Una jueza federal bloqueó temporalmente la expulsión de más de 500 mil migrantes beneficiarios del parole humanitario
Boston, 15/04/25 (Más).- La expulsión masiva de más de 500 mil migrantes beneficiarios del programa de parole humanitario quedó en pausa el lunes tras una orden emitida por la jueza federal Indira Talwani, del distrito de Boston.
La decisión representa un revés importante para la política migratoria del presidente Donald Trump, quien había anunciado la terminación del programa implementado durante la administración de Joe Biden.
Según el fallo judicial de 41 páginas, la revocación del estatus legal de 532,000 personas provenientes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití no puede ejecutarse sin una evaluación individualizada de cada caso. “La terminación anticipada, sin ninguna justificación caso por caso, de la situación legal socava el Estado de derecho”, argumentó Talwani.
La administración Trump había fijado como fecha límite el 24 de abril para que los beneficiarios del parole abandonaran el país voluntariamente. Aquellos que no lo hicieran, advirtió el Gobierno, serían objeto de acciones por parte de las autoridades de inmigración.
Miles de personas recibieron correos electrónicos notificándoles que sus permisos habían sido revocados y que debían marcharse antes de la fecha estipulada. “Usted debe salir de los Estados Unidos ahora, pero no más tarde de la fecha de terminación de su libertad condicional. No salir a tiempo puede tener consecuencias adversas para la inmigración”, indicaba el mensaje oficial.
En su resolución, Talwani también abordó el impacto humano de la medida. Señaló que los migrantes enfrentaban dos opciones desfavorables: “Seguir cumpliendo la ley y abandonar el país por sus propios medios, o esperar el proceso de expulsión”. Añadió que, en muchos casos, el retorno a sus países representaría un riesgo para su integridad y, en otros, implicaría la separación de sus familias establecidas en Estados Unidos. En consecuencia, ordenó además la cancelación de las advertencias de deportación previamente emitidas por el Gobierno.
El programa de parole humanitario permitió la entrada legal a Estados Unidos de personas originarias de cuatro países, otorgándoles un permiso de residencia temporal y la posibilidad de trabajar por un periodo de dos años. Fue parte de una estrategia de la administración Biden para incentivar vías legales de inmigración y reducir los cruces irregulares por la frontera sur.
El Departamento de Seguridad Nacional había anunciado en marzo que las protecciones y permisos de trabajo asociados al parole serían anulados en un plazo de 30 días. La administración Trump ya había suspendido en enero las renovaciones del programa, además de congelar la emisión de nuevos permisos. Sin embargo, con la orden judicial de este lunes, esa intención de eliminación total del programa queda detenida de manera provisional.
Karen Tumlin, directora del grupo Justice Action Center, organización que interpuso la demanda junto con Human Rights First, consideró la resolución como un avance relevante. “Esta sentencia es un paso significativo hacia la justicia”, declaró en un comunicado. “Con esta decisión, muchas personas de todo el país podrán respirar aliviadas”.
El Gobierno de Trump no ha emitido una postura oficial respecto al fallo. No obstante, un funcionario citado por la cadena Fox News calificó la orden como “pura tiranía sin ley”.
La decisión judicial se da en un contexto de intensificación de las medidas migratorias por parte de la administración republicana, que ha hecho del control fronterizo una de sus principales banderas. Aunque el pronunciamiento de la jueza Talwani no representa un fallo definitivo sobre la constitucionalidad del programa, sí implica la suspensión de las expulsiones mientras continúa el litigio.
El caso se mantendrá bajo revisión en los tribunales, mientras las organizaciones civiles y los representantes legales de los migrantes afectados buscan una resolución permanente que impida la cancelación colectiva de sus estatus legales.
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