Ciudad de México, 16/04/26 (Más).- El caso del feminicida serial de Iztacalco llegó a su fin gracias a la intervención de Casandra, quien sobrevivió a un ataque brutal, alertó a vecinos y permitió la captura de Miguel Cortés Miranda, evitando que continuara con una cadena de crímenes que, según investigaciones, se extendió por más de una década.
Según la entrevista realizada por Infobae México, la historia relatada por la abogada Erendari Trujillo, el caso sigue generando consecuencias legales y sociales, ya que la muerte en prisión del agresor dejó sin sentencia condenatoria los asesinatos, obligando a las víctimas indirectas a buscar reparación del daño por otras vías institucionales.
Los hechos se remontan al 16 de abril de 2014, cuando el agresor asesinó a la joven María José e intentó matar a su madre.
Pese a la gravedad de las heridas, Casandra logró sobrevivir, enfrentó al atacante y, tras recuperar la conciencia, pidió ayuda, lo que facilitó la intervención de vecinos y la posterior detención del responsable.
La sobreviviente continúa bajo atención psicológica, en un proceso que, según su defensa, no corresponde a un duelo convencional debido a la violencia vivida y la pérdida de su hija.
Su representación legal ha solicitado el reconocimiento pleno como víctima, así como medidas de reparación integral, incluyendo la posibilidad de un memorial en honor a María José.
El caso también evidenció posibles omisiones institucionales, ya que el agresor habría operado durante años sin ser vinculado a múltiples desapariciones y asesinatos, pese a que figuraba en diversas investigaciones.
De acuerdo con las investigaciones, se le atribuyen al menos seis feminicidios confirmados y un intento de feminicidio, en un periodo que abarca de 2012 a 2024.
Entre las víctimas identificadas se encuentran Amairany Robledo González, desaparecida en 2012; Frida Sofía Lima Rivera, reportada como desaparecida en 2015; Wendolyn Belén Espino Ibarra; y la adolescente María José, de 17 años, cuya muerte permitió su detención.
Las autoridades han confirmado siete casos con evidencia, aunque el propio agresor habría confesado un número mayor de víctimas.
Según algunos testimonio de la familia, el hombre era vecino de las víctimas, lo que le permitió observar sus rutinas y acceder al domicilio en distintas ocasiones.
Por otra parte, las investigaciones continúan abiertas tanto en la Fiscalía General de la República como en instancias locales, con el objetivo de identificar a más posibles víctimas y esclarecer si existieron redes de apoyo o complicidad.
Las autoridades también analizan el uso de plataformas digitales como parte del modus operandi del agresor.
Para la familia, el caso trasciende el crimen individual y refleja fallas estructurales en la prevención y atención de la violencia feminicida.
La defensa legal subraya la necesidad de fortalecer las instituciones para evitar que hechos similares permanezcan impunes y garantizar justicia y memoria para las víctimas.
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