Ginebra / Ciudad de México, 10/07/ 2025 (Más) — La relatora especial de la ONU para los territorios palestinos, Francesca Albanese, presentó la semana pasada un informe ante el Consejo de Derechos Humanos en el que acusa a diversas empresas multinacionales de beneficiarse económicamente del conflicto armado en Gaza. Según el documento titulado “De la economía de la ocupación a la economía del genocidio”, cinco de estas compañías operan o exportan desde América Latina y España, incluyendo a la mexicana Orbia, la brasileña Petrobras, la española CAF, y las multinacionales Drummond y Glencore, con operaciones en Colombia.
El reporte sostiene que estas firmas contribuyen directa o indirectamente a la infraestructura civil y militar israelí, permitiendo la continuidad de lo que Albanese califica como “genocidio contra el pueblo palestino”. Israel, que ha rechazado en repetidas ocasiones tal calificación, desestimó el informe como “infundado” y aseguró que “entrará en el basurero de la historia”.
Empresas señaladas y vínculos con el conflicto
Entre las empresas mencionadas se encuentra Orbia Advance Corporation, conglomerado mexicano que, a través de su subsidiaria Netafim, suministra tecnología de riego en la Cisjordania ocupada. El informe afirma que su sistema de irrigación ha facilitado el crecimiento de asentamientos israelíes, al mismo tiempo que contribuye a privar a los agricultores palestinos de acceso al agua y la tierra.
La brasileña Petrobras, de mayoría estatal, también fue incluida en la lista por su presunta participación indirecta en el suministro de crudo a Israel. Según el informe, parte del petróleo extraído en campos donde Petrobras tiene fuerte presencia ha sido exportado a Israel. La empresa negó categóricamente haber vendido petróleo a clientes israelíes durante el periodo analizado, aunque reconoció que no es el único operador en los yacimientos brasileños.
Las multinacionales Drummond (EE.UU.) y Glencore (Suiza), que operan en Colombia, fueron acusadas de seguir exportando carbón a Israel a pesar de un decreto del presidente Gustavo Petro que prohibía dichas exportaciones desde agosto de 2024. Ambas compañías alegan que obtuvieron permisos legales por compromisos contractuales previos. El informe de Albanese sostiene que estas operaciones violan el espíritu del decreto y perpetúan el conflicto al abastecer la infraestructura energética israelí.
El grupo CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles), con sede en el País Vasco, fue señalado por su participación en la ampliación del tranvía ligero de Jerusalén, proyecto que según la ONU facilita la consolidación de asentamientos ilegales en territorios ocupados. Amnistía Internacional ha exigido reiteradamente a CAF que se retire de esta licitación. Hasta la fecha, la empresa no ha respondido a las solicitudes de comentarios.
Tras la publicación del informe, el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, impuso sanciones a Francesca Albanese, acusándola de “antisemitismo” y de mantener un “sesgo implacable contra Israel”. El Departamento de Estado justificó la medida luego de no lograr su destitución en Naciones Unidas.
Organismos internacionales como Amnistía Internacional rechazaron la decisión estadounidense. “Este es un ataque descarado contra una funcionaria que está cumpliendo con su mandato de proteger los derechos humanos”, declaró Agnès Callamard, secretaria general de la organización.
El informe pone en entredicho la responsabilidad de las empresas en conflictos armados y la validez de su aparente neutralidad. “La naturaleza aparentemente civil de dicha infraestructura no exime a una empresa de su responsabilidad cuando su producto es usado para sostener una ocupación violenta”, afirma Albanese en el texto.
Las denuncias surgen en un contexto de creciente presión internacional por cortar lazos económicos con proyectos que contribuyan a la ocupación israelí de territorios palestinos. En Colombia, aunque el presidente Petro suspendió las relaciones diplomáticas con Israel y prometió detener el comercio de carbón, el informe de la ONU sugiere que la medida no se ha implementado completamente.
Sin respuestas de las empresas mexicanas y españolas
Hasta el momento de publicación de este artículo, Orbia y CAF no han respondido a las solicitudes de información de medios internacionales, incluyendo BBC Mundo. En tanto, Glencore y Drummond han defendido la legalidad de sus operaciones, y Petrobras reiteró su compromiso con el respeto a los derechos humanos.
El caso promete escalar en foros diplomáticos y multilaterales, mientras persiste la ofensiva militar israelí en Gaza y aumentan las denuncias por crímenes de guerra y complicidad económica en el conflicto.
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