El andamiaje democrático, demolido

Por Francisco Ortiz Pinchetti

Mientras el escándalo desatado hace diez días por las acusaciones de la justicia estadounidense sobre nexos con el narcotráfico contra el gobernador de Sinaloa y otros nueve funcionarios –todos morenistas– empuja al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo a su crisis más aguda, el deterioro democrático del país avanza sin pausa. Paso a paso. La sacudida que llega como la cortina de humo ideal para consolidar un régimen sin contrapesos.

El sustento de esa afirmación es fáctico, no retórico. El recuento de los daños a la costosa y dilatada arquitectura democrática de nuestro país configura un escenario de concentración de poder que el país no conoció ni en los tiempos de la hegemonía absoluta del siglo pasado, con el autoritarismo del PRI.

La ofensiva es total. Lo que está en juego es la supervivencia de la República como la entendimos tras décadas de esfuerzo ciudadano. Es la ejecución final del plan trazado por Andrés Manuel López Obrador, sí, cuya sombra sigue dictando el rumbo de una administración que no se desvía un milímetro del guion heredado.

Este miércoles 6, la organización Artículo 19 puso el dedo en la llaga con su informe sobre la desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI). Crucial: al trasladar las funciones de transparencia a la Secretaría de la Función Pública, el oficialismo se convierte en juez y parte. El derecho a saber en qué se gasta el dinero público, por ejemplo, queda ahora a merced de la voluntad del propio gobierno que debe ser vigilado. Digamos que es un apagón informativo diseñado para proteger la opacidad, esa obsesión que el tabasqueño convirtió en norma de Estado.

Y es que, junto al INAI, la extinción de otros seis organismos autónomos –Cofece, IFT, Coneval, CRE, CNH y Mejoredu– borra los diques técnicos en sectores clave. No es austeridad; es control. Se elimina la mirada independiente para concentrar las facultades en dependencias que responden a una sola línea de mando. Es la recentralización del poder más agresiva de la era moderna, el sueño del mando único que el tabasqueño dejó listo para su sucesora.

A este esquema se suma el uso del aparato fiscal y financiero como garrote. El SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) operan hoy como armas de presión política. El sistema ya no busca sólo recaudar, sino intimidar; se utiliza para asfixiar a críticos y empresarios mediante auditorías selectivas y el congelamiento de cuentas. Es el uso de las instituciones para silenciar cualquier voz que estorbe al avance del régimen.

El golpe de gracia llega con la llamada reforma judicial. Bajo el pretexto de democratizar la justicia y erradicar la corrupción, se impuso la elección por voto popular de jueces y ministros. La medida, en los hechos, destruye la carrera judicial para sustituirla por la lealtad política. El riesgo ahora es que los juzgadores deban su cargo a las estructuras del partido o a grupos de interés con capacidad de movilizar votos… incluyendo al crimen organizado, claro.

Y el blindaje se cierra con la reforma de supremacía constitucional, que impide impugnar cualquier cambio a la Carta Magna, dejando al ciudadano indefenso frente a los excesos de la mayoría legislativa.

El control se extiende por supuesto al sistema electoral. Tras una asfixia presupuestal y el nombramiento de perfiles afines como consejeros, el oficialismo se apropió del Consejo General del INE. La autonomía es hoy una fachada. Con el árbitro sometido y el Tribunal Electoral alineado, la certeza de las elecciones está herida. El control de los comicios ha vuelto a manos del gobierno, como en los tiempos más oscuros del priismo. A esto se suma una militarización que ha creado una estructura de poder ajena al escrutinio civil.

Este desmantelamiento institucional es, en el fondo, mucho más grave que los escándalos de coyuntura que hemos vivido. Lo que ocurre en Sinaloa bajo la mirada de la justicia estadounidense es una herida profunda, pero es apenas un síntoma. Lo irreversible es la demolición de las instituciones que deberían fiscalizar y castigar esos hechos. Un gobierno bajo sospecha es una desgracia; una nación que destruye sus propios mecanismos para frenar el abuso es una condena. Sin instituciones y con una justicia capturada, el país queda además expuesto ante amenazas externas, como las advertencias de Donald Trump de actuar unilateralmente si México no frena al narcotráfico.

Frente a este panorama, 2027 aparece como una fecha de supervivencia. Las elecciones legislativas de ese año son la última oportunidad real para arrebatarle a Morena y sus aliados el control del Congreso o, al menos, la mayoría calificada. Es el freno de emergencia necesario antes de que el nuevo sistema termine de fraguar. Sin embargo, el escenario es sombrío: la oposición formal parece menos que ausente, muerta. Carece de líderes, de propuestas y de la estatura necesaria para encabezar una resistencia efectiva. El surgimiento de nuevas agrupaciones políticas con arraigo popular es apenas una remota, débil esperanza. El deterioro es real y es imparable mientras no exista un contrapeso social organizado. El andamiaje ha sido demolido metódicamente por el obradorismo. Y mientras la atención se distrae con los episodios de Sinaloa o los amagos de Trump, el régimen termina de edificar un sistema donde la ley es lo que decida la mayoría y la justicia es un recuerdo en retirada. La pregunta es si para 2027 quedará algo que rescatar o si la sociedad tendrá que emerger de sus propias cenizas para detener la caída. Válgame.