Por Miguel Villarello
Diversas problemáticas, entre otras, la incertidumbre laboral, sin derecho a servicio médico, acoso laboral y vehículos inservibles, viven quienes participan en un programa de la Secretaría de Salud enfocado a la atención médica a comunidades pequeñas alejadas en la entidad; situación que piensan se debe a tener la suerte de estar en el justo medio, sin definir si son trabajadores del Estado o de la Federación.
Se trata de varias irregularidades que hay en el sector salud específicamente en el programa de Fortalecimiento a la Atención Médica.
Este proyecto, de acuerdo con datos del Gobierno federal https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/programa-fortalecimiento-a-la-atencion-medica-antes-unidades-medicas-moviles?state=published, dependiente de la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud y cuyas siglas son PFAM, se da a la tarea de acercar los servicios de salud a la población que habita en zonas marginadas, con alta dispersión y difíciles condiciones de acceso debido a su ubicación geográfica; de esas comunidades existen muchas en Coahuila.
IRREGULARIDADES
Hay irregularidades en algunos proyectos del Sector Salud, específicamente en el programa de Fortalecimiento a la Atención Médica, platica una persona que laboró temporalmente en este programa.
“Se supone que es programa federal y por ende los trabajadores que integran ese proyecto deberían de pertenecer a la Federación, sin embargo, sólo los doctores cuentan con esta categoría, los demás son empleados del Estado.
Pero hay muchas inconsistencias que van desde lo administrativo o lo económico hasta las condiciones físicas de las instalaciones y los equipos, así como las jornadas laborales; en conclusión, la mayoría pensamos que el manejo actual está por los suelos, pues el coordinador actual del proyecto, Francisco Javier Gutiérrez Ochoa, nadamas no da una”, comentó.
Quien relata lo anterior cuenta que formó parte de ese equipo de trabajo y, debido a tanta inconsistencia e inseguridad laboral, decidió abandonar ese centro de salud; “me salí de ahí”, sostiene.
“Por ejemplo, se supone que es un programa del Sector Salud y sus trabajadores no cuentan con el servicio médico entonces al momento de que llegan a tener algún percance en el aspecto laboral o en lo personal, se sienten mal o se duelen de algún padecimiento, no se les justifica la inasistencia”, mencionó.
Al no podérseles expedir una incapacidad debido a que no cuentan con servicio médico, se les obliga a seguir trabajando de cierto modo, de lo contrario, es decir, si no asisten, la directiva lo toma como abandono de trabajo.
Otro aspecto es que son muy insensibles, afirma la fuente, hay dos personas a cargo del programa, el primero es el coordinador total, Francisco Javier Gutiérrez y de profesión dentista, mientras que el segundo, de nombre Néstor Ulises Escamilla Herrera, hace las veces de coordinador adjunto y él sí es médico.
“Sin embargo, hemos vivido varias experiencias de personas que han pasado por ahí trabajando en el programa, pero muchas se han ido por lo que te acabo de mencionar”, reitera la fuente.
Luego de explicar que el Fortalecimiento a la Atención Médica consiste en armar equipos móviles que se desplazarán en camionetas y están integrados por un doctor, una enfermera y un promotor, además que, en algunos casos, como en Saltillo, incluyen un dentista, la fuente dice que:“específicamente versa sobre llevar la atención médica a las comunidades que no tienen acceso a la misma y están alejadas de lugares o de cabeceras municipales”.
“Se dividen en regiones o municipios, en la Jurisdicción Sanitaria 8 Sureste está General Cepeda, Saltillo, Jamé y Sabanillas; Saltillo cubre lo que viene siendo varias comunidades como El Venado, Las Hormigas, San Miguel del Banco, entre otras que son localidades cercanas relativamente.
“Jamé cubre Potrero de Ábrego, el mismo Jamé y San Antonio o Huachichil, y se cubren de esa manera porque en los ranchos no hay casas de salud o no hay tal facilidad para que las personas de dichas comunidades se acerquen a recibir atención médica.
Pero se supone que en Saltillo por ser la capital debe haber un camión que está adaptado con consultorios, por eso se les denomina consultorios móviles”; el mueble fue donado hace varios años no sabe por quién pero, en pocas palabras, “no sirve, entonces ya te imaginarás en las condiciones en que se encuentra por la falta de mantenimiento”, sentenció.
Como consecuencia el autobús con consultorios móviles desde enero del 2021 no ha salido a campo y no se cuenta con otra unidad, afirma: “también se manejan otras camionetas para brindar el servicio por lo general son marca RAM o Dakota de la Dodge, pero igual, están en pésimas condiciones, pues ya ha habido casos en los que los mismos trabajadores se quedan varados y sin ningún tipo de apoyo o respaldo de los coordinadores, quienes solo se limitan a pedir que le den solución al problema y se reporte cuando ya estén de regreso en la Jurisdicción”.
Y especifica: “ha pasado que las camionetas se queden tiradas, truena la máquina por el exceso de uso, se atascan en temporada de lluvias y ya ha habido situaciones en que es toda una odisea para que la grúa quiera animarse a ir hasta allá a rescatarlas, porque por lo general es terracería y zonas de difícil acceso”.
Al final insiste en que existen muchos casos de este tipo volviendo al camión averiado, que tienen: “documentados mediante fotografías, pues se supone es de Saltillo para atención en salud a rancherías y comunidades alejadas, el cual no funciona desde hace unos meses”.
QUIÉN LO EJECUTA
De acuerdo con sus reglas de operación https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/526512/ROP_FAM_2020__28_DIC_19_.pdf la instancia ejecutora son las entidades federativas a través de sus respectivas Secretarías de Salud (SSE) o de los organismos públicos descentralizados encargados de proporcionar los servicios de atención médica de primer nivel (SES) o sus equivalentes.
De conformidad con el Acuerdo Marco de Coordinación, los entes mencionados son los responsables de la operación, ejecución, uso, aplicación y destino de los recursos presupuestarios federales que se les transfieran con cargo al Programa Fortalecimiento a la Atención Médica; para lo cual se sujetarán a unas reglas de operación.
Además de ello, deben sujetarse a las estipulaciones de los convenios que celebren, así como a las disposiciones normativas que resulten aplicables, incluyendo las relativas a las de transparencia, rendición de cuentas del programa y la incorporación de la perspectiva de género en la salud.
Las Reglas de Operación, publicadas en el mismo enlace electrónico en enero de 2021 y denominadas Reglas de Operación por Ejercicio Fiscal del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica (antes Unidades Médicas Móviles), refieren un conjunto de disposiciones que precisan la forma de operar de las unidades médicas móviles, con el propósito de lograr los niveles esperados de eficacia, eficiencia, equidad y transparencia.
Por lo que su misión y objetivo son, ser un programa que coadyuve con las entidades federativas con la aportación de recursos presupuestarios federales destinados a la prestación de servicios de Atención Primaria a la Salud en las áreas de enfoque potencial identificadas como localidades que no cuentan con servicios de salud por falta de infraestructura, carentes de recursos para otorgar atención permanente, y con una población menor a 2 mil 500 personas.
Tiene como visión el fortalecer los servicios de atención primaria a la salud proporcionados por los estados mediante equipos de salud itinerantes mediante las unidades médicas móviles en localidades con la población mencionada.
Su objetivo es en lo general contribuir con cada uno de los 32 estados del país a brindar de forma efectiva acceso y prestación de los servicios de atención primaria a la salud en localidades menores a 2 mil 500 personas, las cuales carecen de este tipo de servicios a través de la transferencia de recursos federales apoyo por parte de personal y una unidad médicos móvil de diferente capacidad resolutiva.
Conforme a lo anterior, todas las personas de las comunidades en cobertura del programa podrán recibir los servicios de atención a la salud que otorgan a través de vehículos equipados con consultorios médicos y doctores, ello sin importar su condición de género, laboral, social, edad, origen étnico, económico, discapacidad o creencia religiosa.
Asimismo, los estados adquieren obligaciones y derechos una vez que han convenido con la Federación el desarrollo del programa Fortalecimiento a la Atención Médica.
Cada uno de los estados, como Coahuila, deberá cumplir con las obligaciones y respetar los derechos contenidos tanto en el Acuerdo Marco de Coordinación como en los Convenios Específicos y Modificatorios, en los Contratos de Comodato y sus respectivas prórrogas de vigencia contenidas en las reglas de operación federales más las derivadas del Modelo de Supervisión Federal.
Asimismo, deberán atender los requerimientos de información realizados por las direcciones generales de Planeación y Desarrollo en Salud.
Específicamente cada entidad federativa es la responsable del uso, aplicación y destino de los recursos presupuestarios federales transferidos y bienes otorgados en comodato o cuya propiedad haya sido transferida a la entidad dedicada al desarrollo del programa.
Por ello deberán de cumplir con las obligaciones contenidas en los instrumentos jurídicos y disposiciones que resulten aplicables.
En cuanto a los términos de lo previsto por la Ley General de Salud y las disposiciones reglamentarias de ésta, las UMM son establecimientos de atención médica y, conforme a la distribución de competencias en materia de regulación, control y fomento sanitario, corresponderá a las entidades federativas tramitar las autorizaciones sanitarias correspondientes, así como las acreditaciones que resulten aplicables para brindar el servicio de atención a la salud.
Además, los estados de la República a través de los servicios estatales de salud se obligan a promover, operar y dar seguimiento a través de una contraloría social instituida, de acuerdo con los términos del acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la promoción y operación de la contraloría social en los programas federales de desarrollo social.
Ello a raíz de un decreto federal emitido en 2016 y regido bajo un esquema validado por la Secretaría de la Función Pública y que en lo local supervisa la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas (SEFIRC) Coahuila.
ATENCIÓN
Por lo que respecta a la población determinada en las áreas de enfoque o sea las localidades a atender, éstas tiene derecho recibir atención médica gratuita, recibir servicios de salud efectivos, seguros, sensibles a la diversidad cultural con pleno respeto de las prácticas culturales de la comunidad, recibir información precisa, clara, oportuna y veraz sobre la atención de su salud y riesgos de los procedimientos diagnósticos, terapéuticos y quirúrgicos que se les indiquen o apliquen, así como la orientación necesaria acerca de alternativas de tratamiento.
Asimismo, la gente del campo tiene derecho a decidir libremente sobre su atención, otorgar o no su consentimiento informado para recibir tratamientos o procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasivos y/o quirúrgicos, solicitar una segunda opinión emitida por personal médico del Sistema Nacional de Salud acerca del diagnóstico, pronóstico o tratamiento relacionados con su estado de salubridad, contar con un expediente clínico, recibir los medicamentos necesarios y acordes a la atención médica recibida.
Otros derechos más son recibir la atención médica integral y ser tratado con dignidad, respeto y confidencialidad, tener un acceso equitativo a la atención, ser referido a establecimientos de atención médica con mayor capacidad resolutiva cuando así lo requiera, recibir información sobre mecanismos de acceso y obtención de servicios de atención médica, recibir los servicios que brindan las unidades móviles médicas de acuerdo con la calendarización establecida por cada entidad federativa inclusive pueden presentar quejas por falta o inadecuada prestación de los servicios.
No obstante, la población atendida tiene que cubrir ciertas obligaciones, como adoptar conductas de promoción de la salud y prevención de enfermedades, acudir según calendario a recibir la adecuada atención médica y a formalizar la contraloría social para el buen desempeño del programa, entre otras.
Circunstancias, todas ellas, que difícilmente se cumplen, a decir de las personas consultadas respecto del programa de Fortalecimiento a la Atención Médica.
ACOSO
Hay otras inconsistencias en el programa de Fortalecimiento a la Atención Médica, sostiene una persona que se desempeñó por varios meses como enfermera y que platica su experiencia que derivó en un tipo de acoso laboral.
El antecedente es que sufrió: “una situación de desgaste en las cervicales y, con estudios a la mano, como resultado de ese desgaste me diagnosticaron que ya era irreversible, algo así como un padecimiento crónico o permanente que ya no se iba a quitar debido al trabajo y pésimas condiciones en las que están los trabajadores”.
“Pero al momento en que fui a solicitar la respectiva incapacidad o justificante, me respondieron que no se podía porque no tenía derecho a servicio médico; recuerdo que aquella vez me dijeron que tenía que seguir trabajando”, comentó la enfermera.
La situación por supuesto le molestó, además que no se sentía bien en su estado físico de salud; no obstante que manejó la posibilidad de que le permitieran permanecer en su casa trabajando y la respuesta de los doctores encargados del programa derivó en que fuera a checar la entrada y la salida al centro de trabajo.
Pero un día, continúa relatando: “llegué a checar la entrada y me retiré a trabajar a mi casa como estaba convenido, a punto de regresar a la salida horas más tarde, me llaman los doctores muy molestos reclamándome por qué no estaba desempeñando mis actividades en la Jurisdicción Sanitaria 8”.
Sitio en el que están ubicadas las áreas de este programa de Fortalecimiento a la Atención Médica, ubicado en el bulevar Isidro López al norte de la comunidad.
En resumen y referente al esguince cervical, continúa la persona: “me reclamaron que por qué no estaba ahí en el área de trabajo y respondí que no hay un lugar donde yo pueda estar, me siento mal y vine a mi casa, por ello me acusaron de abandono de trabajo.
De vuelta me informaron que iban a analizar mi situación, respuesta que se me figuró una amenaza pues me mencionaron que si no seguía estando presente en oficinas para lo que ellos quisieran, tal vez me podían correr”, concluye.
INSTALACIONES FÍSICAS
Físicamente el programa Fortalecimiento a la Atención Médica y supuesto vehículo de servicios móviles están al norte de Saltillo, sobre el bulevar Isidro López Zertuche, se trata de un proyecto federal convenido con la Secretaría de Salud estatal, pero las inconsistencias continúan.
Está aledaño a la Jurisdicción Sanitaria 8, en el complejo de atención denominado Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), pero una persona comenta que es en esta jurisdicción donde el proyecto es visto como un programa externo.
“Es decir, si te das la vuelta al edificio de la jurisdicción donde se supone debe tener su base, te encuentras con que no hay oficinas, no hay un lugar designado físicamente para este programa y los trabajadores se la pasan en el estacionamiento, en el sol dentro de sus coches cada uno o en las camionetas del programa pues no cuentan ni con oficina, ni cubículo, ni espacio físico”, explicó.
Luego de insistir en que a la fecha no cuentan con un sitio donde se puedan resguardar y estar laborando decentemente, comenta que poco antes de que iniciar la pandemia por Coronavirus, el año pasado, en abril todavía estaban en un área donde actualmente se hacen las pruebas PCR-COVID-19 situada en lo que es el estacionamiento principal de las unidades móviles.
Quien cuenta se llama José, acota que prestó sus servicios de manera temporal en ese entonces: “y me tocó todavía la transición donde instalaron todos los módulos para la recolección de pruebas y nos pasaron a un estacionamiento trasero en el CREE”.
“Pero ahí en la jurisdicción, como es un programa externo, prácticamente no nos querían, lo demostraban con no otorgarnos apoyo por parte del personal de la jurisdicción sanitaria 8; eso sí, sólo contábamos con el apoyo del contador que es quien tiene que estar en contacto con el coordinador del programa para cuestiones administrativas, como vales de gasolina, uso de vehículos, horarios de labores y jornadas de campo, entre otros.
Pero esas son sólo unas dificultades, porque hay una infinidad de situaciones, por ejemplo, para atender asuntos personales tienes que avisar con anticipación, pero la crítica es que se han presentado casos de emergencia familiar por esto del COVID y no les permiten salir en horario de labores sin pena de perder su trabajo porque les dicen que debieron haber avisado mínimo tres días antes para buscar a quién cubriera falta”, expuso José.
Y los trabajadores, hombres o mujeres, cuestionan que si no están haciendo nada porque los vehículos están descompuestos o necesitan mantenimiento y no hay insumos médicos por lo que no están saliendo a campo, entonces si los tienen sin hacer nada pues no debería haber problema aún así les justifiquen de la emergencia que tienen que atender en sus casas o con sus familias con documentos, pero la respuesta es terminante: “no hay permisos”.
“Como consecuencia, llega la amenaza como una acusación de abandono de trabajo y, pues, no te queda de otra que acatar las indicaciones, no obstante que se trate de una especie de acoso laboral y exista el temor fundado a perder tu fuente de ingreso”, reiteró.
Una sospecha coincidente más de los entrevistados es que fueron contratados con media plaza por decir algo: “siendo que la plaza viene de la federación con cierto tabulador etiquetado, pero quién sabe cómo le harán para justificar el que no nos estén pagando lo que dicta salud federal, pues nos hemos enterado que, por ejemplo, hay casos de una plaza federal por 10 mil pesos mensuales y les pagan 6 mensuales, ¿a dónde va a parar el resto?”.
Aunado a esto, trascendió que recientemente se les comunicó a los trabajadores que al no haber presupuesto para viaticos, de igual forma tendrían que salir a ruta, esto financiado directamente por ellos mismos (personal), para posteriormente “reponerlo”, pese a no tener fecha definida para obtener el recurso, y que en caso de oponerse a trabajar de esta manera se consideraría nuevamente como abandono de trabajo.
FISCALIZADO
Al respecto, independientemente de tanta inconsistencia y queja del personal que lo integra y quienes han pasado por él y han desistido ante la falta de seguridad laboral y social, recientemente los beneficiarios del programa de Fortalecimiento a la Atención Médica fueron “capacitados en materia de contraloría social” por las secretarías de Salud y Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, ello de acuerdo con un boletín a medios de comunicación.
El documento con fecha del 12 de agosto y que incluye fotografías del personal en alguna comunidad rural alejada de la entidad, afirma que lleva la: “finalidad de realizar actividades de promoción, difusión, seguimiento y capacitación en materia de Contraloría Social con los Comités de Contraloría Social”.
Y que los beneficiarios de este en las localidades de Rancherías y Negros Mascogos de Múzquiz, así como en Jaboncillos Grande y Boquillas del Carmen en el municipio de Ocampo fueron capacitados en dicha modalidad para el adecuado desarrollo del proyecto federal.
En este esquema, constatan ambas dependencias: “se integrarán también los documentos básicos para el cumplimiento del Programa Anual de Trabajo celebrado con la Secretaría de la Función Pública federal en el componente Acciones de Contraloría Social”.
Cabe resaltar que la estrategia obedeció a instrucciones de la secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Teresa Guajardo Berlanga, y personal de la Dirección de Participación Ciudadana y Contraloría Social para atender a integrantes del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica de la Secretaría de Salud de Coahuila, cuyo coordinador es Francisco Javier Gutiérrez Ochoa.
A pesar de los servicios de salud y consulta médica que brinda el Programa Fortalecimiento a la Atención Médica y que, por lo menos, sus actividades sean fiscalizadas a través de una contraloría social cada seis meses, las inconsistencias continúan a la orden del día, sin espacios físicos, sin salir a atender a las comunidades rurales alejadas desde hace meses, sin una adecuada coordinación, sin derechos laborales y situaciones de acoso o discriminación laboral, más la persistente duda de la seguridad salarial y social entre los trabajadores, inclusive sin un presupuesto transparente, el dedo en la llaga está puesto.
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