Estructuras del silencio

Por Leopoldo Maldonado

El pasado miércoles 6 de mayo, Artículo 19 presentó el informe “Estructuras del silencio”, un diagnóstico regional que permite mirar con mayor claridad una realidad que, aunque se expresa de manera distinta en cada país, comparte un mismo hilo conductor: la consolidación de mecanismos cada vez más sofisticados para restringir la libertad de expresión en Mesoamérica y el Caribe.

Los datos son contundentes. En 2025, al menos 12 periodistas fueron asesinados en la región por causas vinculadas con su labor. Pero la violencia letal, lamentable y condenable por sí misma, es sólo una parte del fenómeno. En países como Guatemala, además de tres asesinatos y una desaparición, se ha documentado un uso sistemático del aparato de justicia para criminalizar a periodistas, empujándolos al exilio o al silencio. En Honduras, donde se registraron dos asesinatos, persisten patrones de abuso de poder y violencia institucional que inhiben el ejercicio periodístico. En El Salvador, la ausencia de homicidios no se traduce en un entorno seguro: el desplazamiento forzado y el exilio de al menos 44 periodistas reflejan un clima de persecución sostenida. En Nicaragua y Cuba, el problema adquiere una dimensión aún más estructural: la cancelación casi total del espacio cívico, el cierre de medios y el control directo de la información.

Este panorama permite identificar una tendencia regional en la cual la censura ya no depende exclusivamente de la violencia directa, sino de la articulación de distintos mecanismos –legales, políticos y tecnológicos– que, en conjunto, configuran verdaderas estructuras de silenciamiento. La represión abierta convive hoy con formas más sutiles, pero igualmente efectivas, de control.

En este contexto, México ocupa un lugar central. No sólo por la magnitud de las agresiones, sino por la convergencia de todas estas formas de censura en un mismo espacio. En 2025 se documentaron 451 agresiones contra la prensa en el país, en un escenario donde la violencia física, el abuso de poder y el control digital no sólo coexisten, sino que se refuerzan mutuamente.

México concentra más de la mitad de los asesinatos de periodistas en la región: siete en un solo año, además de una desaparición. Sin embargo, como advierte el propio informe, la violencia letal es apenas la manifestación más visible. El grueso de las agresiones se ubica en el llamado “ambiente hostil” –marcado por estigmatización y campañas de desprestigio– y en el abuso de poder, es decir, en el uso de instituciones públicas para presionar, intimidar o censurar. En el país, cada semana se abre un nuevo proceso judicial contra la prensa.

El dato que es particularmente revelador es que más de la mitad de las agresiones en México, Guatemala y Honduras provienen de autoridades. En Cuba, El Salvador y Nicaragua prácticamente todas. Así, el Estado no sólo falla en garantizar la libertad de expresión, sino que con frecuencia se convierte en uno de sus principales agresores. Esta inversión de roles debilita de manera estructural cualquier intento de protección y genera un entorno donde el ejercicio periodístico se vuelve cada vez más riesgoso.

A ello se suman la opacidad y la expansión de la vigilancia. En México, el uso de tecnologías de espionaje ha estado marcado por la falta de transparencia y la ausencia de controles efectivos. Bajo la justificación de la seguridad, se han ampliado capacidades de intervención que pueden ser utilizadas contra periodistas y personas críticas, trasladando el control del espacio público al ámbito privado. La censura, en este sentido, ya no sólo se impone desde afuera, sino que penetra en la intimidad de los dispositivos y las comunicaciones.

Por otro lado, el desmonte del sistema de transparencia en los últimos dos años representa un retroceso que se ha visto materializado en mayores obstáculos para acceder a la información pública. Con un diseño fragmentado y engorroso, quien quiera buscar información se topa con estrategias de dilación, provisión de información incompleta o “incompetencia” de autoridades para responder. Todo ello sin un organismo garante eficaz que los verifique y sancione.

El entorno digital ha acelerado esta transformación. Las redes sociales, lejos de ser únicamente espacios de libertad, se han convertido también en escenarios de agresión. Ahí encontramos campañas coordinadas de desinformación, ataques sistemáticos y linchamientos virtuales contribuyen a desgastar y aislar a quienes ejercen el periodismo. La censura contemporánea es, así, menos visible, pero más compleja y difícil de combatir.

El resultado de estas dinámicas es claro. La autocensura se expande, los periodistas se desplazan o abandonan su labor, los medios se debilitan. En consecuencia, la sociedad pierde acceso a información plural y crítica, y la democracia ve erosionados sus contrapesos fundamentales.

El informe “Estructuras del silencio” no sólo documenta estos fenómenos; también plantea una advertencia. La normalización de la violencia contra la prensa, en cualquiera de sus formas, es uno de los riesgos más graves para la vida democrática en la región. La pregunta, entonces, ya no es si la libertad de expresión existe en términos formales, sino quién puede ejercerla sin miedo y bajo qué condiciones. Mientras la respuesta siga siendo restrictiva, el silencio no será una excepción, sino una estructura.