Especies en peligro, su enemigo, los “centros de conservación”

La falta de supervisión efectiva permite que numerosos centros privados mantengan fauna silvestre en condiciones deficientes bajo el argumento de la conservación. Casos en Aguascalientes, Estado de México y Puebla exhibieron animales amarrados, fugas, instalaciones inconclusas y muertes, pese a contar algunos establecimientos con registros oficiales

Redacción Más

Ciudad de México, 01/08/26 (Más).- Bajo la apariencia de santuarios, ranchos recreativos, zoológicos privados o espacios dedicados a la conservación, cientos de instalaciones mantienen animales silvestres en confinamiento en México, algunas de ellas sin planes de manejo autorizados, con infraestructura deficiente y sin personal capacitado para garantizar la seguridad de los ejemplares y de los visitantes.

Los casos registrados recientemente en Aguascalientes, Estado de México y Puebla muestran que estos sitios pueden convertirse en una amenaza para especies protegidas cuando la reproducción, exhibición y comercialización pesan más que los objetivos de conservación y eventual liberación.

De acuerdo con información publicada por SinEmbargo, uno de los casos más recientes ocurrió en Rancho Delustone, ubicado en la comunidad de Jaltomate, Aguascalientes, donde una cachorra de jaguar que permanecía amarrada a un árbol atacó el pasado 12 de julio a un niño de tres años que rebasó la línea colocada como medida de seguridad. El menor sufrió heridas superficiales en un brazo, pero el incidente reveló las condiciones en las que el establecimiento permitía la interacción directa entre familias y animales silvestres fuera de su hábitat.

Desde febrero de 2026, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) había asegurado precautoriamente 44 ejemplares del rancho, debido a que los responsables no pudieron acreditar documentalmente su legal procedencia ni contaban con un plan de manejo autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. A pesar del procedimiento administrativo, el establecimiento continuó operando mientras buscaba obtener su registro como predio o instalación que maneja vida silvestre y trataba de comprobar la legal posesión de 22 animales que quedaron depositados en el mismo lugar.

La autoridad federal decretó la clausura total temporal después del ataque de la jaguar. La medida fue ejecutada el 17 de julio ante la falta de un programa que estableciera protocolos de alimentación, atención veterinaria, confinamiento, contingencias y protección civil.

“La clausura del predio obedece a la falta de un plan de manejo que garantice el trato digno y adecuado para las especies de fauna silvestre, pero también de la integridad de las personas que visitan el lugar. Una vez terminado el procedimiento administrativo, la Profepa reubicará los ejemplares de los cuales no se acredite la legal posesión”, informó la dependencia.

Reportes periodísticos y videos difundidos en redes sociales mostraron que, además de mantener amarrada a la cachorra de jaguar, el sitio utilizaba como medidas de prevención una línea pintada y un letrero que solicitaba a los visitantes conservar su distancia. Después de la clausura, Rancho Delustone anunció que se encontraba remodelando sus instalaciones y anticipó su intención de reabrir. “Muy pronto estaremos de regreso”, publicó en Facebook el mismo día en que la autoridad suspendió sus actividades.

Entre los ejemplares asegurados se encuentran cinco jaguares, dos papiones, dos cebras, tres lémures de cola anillada, tres macacos, un capibara, tres mapaches, dos linces, cuatro ciervos, cuatro bisontes, un puma y tres avestruces. En caso de que los responsables no acrediten la procedencia legal de parte de los animales, estos deberán ser decomisados y trasladados a otras unidades o predios autorizados, aunque dicha reubicación no garantiza por sí misma que las especies sean incorporadas a verdaderos programas de conservación.

La Ley General de Vida Silvestre permite el manejo de fauna en confinamiento dentro de zoológicos, colecciones privadas y predios especializados, siempre que exista un Plan de Manejo autorizado. Ese documento debe incluir un inventario actualizado anualmente, información sobre la dieta y los cuidados clínicos de cada ejemplar, procedimientos de manejo, condiciones de los encierros y medidas para responder ante fugas, ataques, desastres naturales u otras contingencias que pongan en riesgo a los animales y a la población.

Sin embargo, la vigilancia de estos establecimientos enfrenta limitaciones. La base de datos estadísticos del Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales registró, entre 2021 y 2024, un padrón de 357 predios o instalaciones que manejan vida silvestre fuera de su hábitat. De ellos, 90 se encuentran en el Estado de México, 56 en la Ciudad de México, 51 en Yucatán, 37 en Jalisco, 19 en Michoacán y otros 19 en Morelos, además de los distribuidos en el resto del país.

Jerónimo Sánchez, director de Animal Heroes, advirtió que la Secretaría de Medio Ambiente y la Profepa no cuentan con presupuesto ni personal suficientes para verificar de manera permanente el cumplimiento de los planes de manejo. En numerosos casos, las inspecciones se realizan únicamente después de una denuncia ciudadana, la fuga de un animal, un ataque o la difusión pública de posibles actos de maltrato. Para el activista, el problema sobrepasa los límites, por lo que considera necesario impedir la reproducción de fauna silvestre cuando su objetivo principal sea la venta, la exhibición o el aprovechamiento económico.

El representante de Animal Heroes sostuvo que la reproducción de especies debe estar vinculada a programas científicos de conservación y liberación, particularmente cuando se trate de animales amenazados en su hábitat natural. “Ahora mismo es legal reproducir esos grandes felinos. No tiene ningún sentido reproducir tigres de Bengala en México. Lo que tiene sentido es reproducir jaguares –especie en peligro de extinción–, si es con un plan real de conservación y de liberación, porque también tener jaguares metidos en una jaula no es conservación, es explotación y maltrato. Un tigre de Bengala que es originario de la India no tiene nada que hacer en México”, señaló.

Otro caso que expuso las deficiencias en los centros privados fue el de Animal Experience, en el Estado de México, de donde escapó Haz, un tigre de Bengala que posteriormente fue ultimado durante el operativo para capturarlo. El predio obtuvo en 2018 un registro federal que incluía ejemplares como guacamayas, águilas, halcones, búhos, monos, un oso negro americano, tigres, jaguares, lémures, una pitón birmana y un cocodrilo de pantano.

Después de la fuga, una inspección de la Profepa encontró irregularidades en las instalaciones y en el cumplimiento del plan de manejo. La dependencia documentó evidentes encierros distintos a los autorizados, además de áreas de confinamiento que todavía se encontraban en construcción o rehabilitación. Fotografías publicadas desde 2019 ya mostraban zonas en obra negra y, siete años después, la autoridad detectó que algunas áreas seguían inconclusas.

El biólogo Jair Herrera, quien afirmó haber trabajado en Animal Experience hasta junio de 2024, aseguró que las condiciones del sitio representaban un riesgo permanente. “Era una bomba de tiempo, las instalaciones no estaban adecuadas, estaban en obra negra”, declaró en un video. También explicó que durante una visita previa la autoridad había solicitado la colocación de mallas alrededor de uno de los recintos para prevenir posibles fugas.

La muerte de animales confinados no se limita a establecimientos que enfrentan irregularidades administrativas. En octubre de 2025, las lluvias intensas y el desbordamiento del río San Marcos provocaron que un tigre de Bengala del zoológico Granja Animalia, propiedad del alcalde de Xicotepec, Puebla, Carlos Barragán Amador, quedara sepultado entre raíces de árboles. Antes del desastre, el parque ofrecía a sus visitantes la posibilidad de fotografiarse y convivir con cachorros de tigre.

Aunque Granja Animalia permanece cerrado al público por los daños en su infraestructura, Barragán Amador continúa manteniendo animales exóticos en su rancho San Carlos. Entre ellos hay hipopótamos, macacos, cocodrilos, jabalíes, búfalos de agua e iguanas, además de especies domésticas y de producción. Tras el nacimiento reciente de otro hipopótamo, el propio alcalde anunció: “Ya son cuatro”.

En su declaración patrimonial de 2026, el presidente municipal reportó un rancho de 773 mil 850 metros cuadrados, adquirido en junio de 2019 por 1.8 millones de pesos, así como animales valuados en 16 millones 400 mil pesos. En su declaración de 2024 había informado que poseía 152 ejemplares de vida silvestre con registro, valuados en cinco millones 514 mil pesos, aunque no detalló las especies que integraban esa colección.

Los antecedentes de Rancho Delustone, Animal Experience y Granja Animalia se suman al caso de Black Jaguar White Tiger, un santuario ubicado al sur de la Ciudad de México donde las denuncias por abandono y maltrato llevaron al decomiso de 187 felinos, 17 primates y dos coyotes. Tras la intervención, los ejemplares fueron distribuidos en unidades de manejo y otros predios, una práctica frecuente ante la falta de instalaciones públicas suficientes para recibir animales asegurados.

El problema se mantiene pese a los intentos legislativos para limitar la explotación comercial. En abril de 2022, la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley General de Vida Silvestre que buscaba prohibir la reproducción de animales silvestres con fines de comercialización, pero la propuesta quedó detenida en el Senado. Jerónimo Sánchez atribuyó la falta de avances a la presión de grupos que obtienen ganancias de la crianza en cautiverio: “Por ciertos intereses económicos de estas empresas que se dedican a la reproducción en cautiverio de animales y que lucran”.

Mientras no existan inspecciones constantes, recursos suficientes y reglas que distingan entre conservación y explotación, los centros privados seguirán reproduciendo y exhibiendo animales bajo una denominación que no siempre corresponde con sus prácticas. Para especies como el jaguar, cuya protección requiere conservar su hábitat, fortalecer sus poblaciones silvestres y evitar el tráfico ilegal, permanecer encerrado, ser utilizado para fotografías o interactuar con visitantes no constituye una estrategia de conservación, sino una forma de cautiverio que puede poner en riesgo tanto su bienestar como la seguridad de las personas.