El caso chihuahuense se centra en posibles delitos contra la seguridad nacional, por intervención de agentes extranjeros. En contraste, el caso sinaloense mantiene abierta la polémica sobre cooperación con EU
Ciudad de México, 03/06/26 (Más).- La Fiscalía General de la República (FGR) exhibe dos velocidades frente a expedientes sensibles ligados al narcotráfico y a la relación con Estados Unidos: en Chihuahua acelera diligencias por la presunta intervención de agentes extranjeros en un laboratorio clandestino, mientras en Sinaloa actúa con mayor cautela ante señalamientos estadounidenses contra funcionarios y exfuncionarios acusados de proteger al crimen organizado.
La propia FGR informó este martes que continúa la investigación relacionada con el hallazgo de un laboratorio clandestino en la Sierra del Pinal, Chihuahua, donde se indagan posibles delitos contra la seguridad nacional y ejercicio ilícito del servicio público.
La dependencia señaló que ya ha realizado más de 120 diligencias ministeriales y alrededor de 60 entrevistas, además de incorporar informes sobre la presunta intervención de agentes extranjeros antes del aseguramiento del inmueble.
De acuerdo con la información difundida por la institución, entre las actuaciones destaca la entrevista ministerial rendida por el exfiscal general de Chihuahua en calidad de testigo, así como diversos análisis de inteligencia sobre los objetos localizados en el laboratorio.
La investigación se mantiene bajo control exclusivo de la Federación y continúa el proceso de desmantelamiento del sitio asegurado.
El caso adquirió relevancia nacional luego de que surgieran señalamientos sobre una posible participación de agentes vinculados a agencias estadounidenses en actividades operativas dentro del territorio mexicano.
La polémica escaló incluso al ámbito político, al abrirse debates sobre soberanía nacional y cooperación bilateral en materia de combate al narcotráfico.
Sin embargo, la firmeza mostrada por la Fiscalía en el expediente de Chihuahua contrasta con la postura asumida frente a las acusaciones presentadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, señalados por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Las autoridades estadounidenses sostienen que varios de los acusados habrían colaborado con integrantes de la organización criminal a cambio de sobornos y protección política.
En ese caso, la respuesta inicial de la FGR se centró en solicitar pruebas adicionales a Washington y citar a declarar a los involucrados, sin que existieran órdenes de aprehensión, fichas rojas internacionales o medidas cautelares contra los señalados. Incluso el propio organismo confirmó que varios de los acusados comparecieron voluntariamente ante autoridades ministeriales mexicanas.
La diferencia de enfoques ha llamado la atención porque mientras en Chihuahua la Fiscalía ha destacado el posible involucramiento de agentes extranjeros como una línea central de investigación relacionada con la seguridad nacional, en el caso Sinaloa ha insistido en la necesidad de que Estados Unidos aporte mayores elementos probatorios antes de determinar cualquier responsabilidad penal de los funcionarios señalados.
El asunto cobró mayor relevancia después de que uno de los principales acusados por las autoridades estadounidenses, el exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, se entregara voluntariamente a la justicia de ese país y enfrentara cargos por conspiración para el tráfico de drogas y posesión de armamento prohibido. Fiscales estadounidenses han asegurado públicamente que cuentan con abundante evidencia para sostener las imputaciones.
Además de Mérida Sánchez, investigaciones judiciales en Estados Unidos involucran a otros exfuncionarios de alto nivel del gobierno sinaloense, entre ellos exresponsables de finanzas, seguridad y procuración de justicia. Las acusaciones forman parte de una ofensiva más amplia de Washington contra presuntas redes de protección política al narcotráfico en México.
En este contexto, el manejo paralelo de ambos expedientes ha alimentado el debate público sobre los criterios aplicados por la FGR.
Mientras en Chihuahua la presencia de presuntos agentes extranjeros ha motivado una investigación exhaustiva con énfasis en la defensa de la soberanía nacional, en Sinaloa la institución mantiene una ruta centrada en la cooperación jurídica y la revisión de pruebas remitidas por autoridades estadounidenses.
El contraste ocurre en momentos en que la relación bilateral en materia de seguridad atraviesa uno de sus periodos de mayor tensión en los últimos años.
La Fiscalía reiteró este martes que todas sus actuaciones se desarrollan bajo el principio de legalidad y sostuvo que las investigaciones continuarán hasta el total esclarecimiento de los hechos.
“Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”, señaló la dependencia al informar sobre los avances del caso Chihuahua.
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