Ciudad de México, 03/06/2026 (Más).- Un análisis publicado por la revista Letras Libres sostiene que la solicitud de extradición del gobernador Rubén Rocha Moya representa un punto clave en la discusión sobre la relación entre el Estado mexicano y el crimen organizado, al considerar que una respuesta firme habría enviado un mensaje de ruptura con la complicidad política-criminal.
El texto plantea que la posible extradición de Rocha Moya y sus colaboradores –en caso de concretarse– apenas sería el inicio de una serie de procesos para desarticular lo que describe como una “madeja enmarañada” de vínculos históricos entre política y organizaciones criminales en México.
De acuerdo con el análisis, esta relación tiene antecedentes en distintas etapas del país, cuando, según el historiador Luis Astorga, los primeros cárteles habrían sido encabezados por militares surgidos de la Revolución Mexicana, lo que implicaba una fusión entre poder político y actividad criminal.
El texto también retoma el periodo del gobierno de Miguel Alemán Valdés, en el que se habría establecido un modelo de control del narcotráfico mediante estructuras monopólicas supervisadas por el Estado, lo que permitió una relativa estabilidad a cambio de corrupción y acuerdos tácitos.
Asimismo, se señala que dicho sistema comenzó a desintegrarse en la década de 1980 tras la muerte del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena y la posterior captura de líderes del narcotráfico, lo que derivó en la fragmentación de los cárteles y el aumento de la violencia en el país.
El análisis sostiene que, a partir de los años noventa, la relación entre crimen organizado y política se trasladó principalmente a niveles estatales y municipales, con estructuras criminales que habrían llegado a influir en decisiones gubernamentales en diversas regiones del país.
En ese contexto histórico, el texto critica la evolución reciente de la política de seguridad, señalando que durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador se habría debilitado la estrategia de confrontación directa contra el crimen organizado bajo el enfoque de “abrazos, no balazos”.
También afirma que este cambio habría permitido, según el autor, nuevas formas de relación entre actores políticos y organizaciones criminales, incluyendo el uso de estructuras gubernamentales y partidistas para fines ilícitos.
El artículo concluye que la negativa o falta de acción frente a la solicitud de extradición de Rocha Moya refleja, desde su perspectiva, la persistencia de un sistema de impunidad, y advierte que romper la vinculación entre política y crimen organizado es una condición necesaria para fortalecer el Estado de derecho en México.
Descubre más desde Más Información
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.