Hermosillo, Sonora, 18/06/26 (Más).- Un juez federal otorgó una suspensión definitiva contra el megaproyecto de exportación de gas natural licuado AMIGO GNL, que se pretende instalar en el Puerto de Guaymas, luego de detectar posibles irregularidades en el proceso de consulta pública y falta de información en la evaluación de impacto ambiental.
De acuerdo con información de Animal Político, la resolución judicial ordena a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) abstenerse de emitir autorizaciones ambientales mientras se resuelve el juicio de amparo promovido por organizaciones civiles.
El recurso legal fue presentado en marzo por las organizaciones Nuestro Futuro A.C. y Artículo 19, quienes argumentan que el proceso de consulta pública presentó inconsistencias y no garantizó el acceso a información completa para las comunidades potencialmente afectadas.
La suspensión se mantiene como medida cautelar y no implica la cancelación del proyecto, sino únicamente la detención temporal de cualquier autorización por parte de la autoridad ambiental federal.
AMIGO GNL es un proyecto impulsado por la empresa LNG Alliance, con sede en Singapur, que contempla la construcción de infraestructura para recibir, procesar y licuar gas natural en la costa de Sonora, así como su posterior exportación hacia mercados asiáticos a través de buques metaneros.
De acuerdo con la información disponible, el proyecto también incluye la instalación de infraestructura para almacenamiento y carga de gas natural licuado, lo que implicaría operaciones marítimas constantes en el Golfo de California.
Las organizaciones promoventes del amparo señalaron que el megaproyecto podría generar impactos ambientales significativos en la región, particularmente en ecosistemas marinos donde habitan especies como ballenas y diversas especies pesqueras de alto valor económico para las comunidades locales.
Entre los riesgos señalados se encuentran el aumento del tráfico de embarcaciones de gran calado, posibles colisiones con fauna marina, contaminación por ruido submarino y descargas de agua de lastre, así como alteraciones en la comunicación y comportamiento de especies marinas.
La bióloga Mariana Domínguez, representante de Nuestro Futuro A.C., explicó que el proceso de evaluación ambiental presenta deficiencias debido a la falta de información clave en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), lo que impide un análisis completo de los efectos del proyecto.
Según la investigadora, incluso la ubicación exacta del proyecto no ha sido plenamente difundida, ya que la información disponible solo refiere al Puerto de Guaymas, lo que limita la identificación precisa de los impactos en zonas específicas de actividad pesquera.
Domínguez señaló que las comunidades locales, particularmente pescadores, no habrían sido debidamente informadas ni consultadas sobre el desarrollo del megaproyecto, lo que motivó la presentación del juicio de amparo.
La ASEA, encargada de la evaluación ambiental en proyectos del sector hidrocarburos, será la autoridad responsable de emitir una resolución una vez que el juez determine si el proceso de consulta pública cumplió con los requisitos de transparencia y participación.
El caso se suma a otros proyectos energéticos en la región del Golfo de California que han sido cuestionados por organizaciones ambientales debido a sus posibles efectos sobre ecosistemas marinos y actividades económicas tradicionales como la pesca.
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