Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 21/05/26 (Más).- La difusión de videos en redes sociales donde presuntamente aparecen agentes de seguridad de Chiapas torturando a personas detenidas provocó la detención de diez funcionarios y policías estatales, además del inicio de una investigación especial encabezada por la Fiscalía General del Estado.
Las imágenes, en las que se observa a elementos con uniformes de la Fiscalía General del Estado de Chiapas y de la Secretaría de Seguridad del Pueblo colocando bolsas en la cabeza de detenidos para asfixiarlos, generaron indignación pública y reacciones inmediatas por parte de las autoridades estatales.
Tras darse a conocer los videos, el gobernador Eduardo Ramírez solicitó a la Fiscalía estatal actuar de manera inmediata contra quienes resultaran responsables. El mandatario señaló que, independientemente de los delitos que se imputen a una persona, deben respetarse plenamente los derechos humanos y las garantías individuales.
Por su parte, el fiscal estatal Jorge Luis Llaven Abarca informó que se abrió una carpeta de investigación y se conformó un grupo especial del Ministerio Público para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.
El funcionario aseguró que las investigaciones se iniciaron en cuanto se detectó la circulación de los videos en plataformas digitales.
De acuerdo con la Fiscalía, los hechos ocurrieron el pasado 14 de marzo durante un operativo realizado en la colonia Loma Bonita, en Tuxtla Gutiérrez, enfocado en el combate al robo de vehículos.
En el despliegue participaron diversas corporaciones de seguridad, aunque las indagatorias permitieron identificar a varios de los presuntos responsables que aparecen en las grabaciones.
Como resultado de las investigaciones preliminares, las autoridades confirmaron la detención de diez personas, entre ellas un subdirector, tres agentes del Ministerio Público, un secretario y cinco policías estatales. Entre los detenidos también figura una mujer. Hasta ahora, las autoridades no han revelado públicamente las identidades de los implicados.
El fiscal Jorge Luis Llaven Abarca afirmó que los servidores públicos involucrados enfrentarán las consecuencias legales correspondientes si se comprueba su participación en actos de tortura, delito considerado grave tanto en la legislación mexicana como en tratados internacionales de derechos humanos suscritos por México.
“Queremos mandar un mensaje claro y contundente de que no habrá impunidad ante cualquier conducta delictiva que cometa algún servidor público”, expresó el titular de la Fiscalía, quien aseguró que las investigaciones continuarán para determinar si existen más personas involucradas directa o indirectamente en los hechos.
La difusión de los videos volvió a colocar en el centro del debate el uso excesivo de la fuerza por parte de corporaciones policiales en México. Organismos defensores de derechos humanos han insistido en la necesidad de fortalecer mecanismos de supervisión, capacitación y control interno para prevenir abusos y garantizar el respeto a la integridad física de las personas detenidas.
El caso ha generado amplia atención pública debido a la gravedad de las imágenes y a la presunta participación de funcionarios encargados de procurar justicia y seguridad en Chiapas, mientras continúan las investigaciones ministeriales sobre los hechos exhibidos en redes sociales.
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