Ciudad de México, 31/07/2025 (Más). – Las industrias de la construcción y de servicios inmobiliarios eludieron y evadieron más de 174 mil 980 millones de pesos en impuestos durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, mediante el uso de esquemas fiscales como pérdidas fiscales artificiales y devoluciones indebidas del IVA, revela un estudio encargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
La investigación, elaborada por la Universidad Autónoma de Chapingo (UACh), analizó el comportamiento fiscal de 5 mil 220 contribuyentes que operan en sectores como edificación, ingeniería civil, servicios especializados en construcción, alquiler de bienes muebles, uso de patentes, marcas y franquicias.
“Para los sectores construcción y de servicios inmobiliarios se obtiene un estimado de evasión de hasta 174 mil 980 millones de pesos entre 2018 y 2023”, señala el documento entregado al jefe del SAT, Antonio Martínez Dagnino.
El estudio destaca que muchas de las empresas señaladas como “sin riesgo” utilizan el IVA retenido para solicitar devoluciones de forma sistemática, mientras que los contribuyentes clasificados con “riesgo de evasión” suelen recibir devoluciones mayores a las que legalmente les corresponden. Además, acumulan pérdidas fiscales intencionales para reducir artificialmente sus pagos de ISR.
“La conclusión más importante es que los contribuyentes clasificados como sin riesgo de evasión hacen juego con el IVA guardándolo como devoluciones, y que los de alto riesgo reciben más IVA del que tenían derecho, pero también generan considerables montos de pérdida fiscal”, advierte el informe.
La investigación también muestra que existe una correlación directa entre el comportamiento fiscal y la dinámica de compras y ventas, lo que permite detectar patrones evasivos recurrentes.
Ambos sectores —construcción e inmobiliario— tienen un peso considerable en la economía nacional. De acuerdo con datos oficiales, la industria de la construcción genera 2.148 billones de pesos anuales, equivalente al 6.74% del PIB, mientras que los servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes intangibles aportan 2.309 billones de pesos, o el 8.54% del PIB.
Esta importancia económica contrasta con la falta de control fiscal efectivo, problema que, según el SAT, no es exclusivo de México. La evasión fiscal en estos sectores ha sido documentada en otros países:
En Quebec, Canadá, se estima una pérdida anual de 1.5 billones de dólares canadienses sólo en el sector construcción.
En España, un estudio reveló que entre 32% y 60% de las transacciones inmobiliarias presentaron algún tipo de evasión entre 2005 y 2011.
En Turquía, se han implementado sistemas georreferenciados para prevenir evasiones en el impuesto a la propiedad.
En Estados Unidos, la FinCEN ha detectado la creación de empresas fantasma para evadir seguros y otras responsabilidades laborales en proyectos de construcción.
El estudio también destaca un cambio en la perspectiva institucional respecto a la evasión fiscal. Se señala que, si bien antes se veía al contribuyente evasor como un posible delincuente, ahora se le considera un “cliente potencial” del cumplimiento tributario, al que se le deben ofrecer mecanismos y servicios para facilitar su regularización y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Sin embargo, la evasión sigue siendo una práctica común mediante técnicas como la ocultación de ingresos, uso de facturas falsas, facturación cruzada entre empresas pantalla o la asignación de bienes a terceros para encubrir patrimonio real.
Como respuesta, una de las principales herramientas del SAT ha sido reforzar la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales para limitar la participación de empresas evasoras en licitaciones y contratos públicos.
“El problema de la evasión en estos sectores es de alto impacto para las finanzas públicas”, señala el estudio de la UACh. “Pero, a pesar de su importancia, la cantidad de estudios especializados sobre esta problemática es limitada”.
El SAT buscará profundizar en la detección de estos esquemas irregulares y ampliar su capacidad de fiscalización en sectores de alto valor económico, donde la evasión sigue afectando los ingresos del Estado y la equidad fiscal del país.
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