servicios comerciales de telecomunicaciones en igualdad de condiciones con los operadores privados. También se plantea que las grandes empresas amplíen su cobertura social y carretera, a cambio de incentivos en el pago por el uso del espectro.
La iniciativa incluye mecanismos para que operadores comunitarios, sociales y públicos accedan a las redes de los concesionarios principales mediante tarifas accesibles y no discriminatorias.
En materia de derechos de los usuarios, la iniciativa contempla el acceso a equipos desbloqueados, la posibilidad de recargar saldo en cualquier punto de venta y medidas para proteger las posiciones orbitales del país. También establece obligaciones para que las empresas implementen planes de contingencia y el retiro ordenado de cableado, así como el bloqueo de señales en centros penitenciarios. El funcionario sostuvo que con la nueva legislación se restituyen los derechos de audiencias reconocidos en 2014, incluyendo la creación de códigos de ética y defensorías de audiencias. Con ello, dijo, se fortalecerá la protección de los consumidores.
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