Una nueva recomendación de la CNDH deslinda institucionalmente al Ejército de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y atribuye posibles irregularidades a responsabilidades individuales. El organismo también acusó al GIEI de construir una “Anti-Verdad Histórica” y de privilegiar señalamientos contra las Fuerzas Armadas
Ciudad de México, 11/07/26 (Más).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una nueva recomendación sobre el caso Ayotzinapa en la que descarta la responsabilidad institucional del Ejército Mexicano en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas y cuestiona severamente el trabajo realizado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), organismo internacional que durante años investigó los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014.
De acuerdo con información publicada por Aristegui Noticias, el documento, firmado por la CNDH que encabeza Rosario Piedra Ibarra y dado a conocer el pasado 2 de julio, sostiene a lo largo de más de 800 páginas que las Fuerzas Armadas no participaron en las agresiones, persecuciones ni en la desaparición de los estudiantes.
La recomendación también acusa al GIEI de haber construido una “Anti-Verdad Histórica”, al considerar que sus investigaciones privilegiaron una narrativa preconcebida sobre la responsabilidad militar.
La postura del organismo contrasta con diversos avances judiciales registrados en los últimos años.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) recordó que actualmente existen 17 militares vinculados a proceso por el caso Ayotzinapa, mientras que las investigaciones impulsadas por el GIEI documentaron presuntas omisiones, manipulación de información y ocultamiento de pruebas por parte de integrantes de las Fuerzas Armadas y otras instituciones del Estado.

En su sexto y último informe, presentado en 2023, el GIEI concluyó que autoridades federales, estatales y municipales, así como integrantes del Ejército, la Marina y organismos de inteligencia, conocieron en tiempo real el desarrollo de los hechos durante la llamada Noche de Iguala. Según los expertos, las instituciones involucradas monitorearon el paradero de los estudiantes y posteriormente ocultaron información relevante, además de construir una versión falsa sobre lo sucedido.
Entre los elementos expuestos por el grupo internacional también se encuentra la existencia de operaciones conjuntas entre militares y marinos que, presuntamente, derivaron en la manipulación de evidencias. Asimismo, reveló videos donde aparecen personas detenidas que habrían sido amenazadas, torturadas y esposadas durante las investigaciones. Otro de los informes documentó las diferencias entre las versiones ofrecidas por elementos del Ejército y los testimonios de estudiantes y un profesor que acudieron al Hospital Cristina en busca de atención médica la noche de los hechos.
Respecto a ese episodio, la nueva recomendación de la CNDH sostiene que los soldados acudieron al hospital tras recibir un reporte del Centro de Control y que únicamente verificaron que los jóvenes se encontraban desarmados. El organismo afirma que, una vez conocida la situación, el mando militar ofreció disculpas, solicitó una ambulancia para atender a los heridos y se retiró del lugar al considerar que la intervención correspondía a las corporaciones policiales. Con ello, rechaza los testimonios que señalan que los estudiantes fueron intimidados y amenazados por los militares.
Otro de los puntos abordados por la Comisión corresponde al caso de Julio César López Patolzin, uno de los 43 estudiantes desaparecidos.
Aunque documentos internos de la Secretaría de la Defensa Nacional, revelados previamente, indican que el joven era un elemento activo del Ejército asignado a labores de inteligencia dentro de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, la CNDH sostiene que no actuaba como infiltrado ni como informante. Según la recomendación, López Patolzin cursaba estudios de Educación Primaria con autorización institucional al amparo de la normatividad militar y las Fuerzas Armadas desconocían que figuraba entre los desaparecidos hasta que sus familiares solicitaron apoyo días después.

La recomendación también establece que, en caso de comprobarse actos de colusión u omisiones por parte de integrantes del Ejército, estos corresponderían exclusivamente a responsabilidades individuales y no institucionales. El organismo argumenta que, a diferencia de las policías estatales y municipales señaladas en las investigaciones, no existen elementos que acrediten fallas estructurales, normativas o de procedimientos dentro de la institución castrense.
Además de deslindar al Ejército, la CNDH dirige severas críticas al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. El documento afirma que los especialistas privilegiaron la construcción de una narrativa para desacreditar a las Fuerzas Armadas por encima de la búsqueda de los estudiantes desaparecidos. Incluso sostiene que sus aportaciones para localizar a los normalistas fueron prácticamente inexistentes y cuestiona que nunca presentaran denuncias penales, pese a contar con facultades para ello.
Finalmente, la Comisión sostiene que el GIEI intentó imponer una interpretación de los hechos basada en la existencia de una supuesta conspiración de Estado y rechaza que las Fuerzas Armadas hayan ocultado información a los investigadores internacionales. De acuerdo con la recomendación, todas las solicitudes de información formuladas por el grupo fueron atendidas y atribuye la llegada y permanencia del GIEI en México a una estrategia de litigio impulsada por redes internacionales de activismo, una postura que ha reavivado el debate en torno a la investigación de uno de los casos más emblemáticos de desaparición forzada en la historia reciente del país.
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