Frontera; cuando la crisis del agua se vuelve una crisis política

Por Miguel Villarello

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En lo que se podría interpretar como el preámbulo a la guerra electoral a partir del 1 de enero del 2023, inició en julio la lucha política, en este caso por el control del agua a nivel municipal.

Lo cual incluye el enfrentamiento entre tres partidos políticos y la autoridad estatal y municipales para controlar la operación, administración y abastecimiento del vital líquido a la población, actividad -la administrativa primordialmente- que tradicionalmente se ha practicado pues muchos los sistemas municipales de agua y saneamiento son considerados las cajas chicas en tiempos electorales.

Para muestra de esta crisis del agua que viven la mayoría de los municipios y sus comunidades aparte de la sequía y abatimiento de los acuíferos que los abastecen, está el conflicto político que se produjo en el SIMAS Monclova-Frontera esta semana y a raíz de la modificación que la mayoría legislativa del Partido Revolucionario Institucional y el Verde Ecologista de México en el Congreso aplicaron a la Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila.

Con dicha reforma 17 de los 25 congresistas incrementaron el número de integrantes de los consejos de administración de los SIMAS con personas de la Iniciativa Privada y funcionarios del Gobierno actual, no obstante, no tomaron en consideración el incluir a activistas ambientales o expertos en el tema del agua sustentable.

Otro dato que salta a la vista es que, al ser considerados como las cajas chicas de las administraciones municipales y el gobierno estatal en tiempos electorales, ambos niveles gubernamentales se preparan desde ya a controlar por la vía legal la rectoría de los SIMAS con el fin de no permitir que, por ejemplo, la oposición controle dichos sistemas de abasto, dado que, de 38 municipios que tiene la entidad, al menos 15 están siendo administrados por alcaldes emanados de los partidos Acción Nacional, Unidad Democrática de Coahuila y Movimiento de Regeneración Nacional.

Y precisamente el conflicto estalló presuntamente encabezado por el alcalde morenista de Frontera, Roberto Clemente Piña Amaya, cuando acompañado de un grupo de ciudadanos y ejidatarios el pasado lunes tomaron las oficinas del SIMAS Monclova, echaron fuera al personal administrativo y requisaron por medio de la policía municipal más de 10 camionetas del personal operativo que tiene a su cargo el control del suministro del vital líquido en toda la mancha urbana de Monclova y una amplia zona de Frontera, pues ambas ciudades están pegadas.

En consecuencia, más de 50 mil usuarios, que significan unas 250 mil personas, de la región Centro del estado se quedaron sin agua durante casi cuatro días, desde el lunes 4 hasta el jueves 7 de julio.

Por lo menos un millar de medidores domiciliaros reventaron por la fuerte presión que se ejerció en la red de abasto al no tener el control de las bombas extractoras, cientos de tramos de tuberías también colapsaron y dejaron de entrar por concepto de cobro de suministro alrededor de 3 millones de pesos a la tesorería del sistema, ello según datos que el gerente del SIMAS de ambas ciudades Eduardo Campos Villarreal diera a conocer a través de las redes sociales de la compañía operadora el mismo jueves.

HISTORIA

Uno de los antecedentes es que el 21 de junio y mediante una iniciativa el Congreso local modificó la Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila, acción con la que -según justificaron-, posibilitará que los consejos municipales de agua y saneamiento estén formados por un máximo de 20 integrantes y tomar mejores decisiones en beneficio de la población.

Dicha decisión derivó de la aprobación de dos dictámenes de ley mediante los que se creaban los organismos públicos descentralizados intermunicipales SIMAS Múzquiz, San Juan de Sabinas, Sabinas y Progreso, así como el SIMAS Monclova y Frontera.

La decisión fue aprobada por la mayoría priista legislativa, no obstante, la queja y postura en contra de los grupos parlamentarios del PAN, MORENA y UDC que pedían imponer candados a la administración de los recursos del agua ya que varios SIMAS están siendo investigados por estar involucrados en hechos de corrupción, de acuerdo a datos de la Auditoría Superior del Estado entre los años 2018 y 2021, además del tráfico de influencias que se da al interior de dichos sistemas administradores del agua.

El primer dictamen para crear el Organismo Público Descentralizado Intermunicipal denominado Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Múzquiz, San Juan de Sabinas, Sabinas y Progreso fue promovido por el diputado Jesús María Montemayor Garza y el segundo fue para crear el Organismo Público Descentralizado Intermunicipal denominado SIMAS de Monclova y Frontera suscrito por la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, ambos de la fracción del PRI.

En cuanto a la iniciativa para modificar la Ley de Aguas, Ricardo López Campos, también del PRI y coordinador de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Legislativo, advirtió antes que “el dictamen por aprobarse aborda el número de consejeros de acuerdo con datos poblacionales” y quedó de la siguiente manera:

Hasta diez consejeros en poblaciones de hasta 10 mil habitantes, hasta 14 consejeros para las de 10 mil uno hasta 40 mil, hasta 16 consejeros para las de 40 mil uno a 80 mil y hasta 20 consejeros en poblaciones de 80 mil uno en adelante.

Con referencia al SIMAS de la Carbonífera, Montemayor Garza propuso sumar a 6 integrantes al consejo directivo y aumentarlo a 22 y compuesto por miembros del sector social y empresarial además de representantes del Ejecutivo del Estado, de las secretarías de Inclusión y Desarrollo, Medio Ambiente, del Trabajo, de Vivienda y Desarrollo Territorial y la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento, el cual quedó finalmente con 18 consejeros.

Aunque el mismo sistema regirá para el SIMAS Monclova-Frontera, en este caso se propuso 6 integrantes al consejo directivo y dejarlo con 22 personas y representantes de los sectores y dependencias mencionadas antes, pero quedó con integrado por 20 consejeros.

Salta a la vista el dato de que en ninguno se incluyó la designación de expertos en el tema del agua ni a miembros de la ciudadanía.

La justificación para ambos entes descentralizados, pese a las protestas de los grupos parlamentarios de oposición que por momentos llegaron a la confrontación ideológica con los de mayoría priista, fue que “las secretarías que se pretenden añadir lograrán la mejora a los servicios que la ciudadanía requiere”.

Incluso puntualizaron los legisladores ante la tribuna que dichas “adiciones abonarán a una mejor coordinación entre las dependencias y entidades estatales y municipales favoreciendo el desarrollo de diversas áreas de nuestro estado”.

SOLUCIÓN A CRISIS

Luego de aprobada dicha ley y ser enviada al Ejecutivo para emitir el decreto respectivo, fue el mismo Gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, quien a finales de junio dio a conocer su postura frente a la crisis del agua que enfrentan varios municipios y sus comunidades en las cinco regiones de la entidad, principalmente las del Norte.

Ello no obstante la crisis del abasto en Torreón y Matamoros a principios del mes pasado y que se ha solucionado a medias, según los mismos usuarios afectados, Monclova y Múzquiz son otros ejemplos del desabasto y llegada del “tandeo” del agua a los domicilios durante ciertas horas del día o ciertos días de la semana.

“Coahuila tiene que trabajar para no entrar en la crisis del agua como la viven otras entidades del Norte del país, por ello me reuniré con alcaldes cuyos municipios tengan problemas de agua y que hayan llegado al tandeo por el déficit de abastecimiento ya sea en la zona urbana o rural”, recalcó el Mandatario.

Reconoció que “sí tenemos en Coahuila comunidades que tienen falta de agua, pero estamos trabajando en las mismas, acabo de pedirle al director de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento una reunión con la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial, será con los alcaldes que tengan algunas comunidades rurales y parte de su zona urbana con falta de agua potable”.

“Así como las que tengan déficit de agua y las que están en tandeo en este momento, la idea es que, de aquí a que termine mi gobierno, tener la solución correcta para cada uno de los municipios”.

Asimismo, enfatizó que “se incluirá a los que tienen organismos operadores de agua para poderlos ayudar junto con el Congreso para que de manera directa puedan solicitar préstamo y puedan perforar lo necesario y solventen lo que hoy tienen en carencia del vital líquido”.

Por ello, precisó que a los municipios más chicos “ayudarlos de manera directa el Gobierno estatal, prueba de ello es que ya estamos perforando algunos pozos en las regiones, por ejemplo, en Sabinas vamos a iniciar operaciones con un tanque de agua para mejorar la situación de abasto”.

CONAGUA

A su vez el diputado federal Jaime Bueno Zertuche exhortó “a la Conagua para que con su aportación mediante recursos federales atienda y participe en la solución de la problemática del agua en Coahuila ya que hasta el momento sólo el Gobierno del Estado y los municipios afectados han tenido que realizar acciones como perforaciones y búsqueda del vital líquido”.

Luego de reconocer que la situación de escases del vital líquido ya afecta a municipios de todas las regiones de Coahuila, al grado de que Gobierno del Estado está trabajando con los ayuntamientos, principalmente los ubicados en las regiones Carbonífera y Centro para la solución del déficit y donde las perforaciones han alcanzado poco más de mil metros para obtener agua, el legislador insistió en el llamado a la dependencia federal.

“Sí hay posibilidades de hacer ese llamado a la Conagua en la tribuna del Congreso de la Unión y esperemos que estos llamados sean atendidos, mediante exhortos y puntos de acuerdo podemos elevar estos llamados a que la dependencia federal haga presencia en Coahuila”.

SIN EXPERIENCIA

El incremento en el número de consejeros en los Sistemas Municipales de Agua y Saneamiento como los de Sabinas y Monclova-Frontera no es significante, expresó la especialista en agua Gloria Tobón Echeverry de la Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo.

Consultada al respecto y la actual situación de crisis de agua y la urgencia de alcanzar la sustentabilidad en este rubro en la región, expresó que se debió haber considerado el que se incluyera en esos consejos a personas que tengan experiencia y conocimientos en el tema del agua.

Lo anterior también derivado de la aprobación de la Ley de Aguas de los Municipios del Estado de Coahuila y en la se privilegió el incremento del número de consejeros a los sistemas de agua, en lugar de establecer candados a cuestiones, por ejemplo, del cobro de tarifas, el desarrollo de proyectos sustentables para el cuidado del agua, la perforación o explotación de los mantos freáticos regionales o inclusive la sobreexplotación que se da en los municipios más poblados.

Aparte de no tomar en consideración a especialistas ciudadanos en el tema del agua para que formaran parte de dichos consejos, el que sean cinco o diez funcionarios municipales o estatales para integrar estos cuerpos colegiados y que no sepan nada del agua en nada beneficia, no hace mucha diferencia, sostuvo.

Después de expresarle que la justificación de los diputados para dicho incremento es que redundará en la mejora de acciones para explotar el agua, la experta en la temática hidrológica habló de su experiencia a su paso por el consejo de SIMAS Saltillo hace unos años, del que dijo que eran muchos integrantes.

“Solamente hablábamos dos o tres personas que teníamos conocimiento del tema, porque las demás personas no tenían ni el conocimiento ni les interesaba el tema del agua; parecía que estaban ahí por el aspecto social, es decir, se sentían muy importantes por pertenecer a un consejo municipal, así, mi parecer no es el número, deben de ser personas que tengan conocimientos y/o experiencia en cuestiones del agua”, precisó.

E indicó que, en el caso de Parras, por ejemplo, nombraron un consejo del SIMAS “y hay varias personas que son muy activas en ese consejo en la cuestión del agua, pero en Parras hay un organismo que analiza los recursos naturales de la localidad y le saben al tema del acuífero, pero no invitaron a ninguna de esas personas a formar parte de ese consejo”.

Por ello insistió con que, en pocas palabras, “el que sean cinco o sean diez no hace mucha diferencia pues el problema es que depende de si esas personas que nombran van a apoyar todo lo que diga la presidencia de ese consejo, ya que, a mi parecer, debería estar integrado cada consejo con la opinión ciudadana, pero para los ciudadanos es muy difícil participar en ellos”.

MÁS DINERO

Pasado el trago amargo y aprobada la ley, en la siguiente sesión ya con la Diputación Permanente instalada para tomar decisiones en julio y agosto, los 11 legisladores que la integran literalmente clamaron por la intervención de la Comisión Nacional del Agua para que, destine recursos extraordinarios para incentivar proyectos de obtención de agua ante la crisis del vital líquido que viven las cinco regiones de la entidad.

No obstante, el prietito en el arroz fue que lo hicieron a través de un exhorto y este tipo de documentos significan para algunos legisladores como “llamados a misa y que nadie atiende”.

En ese sentido y de nueva cuenta fue el PRI a través del diputado Héctor Hugo Dávila Prado quien hizo la propuesta con la justificación de que la actual administración federal ha retirado distintos apoyos que han ocasionado la disminución del presupuesto en millones de pesos que eran canalizados para enfrentar la sequía.

“Esta situación ha dañado de manera significativa a la economía, la agricultura y la salud de muchas de las comunidades urbanas y rurales del estado, por lo que es indispensable poner en marcha proyectos hídricos en Coahuila y que vayan encaminados a garantizar el derecho de acceso al agua a la ciudadanía, además de analizar la sustentabilidad hídrica con la que contamos y no rebasar las condiciones de almacenamiento naturales de este recurso vital”.

COLAPSO DE LA RED

Pero volviendo con el tema del agua concretamente en la región Centro y el incidente que vivieron esta semana miles de usuarios por la falta del vital líquido en Monclova y Frontera, “el sistema de agua en Monclova no está en riesgo sino en peligro de colapsar si no se resuelve por la vía del diálogo el problema entre usuarios y SIMAS Monclova-Frontera”.

Eso lo advirtió el diputado Ricardo López Campos, uno de los que pugnaron por la modificación de la ley del agua para incrementar a los consejeros y quien tiene lazos familiares con el gerente de dicho SIMAS.

Incluso declinó opinar en el sentido de, si se trata de un problema político ya que, al parecer, quiénes se manifestaron en el SIMAS Monclova cerrando las instalaciones impidiendo el trabajo del personal habrían sido encabezados por el alcalde de Frontera, Roberto Piña Amaya, el legislador priista consideró que la problemática tuviera relación con el reciente incremento del número de integrantes del Consejo del organismo municipal.

El sistema no se va a privatizar, la protesta la fundan en argumentos fuera de base, enfatizó además de reconocer que recientemente la Ley de Aguas de los Municipios y el Estado de Coahuila fue modificada en el Congreso en cuanto a su número de consejeros dependiendo del índice de población y que se tomaran adecuadas decisiones en cuanto a las acciones en el grave problema de la sequía y falta de agua.

“La única manera de mitigar el problema del desabasto de agua es hacer sinergia, pero lo que sucedió fue que al momento en que tomaron protesta los nuevos consejeros en el sistema municipal de Monclova-Frontera el lunes protestaron y cerraron las oficinas además de no permitir el trabajo del personal que andaba en campo con el control de las válvulas de dotación de agua en la red domiciliaria”, platicó López Campos.

“Actualmente el sistema está bloqueado, pero no es problema que las oficinas del SIMAS estén tomadas, el problema es la operación diaria del sistema para poder dar el servicio de agua a la población”.

“Hay una acción irresponsable con la toma de instalaciones del SIMAS Monclova-Frontera y debe ser atendida adecuadamente porque está por encima el derecho humano al agua, a que los ciudadanos recibamos agua en nuestras casas y hoy está bloqueado”, se quejó.

Por ello otro problema urgente de resolver, visualizado el legislador, es que no hay quién controle las válvulas de suministro de la red en la ciudad y por ello no hay agua en las colonias, “pero el gran riesgo que existe es que se puede colapsar la tubería por alta presión ya que con este impedimento al personal operativo para trabajar se quedaron las bombas extractoras del vital líquido funcionando”.

“Y si se satura la presión algunos tramos de la red de abastecimiento reventarán y el problema será irreversible y con un alto costo financiero”.

Por todo ello, aseguró el legislador priista, en Monclova hay un estado de emergencia independientemente de que haya una protesta que se respeta el derecho a manifestarse, pero que no trascienda porque el resultado sería gravísimo.

En cuanto a lo dicho por el alcalde de Frontera, Roberto Clemente Piña Amaya, en el sentido de que la protesta es por el temor de que el sistema se vaya a privatizar posteriormente y que el agua de ese municipio se la están llevando a Monclova, López Campos declinó el pensar si se politizó el tema.

Sin embargo, aclaró que el agua es de la Nación y que las concesiones son otorgadas por la Comisión Nacional del Agua y las perforaciones se hacen en donde hay factibilidad de agua, en este caso refiriéndose a que ambas ciudades se abastecen del mismo acuífero.

“Y si éstos dicen que en ese punto determinado existe la posibilidad de agua, ahí se hace, además el hacer un pozo es muy caro pues influyen los costos del sistema de bombeo, tubería de extracción y electrificación para ese bombeo”, concluyó.

DEFIENDE CONSEJOS

Gracias a la aprobación de la Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial tiene representatividad en el consejo directivo de cada uno de los SIMAS en la entidad.

Y a diferencia de dependencias como Medio Ambiente y la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento que también tienen su representante ninguna opinión han emitido al respecto, el titular de la SEVOT, Enrique Martínez y Morales, confirma que el contar con un lugar en los consejos de los Sistemas Intermunicipales de Agua y Saneamiento en la entidad “es con el fin de aportar experiencia, conocimiento técnico y asistencia crediticia en la solución a problemas como este de la crisis del agua que están viviendo algunos municipios”.

“Estamos buscando cómo sumar y hay quien dice que antes no había, pero es que antes no teníamos la crisis de agua que tenemos hoy”, agrega.

“Por eso se trata de hacer equipo y llevar experiencia a estos consejos y dirimir controversias, cuando hay un organismo de agua donde participan dos o más municipios y no hay una autoridad superior que pueda equilibrar la balanza y apoyar técnicamente, a veces se generan conflictos que son insalvables, entonces se trata de buscar alternativas crediticias o técnicas para poder atacar esta contingencia de agua”, ejemplifica.

Relacionado con ello, se le contextualiza que esta semana estalló un conflicto entre Frontera y Monclova al grado de que fronterenses y su presidente municipal, de filiación morenista, tomaron las oficinas del SIMAS paralizando las labores del personal administrativo y detuvieron vehículos utilitarios impidiendo al personal operativo desarrollar sus funciones, por lo que el sistema de abastecimiento del vital líquido fue suspendido en algunos sectores.

Aparte, llama la atención esta toma de oficinas pues el pretexto es que viven el temor de que esté por privatizarse el sistema de operación, que quieren suministro continuo ya que el agua de Frontera la están desviando para abastecer a Monclova.

Y Enrique Martínez y Morales responde que nunca ha habido esa instrucción o ese comentario de que se va a privatizar el agua, “porque en Coahuila no está privatizada el agua, ya que es de todos, es pública; inclusive en Saltillo donde la opera un organismo mixto, el dueño mayoritario es el Municipio”.

Y con relación al rumor de que se vaya a privatizar el SIMAS Monclova-Frontera sostiene que “es una mentira total y absoluta”.

Sobre dicho conflicto en la región Centro el titular de la SEVOT estuvo en una reunión con las partes involucradas y horas antes recalcó respecto de “esta problemática estamos tratando de transmitir la versión correcta y que no haya mal información”, ello con la participación de enviados de tercer nivel por parte de las secretarías como Medio Ambiente, Inclusión y Desarrollo, así como la CEAS cuyos titulares cuentan con un asiento en el consejo directivo y que no asistieron.

DESVÍOS DE RECURSOS

Por si todo ello fuera poco los 22 sistemas municipales o intermunicipales de agua y saneamiento son auditados por la Auditoría Superior del Estado (ASE) y, prueba de ello es el Informe Anual de Resultados 2020 en el que la mayoría son requeridos para solventar algunas incongruencias financieras y presupuestales del ejercicio del año anterior pues, de lo contrario funcionarios de alto nivel podrían enfrentar cargos ante la Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal de Justicia Administrativa.

En una investigación de datos a dichos documentos emitidos por la ASE en diciembre del 2021 y correspondientes al ejercicio del 2020 las cosas no están tan fáciles para el SIMAS de Monclova y Frontera.

Ello porque enfrentan investigaciones que van desde el posible desvío de recursos públicos hasta el uso indebido de funciones públicas entre los años 2018 y 2021, de acuerdo con los mismos informes de la ASE.

Un ejemplo y solamente en 2020, el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y Fronteraenfrenta en el rubro de Auditorías de Cumplimiento en cuanto a sus cuentas públicas correspondientes al ejercicio 2020 observaciones no solventadas por la entidad por un valor de 12 millones 688 mil 729 pesos con 82 centavos y que corresponden a los egresos y la justificación insuficiente relativa al presupuesto de sueldos, salarios y prestaciones.

Además, la falta de comprobación o documentación e información presentadas que resultaron insuficientes para su comprobación y justificación e integradas en dos observaciones, la primera, por un valor de 750 mil 409 pesos con 80 centavos y, la segunda, por un valor de 165 mil 774 pesos con 56 centavos.

Por lo que se refiere a la auditoría financiera también del 2020 el SIMAS de Monclova-Frontera ante la ASE obtuvo los siguientes hallazgos: aparte de algunas incongruencias en algunos reportes presupuestales, uno de ellos fue que el importe aprobado para el ejercicio 2019 correspondiente a servicios personales fue de 133 millones 751 mil 536 pesos, mientras que para el ejercicio 2020 ascendió a 143 millones 860 mil 894 pesos.

En consecuencia, continúa el documento, se advierte un incremento de 10 millones 109 mil 358 pesos, lo cual equivale el 7.56 por ciento, y del cual no presentó la documentación e información que justifique haber excedido el límite del incremento de servicios personales en relación con el ejercicio inmediato anterior.

Otro hallazgo indica que la asignación global de servicios personales correspondiente al ejercicio 2020 pasó de un aprobado de 143 millones 860 mil 894 pesos a un devengado de 146 millones 8 mil 198 pesos, lo cual significó un incremento de 2 millones 147 mil 304 pesos; a pesar de ello -dice el mismo Informe de la ASE-, la entidad no presentó la información y documentación que justifique el incremento de servicios personales.

Por todo ello la ASE requirió al SIMAS de Monclova y Frontera entonces el solventar dichos faltantes y otorgó un periodo de 40 días, sin embargo, de no ser solventadas esas observaciones se procedería a denunciar ante la autoridad competente para iniciar la investigación por presunto delito de corrupción.

En ese sentido el Informe de Resultados del 2020 de la ASE advierte que “respecto a las observaciones y recomendaciones que no fueron solventadas y/o atendidas por las entidades fiscalizadas, esta Auditoría Superior del Estado con posterioridad a la presentación del Informe Anual de Resultados llevará a cabo la promoción de responsabilidades administrativas, penales y demás que resulten ante las autoridades competentes respecto a las observaciones que no hubieran sido solventadas por los organismos públicos”.

PÉRDIDAS MILLONARIAS

Al regresar con el caso específico de Monclova y Frontera, una vez que -sin arreglo político ni legal- los 30 quejosos entregaran pacíficamente las instalaciones del SIMAS con la presencia de 100 elementos y 17 patrullas de la Policía Estatal, las pérdidas suman alrededor de 3 millones de pesos, más de 200 medidores domiciliarios tronados por la alta presión del agua, daños a tuberías de la red reventadas por fugas y miles de personas que se quedaron sin el abasto durante casi cuatro días.

Ese es el resultado del quebranto ocasionado al SIMAS Monclova-Frontera luego de varios días de “manifestación pacífica” y desabasto de agua para 50 mil viviendas sólo de Monclova.

Cabe destacar que algunos de estos datos fueron aportados por el gerente del SIMAS de Monclova-Frontera, Eduardo Campos Villarreal, en entrevista a medios y a través del sitio oficial del organismo una vez que les fue devuelto el edificio en la ciudad acerera la mañana del jueves; recinto que fue entregado por quienes lo tenían tomado, un grupo de ciudadanos y ejidatarios encabezados por Roberto Piña Amaya alcalde de Frontera.

El edil manifestó entonces que la manifestación iba encaminada en varias vías, pero nunca la política, el temor de la privatización del sistema, que el agua se extrae de pozos ubicados en Frontera para conducirla a Monclova discriminando a muchos ciudadanos de su derecho humano al agua y presionar para echar atrás la ley de aguas para incluir entre los consejeros directivos a miembros de los ayuntamientos y de la sociedad civil expertos en agua.

Sin dejar de lado la posibilidad de llegar a un acuerdo en cuanto a lo legal y que no cejará en su empeño por la prioridad que es el agua para la ciudadanía de Frontera, Piña Amaya sostuvo que en el tema de gobierno ya “veo una marcada actuación por parte del Estado defendiendo no a la ciudadanía sino a intereses que son lamentables”.

Después de asegurar que “el sistema no se va a privatizar porque no existe ni un plan ni bases para eso” Eduardo Campos Villarreal, gerente del SIMAS, finalmente manifestó que, como consecuencia del cierre de oficinas administrativas y operativas por casi cuatro días, entre 2 y 3 millones de pesos dejaron de ingresar a las arcas del sistema hídrico y más de 50 mil usuarios, lo que significa alrededor de 250 mil personas sólo de Monclova, habrían dejado de recibir agua en sus domicilios.

Al respecto Lizbeth Ogazón Nava, diputado por MORENA en el Congreso local, difundió a través de las redes sociales y en tribuna su apoyo a la queja del alcalde y los ciudadanos de Frontera, inclusive por medio de un comunicado de prensa expresó que la modificación a la ley de aguas “se ve que es una decisión meramente política donde el PRI quiere tener el control”.

Luego de cuestionar la inclusión de funcionarios estatales en el consejo de los 22 SIMAS sin invitar a funcionarios municipales y pasando por alto la autonomía de ambas localidades, Ogazón Nava enfatizó que por ahora “los municipios deberían de estar presentando acciones de inconstitucionalidad por la forma en cómo se dio la Iniciativa que se dictaminó en el Congreso”.

Por su parte la diputada priista Guadalupe Oyervides Valdés expresó al alcalde de Frontera, Roberto Clemente Piña Amaya, no seguir afectando el derecho al agua que tiene la ciudadanía de ese municipio y Monclova con la toma de oficinas del SIMAS Monclova-Frontera “ya que es preferible buscar soluciones mediante el diálogo”.

Consciente a la supuesta politización que se ha dado a la reciente reforma a la Ley de Aguas de los Municipios del Estado de Coahuila, la legisladora ser refirió a dicha norma que a finales de junio fuera aprobada en el Congreso.

¿Hay marcha atrás para dejar sin efecto esta ley?, se le cuestionó y contestó que “se tienen los procesos correspondientes y las vías para ir a las instancias correspondientes para apelar y hacer lo que consideren”.

Luego de refrendar que respetará las decisiones de los manifestantes, Oyervides Valdés sostuvo que “si ellos acuden a hacer la declaración correspondiente, acudir a los tribunales y si un tribunal da marcha atrás por la falta de forma o desaseo jurídico en el proceso este Congreso lo va a acatar”.

Por su parte el alcalde panista de Monclova, Mario Dávila Delgado, declaró también que la administración municipal a su cargo va por el cauce legal mediante una controversia constitucional en cuanto a la ley de aguas estatal.

Por lo que trascendió que por lo menos el ayuntamiento de Monclova a través de su área jurídica y con el aval de su cabildo podrían interponer dicha controversia ante el Tribunal Superior de Justicia la semana entrante.

Así las cosas y con un desvío superior a los 12.6 millones de pesos en cuanto a auditorías de cumplimiento en su cuenta pública del 2020, más una diferencia de 2.1 millones de pesos entre el presupuesto ejercido en 2019 y el 2020 en cuanto a servicios personales, el SIMAS Monclova y Frontera es la punta de la madeja de la crisis del agua en la entidad.

Crisis que también se enquistó en el cuadrilátero político y que podría ser la panorámica que vivirá la ciudadanía a partir de julio y durante el primer semestre del 2023 en pleno proceso electoral para la Gubernatura y diputaciones.

Dicha politización del tema de la Ley de Aguas de los Municipios y el Estado no significa más que el interés de las fuerzas políticas del MORENA, del PRI y del PAN por buscan controlar el sistema de agua considerado como el último reducto para el posible financiamiento de actividades electorales.

El derecho humano al agua a través de un adecuado abastecimiento y el fomento de la cultura del cuidado sustentable del vital líquido, para enojo de ambientalistas y especialistas en hidrología, ahí se queda para después.